Archivo

Las Herramientas de los Anti-mineros : Las Consultas Populares

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por el Centro Wiñaq.

Este es el primer artículo de una serie en los que describiremos las características, efectos estratégicos y determinantes del éxito de varias ‘herramientas’ que forman parte de la “tecnología de conflicto” aplicada por los anti-mineros. El desarrollo de esta temática formará parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

Introducción

Los conflictos sociales contra mega proyectos extractivos ocurren con cierta regularidad en nuestro país y América Latina. Al analizar los diversos casos se puede observar ciertas regularidades y patrones, en especial al observar la manera como la prensa hostil a las actividades extractivas cubre un conflicto social. Titulares tales como: “Población rechaza proyecto X en consulta popular……”, “Documental X retrata la resistencia de la población frente al proyecto X”, “Pobladores toman carreteras en oposición a X”, etc.

Esta regularidad que se puede observar en los conflictos anti-extractivismo desde Chile hasta México se deben en parte a que los anti-mineros aplican un paquete de ‘herramientas’ semejantes cuya relevancia e impacto estratégico dependerá de características específicas del conflicto.

                                             Fuente: programaibermedia.com

                                       Fuente:nodirtygold.earthworksaction.org

Características y Uso

La Consulta Popular consiste en un referéndum informal en que las organizaciones opuestas un proyecto de inversión convocan a la población del entorno a un proyecto para expresar su posición respecto a algún proyecto extractivo.

La primera experiencia de Consulta Popular contra un proyecto extractivo se dio en Tambogrande, Perú,  en el que se convocó a una consulta organizada por el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, auspiciado por OXFAM y con la presencia de la Defensoría del Pueblo. En esta consulta se preguntaba a los participantes su postura favorable o desfavorable al proyecto aurífero que Manhattan Minerals trataba de implementar en el distrito de Tambogrande. Los organizadores de esta Consulta presentaron como resultados  un rechazo al proyecto del orden del 98.05% con una participación de un 74% de los tambograndinos

Los resultados del conflicto en Tambogrande, con la retirada de las actividades auríferas formales en la zona[1], sirvió como una poderosa señal a los activistas anti-mineros a nivel nacional e internacional respecto a la utilidad de esta “herramienta”. La experiencia paso a ser replicada en Majaz (Perú), Esquel (Argentina) y Tolima (Colombia).

Fuente: TambograndeValeMásQueOro.pdf

En todos los casos encontrados, tras la realización de las Consultas Populares, los proyectos extractivos se encuentra en espera o cancelados, lo que lleva a pensar a que es una herramienta de consolidación de una dinámica de conflicto que ya estaba teniendo un curso desfavorable para la realización del proyecto en disputa.

Hacia el público interno, es decir frente a las poblaciones del entorno de los proyectos, la Consulta es mostrada como un mecanismo para manifestar el derecho de las poblaciones a definir su futuro y el modelo de desarrollo frente a la imposición de poderosos agentes externos y hostiles, como lo son las grandes empresas extractivas y el gobierno central. Se hace uso de la mentalidad de “ellos” vs “nosotros”, la consulta deviene entonces en un mecanismo de defensa frente a un exterior al que se le percibe sospecho, cuando no abiertamente hostil.

Hacia el público externo, los resultados de una Consulta Popular se presentan como la manifestación de una postura hegemónica e inmutable de la población de rechazo a un determinado proyecto. La consulta acabaría con las especulaciones respecto a la verdadera postura de la población, la cual mostraría un rechazo al proyecto en disputa con resultados comparables, por su unanimidad, a los referendos realizados en Cuba, Gabón o Corea del Norte[2].  Un factor a recordar es que a la hora de decidir cuál será el ámbito a ser consultado, el criterio será siempre que debería consultarse al ámbito más opositor posible al Proyecto cuya realización se encuentre en disputa. En el caso Conga nunca se propuso que se realizara una Consulta en el entorno inmediato al proyecto, puesto que el mismo es favorable a su realización, tampoco a nivel provincial donde el peso demográfico de una Ciudad de Cajamarca en depresión económica podría ser decisiva, la Consulta fue planteada sosteniendo que la misma debería darse a nivel de los distritos de Sorochuco, Huasmin y la Encañada. Es decir, para los anti-mineros la población que puede decidir si se da o no un proyecto siempre será aquella en la que puedan obtener mejores niveles rechazo al mismo. (Curiosamente, esto fue convalidado por una encuesta sin validez estadística de IPSOS). Se evitara el consultar a una población con la que sea difícil obtener un resultado de rechazo aplastante a algún gran proyecto de inversión.

Implicancias Estratégicas.

La realización una Consulta Popular tiene diversos efectos sobre la dinámica de un conflicto al involucrar a diversos actores. Es un acto de comunicación política estratégica con impacto sobre diversos públicos. Hacia el Gobierno Central, sus resultados envían una poderosa señal respecto al grado de organización e influencia sobre la población local de los anti-mineros y por lo tanto de la magnitud de la resistencia a esperar y del costo político de apoyar a un determinado proyecto extractivo.  Si el costo político se considera como demasiado alto, el Gobierno Central es capaz de dejar de brindar soporte regulatorio o en seguridad a un proyecto como se dio en el caso de Tambogrande.

Hacia la población y actores sociales, el entorno de un proyecto, se envían también un conjunto de mensajes poderosos.  A quienes apoyan el proyecto les genera la sensación que su postura es minoritaria y que por lo tanto el manifestarse implica aislarse política y socialmente de la comunidad a la que pertenecen. La Consulta deviene entonces en una poderosa arma de amedrentamiento político que facilita acallar a las voces disidentes frente a la postura anti-minera. Hacia la población del entorno en general, envía el mensaje de que la postura opositora al proyecto es la postura “de la comunidad” y que el liderazgo anti-minero representa dicha postura y con ello a la población.

Entre los medios de comunicación y líderes de opinión nacionales, la Consulta Popular tiene entre sus efectos que se retrate con mayor frecuencia a algún mega proyecto como rechazado por la población y a su vez que la cobertura periodística de la consulta en si, sirva de mensaje para el envío de mensajes opositores a algún proyecto.

La consulta envía también una señal a la Empresa que desea impulsar un proyecto extractivo, al servir como una señal del potencial de resistencia hacia su proyecto, ello puede llevar a la misma a considerar que el riesgo social que enfrenta su proyecto es demasiado alto para seguir impulsándolo.

Determinantes de Efectividad.

No todas las Consultas populares tienen el mismo impacto sobre la viabilidad de un proyecto. La Consulta en Tambogrande estuvo seguida del repliegue del Estado en cuanto a brindar condiciones regulatorias frente al proyecto y con ello el mismo se vio inviabilizado. En cambio, la consulta en Tía María[3], si bien ha sido seguida de un importante conflicto social, ha devenido en un escenario de incertidumbre respecto a la posible viabilidad del Proyecto. Ello implica que la efectividad de esta herramienta será disímil en función a un conjunto de factores, algunos de los cuales comentaremos a continuación:

• Soporte de instituciones públicas: En prácticamente todos los conflictos sociales ligados al sector extractivo uno de los ámbitos de disputa consiste en la legitimidad de las acciones tanto del Gobierno Central, como de los gobiernos sub-nacionales.  Se trata de plantear que la Consulta Popular es coherente con el marco legal y que por el contrario las posturas del Estado a favor de un proyecto violentan la legalidad. Para incrementar esta imagen de legitimidad de la consulta resulta muy útil la participación de instituciones tales como la Defensoría del Pueblo y de las autoridades sub-nacionales. En un entorno en el que la población desconoce masivamente las funciones de las diversas instancias del Estado, la participación de instituciones públicas en respaldo de una Consulta Popular legitima esta herramienta a ojos de la población más allá de la legalidad de la misma.
• Participación de la población: Mientras mayor sea el número de participantes que se perciba en la Consulta mayor será la imagen respecto a la capacidad de movilización de las fuerzas anti-mineras y su representatividad frente a la población. Esto termina afectando la voluntad política del Gobierno Central y la disposición de quienes apoyan localmente al proyecto a manifestar su postura
• Soporte de sociedad civil: El soporte de instituciones tales como ONGs, religiosos locales, gremios, etc., fortalece a las Consultas Populares. Por un lado generan una “cobertura ética” a la Consulta y dada la capacidad discursiva de estas instituciones, el soporte de la sociedad civil permitirá una mejor capitalización por parte de los anti-mineros del espacio mediático generado en la cobertura de la Consulta.
• Cobertura mediática: La prensa puede dar una cobertura con diversos grados de afinidad al acto de Consulta. En ciertas condiciones esta cobertura puede llegar a ser prácticamente una suerte de propaganda a favor de los anti-mineros.
• Imagen del proceso: Esta se fortalece manejando variables tales como la imagen de  limpieza en el conteo de los votos, la presencia de votantes foráneos, el “acarreo” de votantes, la similitud en formas con procesos electorales formales (Cedula, ánforas, presidentes de mesa). Estos factores afectaran la medida en la cual la Consulta Popular podrá afectar el grado de capitalización política de los anti-mineros como resultado de desplegar estas herramientas.

Conclusiones.

La Consulta Popular es una poderosa herramienta, de los anti-mineros para consolidar una correlación de fuerzas que les sea favorable en el entorno de un proyecto de inversión. Es especialmente efectiva cuando se da en un entorno de baja legitimidad de las instituciones públicas. Aquellos sectores que son favorables a los grandes proyectos de inversión deben ser conscientes de los efectos políticos de estos actos y realizar acciones que reduzcan la efectividad de esta herramienta.

Los Enemigos de la Modernidad y la Minería en el Perú

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq.

Este artículo analiza a las corrientes de opinión que rechazan la modernidad. Para ello, presento el análisis de James Lindsey y Helen Pluck, y explico como esas corrientes se manifiestan en Perú. La preocupación que busco abordar es la misma que motivó Steven Pinker a escribir su libro “Enlightenment Now”, el ascenso de fuerzas promotoras del pasado.

1. Los Enemigos de la Modernidad

James Lindsey y Helen Pluckrose en su ensayo titulado “Un Manifiesto Contra Los Enemigos de la Modernidad”[i] comentan un preocupante fenómeno que se ha incubado por décadas y que de manera creciente representa una amenaza al potencial de mejora del bienestar de la humanidad. Ellos se refieren al papel intelectual, cada vez más relevante, que están asumiendo los “Los enemigos de la Modernidad”, refiriéndose así a una alianza tácita entre los sectores Pos Modernos y Pre Modernos hostiles a los principios que han permitido las mejoras en la calidad de vida de la humanidad desde los inicios de la Ilustración, tales como la ciencia, el predominio de la razón, la democracia, el imperio de la ley, etc.

Los autores afirman: “La Modernidad, en términos de la visión y valores que nos sacaron del feudalismo de la Edad Media y nos ha llevado la relativa riqueza y confort que disfrutamos hoy en día (y que se está extendiendo rápidamente alrededor del mundo) está bajo amenaza desde ambos extremos del espectro político”.

Para ellos, los Enemigos de la Modernidad han conseguido incidir de manera efectiva sobre el debate político a pesar de ser muy minoritarios: “De manera colectiva, estos dos grupos representan un ethos que los abarca a ambos. Ambos son anti modernistas, y son enemigos de la modernidad. Tratados como una entidad única ellos forman una minoría relativamente pequeña, intrínsecamente dividida, pero alarmantemente poderosa”

Cada una tiene interés en debilitar la modernidad y en especial los valores que la sostienen, aunque por motivos distintos. Ellos afirman: “La izquierda progresista no se ha alineado con la Modernidad, sino con el postmodernismo, el cual rechaza la verdad objetiva como una fantasía soñada por inocentes y/o pensadores intolerantes (arrogantes) de la Ilustración, que subestimaron las consecuencias colaterales del progreso de la Modernidad. La derecha regresiva[ii], por el contrario, impulsa la idea, que no es más que un gran engaño, que las grandes complejidades de la sociedad moderna pueden funcionar sin la complicada infraestructura necesaria para que funcione una sociedad moderna. Ambos son un rechazo directo al compromiso de la Ilustración con la verdad.”

En el caso de las posturas postmodernas el ensayo afirma: “Si se va por el camino de la izquierda, se podrá encontrar la objetable noción que la verdad está “situada” por la identidad. Lo que lleva a la falaz creencia que la verdad es relativa respecto a cualquier marco cultural que uno tenga, excepto si se considera que esta cultura ha dominado injustamente en el pasado, en cuyo caso todo lo que considere como verdad debe ser refutado en principio.”

Según los autores, en el lado derecho del espectro político también hay quienes han hecho un giro hacia lo pre-moderno: “Girando a la derecha se da el mismo desencanto. Aquí la verdad no es muy diferente, aunque ellos no podrían llamarla “situada” (aunque lo sea). Es la clase de ‘Verdad’ que es ‘obvia’ para todos y demasiado simplista para ser verdad, y está situada en la experiencia diaria de las personas comunes. Esta ‘Verdad’ surge de una amalgama de la divinización de la experiencia diaria y el consenso local respecto a los textos ancestrales preferidos por Dios”

Lindsay y Pluckrose explican cómo la Modernidad esta sufriendo un ataque en tenaza. Por ejemplo: se afirma que un hombre heterosexual no puede opinar sobre el aborto u otros temas de Género puesto que tiene antes que “revisar su privilegio” y escuchar callado las versiones de aquellos a quienes su identidad como grupo oprimido le ponen más alto dentro de la “jerarquía de la opresión” de la cual surge la validez de las opiniones. Para ellos las actuales élites forman parte de un sistema opresor en diversos ejes y sostienen al “capitalismo heteropatriarcal y colonial”.

Por otro lado, el ensayo señala que la derecha pre-moderna es escéptica del método científico y de las trasformaciones sociales que desencadena el cambio tecnológico. Un ejemplo de estas posturas pre-modernas está en los sectores religiosos opuestos al uso de vacunas o que consideran que la Tierra tiene menos de diez mil años de antigüedad. En ambos casos se tiene una profunda desconfianza respecto a la ciencia y las elites tecnocráticas que han sido empoderadas por poseer dicho conocimiento científico. Ambos polos conceptuales generan islas epistémicas [iii].

2. Los Enemigos de la Modernidad en El Perú

Las propuestas de Lindsay y Pluckrose podrían ser consideradas como algo ajenas a la realidad peruana, pero no es así. Por el lado izquierdo se percibe la penetración de ideas postmodernas y conceptos originados por los intelectuales europeos y americanos que van paulatinamente avanzando en sectores de la “inteligentisia”[iv] de la izquierda peruana. Es en temas de género donde estas ideas han tenido una difusión y accionar más visible, sin embargo, no ha sido el único aspecto, a nivel de intelectuales y activistas, nuevos “ejes de opresión” están siendo formulados y visibilizados mediante el “giro de-colonial” y el “pos-extractivismo”.

En el Perú y en América Latina no existe un movimiento religioso o nacionalista comparables en influencia y visibilidad a lo que ocurre en el occidente desarrollado. Si bien existen posturas y movimientos conservadores sumamente influyentes, los mismos no se caracterizan precisamente por una hostilidad anti científica o anti intelectual, como la derecha en los Estados Unidos. Sin embargo, es posible identificar sectores pre-modernos -fundamentados en la tradición- en poblaciones rurales e indígenas al interior del país.

Creemos que en el caso peruano el movimiento social anti-minero es la manifestación más notoria de la alianza de conveniencia entre los sectores pre-modernos y postmodernos. Esa alianza está permitiendo que sectores rurales tradicionales (en zonas mineras o petroleras) puedan ser movilizados contra el capitalismo de mercado.

En el Perú, la izquierda de origen marxista, que se estructura sobre reivindicaciones de clase y económicas, ha sufrido golpes sumamente severos. El accionar violento y totalitario de Sendero Luminoso estigmatizó la simbología y el discurso de todo el movimiento. Además, el colapso político y moral del Partido de los Trabajadores en Brasil y la crisis en Venezuela han descalificado los referentes programáticos de la izquierda.

El eje de opresión “burguesía frente a proletariado” que es el punto de énfasis de análisis marxista clásico ha perdido poder de convocatoria entre los intelectuales y activistas. Esto abre el espacio para la lucha contra los otros sistemas considerados como opresivos tales como patriarcado, el extractivismo y las estructuras coloniales de poder.

El giro hacia la posmodernidad se ha sido influenciado por las nuevas formas de acceso a los fondos de la cooperación internacional, que hoy priorizan causas como el feminismo y el ecologismo. Las fuentes marxistas se han debilitado y solo las causas financiadas pueden sostener activistas a tiempo completo produciendo y difundiendo ideas.

En los Estados Unidos y Europa, los sectores externos a la modernidad occidental han sido, en gran medida, absorbidos o desplazados. En los EEUU hay una hegemonía demográfica total de los occidentales y los nativos fueron confinados en reservaciones. En Europa solo quedan algunas pocas áreas indígenas como los Sami en el extremo norte de Escandinavia. En América Latina, por el contrario, hay amplios sectores de la población indígena que habitan extensos territorios. Para los postmodernos estos indígenas tienen una alta importancia ideológica. Ellos, en gran medida, sustituyen las clases revolucionarias de los marxistas.

Algunos sectores de estos indígenas, o supuestos indígenas, son considerados como ajenos al Occidente. Para los postmodernos, esos indígenas son oprimidos y hay que defenderlos frente al capitalismo neoliberal. Hay, además, una idealización de las sociedades indígenas a las que se les considera practicantes del “Buen Vivir” y detentores de un sistema de valores alternativo al materialismo de la modernidad.[v]También consideran que los indígenas son intrínsecamente alineados con el cuidado del medio ambiente y con una concepción radicalmente distinta de la relación entre el hombre y la naturaleza.

Para los postmodernos latinoamericanos la población rural, son una fuente de saberes alternativos a los del Occidente opresor. Son estos saberes, en especial los referentes a la organización de la vida social, los que llevan a considerar a la población rural, la indígena en especial, como el origen de nuevas utopías.  Para ellos, los indígenas son el laboratorio para explorar alternativas al desarrollo y forjar el “hombre nuevo” que el izquierdismo tradicional no fue capaz de crear. La modernización de las sociedades indígenas implica un “etnocidio” y la eliminación de sociedades alternativas al capitalismo de mercado. Por lo tanto, la modernización no debe ser buscada, sino evitada.

Esta exaltación de los sectores pre-modernos de las sociedades latinoamericanos por los activistas e intelectuales postmodernos, es una postura intelectual que paulatinamente ha ido avanzando entre los intelectuales de la izquierda latinoamericana. El caso mas representativo es el del portugués Boaventura de Souza Santos, el principal impulsor de la justicia intercultural. Él propone que las comunidades indígenas tengan un sistema de administración de justicia separado que se fundamente en sus prácticas tradicionales. Afirma que las epistemologías dependen de las culturas y defiende las “Epistemologías del Sur” que considera que los conocimientos tradicionales indígenas tienen la misma validez que el conocimiento científico y que pensar lo contrario es ejercer “racismo epistémico” contra los indígenas.

 Posmodernos, Pre-modernos y Minería.

Para la izquierda posmoderna, la hostilidad hacia la minería se deriva con facilidad de su ideología. Desde su punto de vista la minería moderna, en especial aquella a gran escala, merece rechazo por múltiples motivos, pues activa varios de los ejes de opresión que disparan su indignación moral:

• La minería moderna de gran escala, implica modificaciones significativas en un entorno natural que se considera de valor intrínseco. Es una violación de los “derechos de la naturaleza” mas allá de sus efectos sobre el bienestar de las personas.
• Afecta el estilo de vida de las poblaciones tradicionales, destruye las “semillas de utopías”. Integra en el capitalismo a poblaciones que ellos consideraban que tienen un estilo de vida alternativo y moralmente superior al materialismo neoliberal.
• Genera ingresos fiscales que permiten disimular las limitaciones del capitalismo extractivo. Con ello, se impide la toma de conciencia sobre la “crisis de régimen” y evita la movilización social para impulsar una sociedad basada en el “buen vivir”.
• La minería tiende a dar más trabajo a hombres que a mujeres, por ello se considera que incrementa el poder relativo de los hombres al interior de las familias, consolidando las prácticas patriarcales.
• Se encuentra asociada a conflictos sociales (que los posmodernos impulsan y fomentan). Los enfrentamientos con las fuerzas del orden representan, para ellos, violencia estructural destinada a despojar a las poblaciones de sus territorios.

Para los sectores pre-modernos rurales la minería moderna también implica un conjunto de amenazas (reales o no) que despiertan temores e incentivan a la movilización social:

• La minería cambia la estructura del poder tradicional. Las élites tradicionales se sienten relativamente desplazadas por los sectores económicos asociados a la minería, pero mantienen su arraigo social y su capacidad discursiva, permitiendo que se vuelvan importantes líderes de opinión en sus comunidades.
• Las operaciones mineras perturban el estilo de vida tradicional: numerosos hombres solteros con ingresos, vías de comunicación modernas, la monetización de la economía, la creación de bares y burdeles, un menor respeto de los jóvenes a los mayores, e incremento del crimen. Todos estos cambios son normales en un proceso de urbanización, pero en las áreas mineras se dan en forma muy acelerada.
• La llegada de la modernidad implica un proceso de descalificación de los saberes tradicionales. La medicina moderna descalifica la practicas de los curanderos locales. Se incentiva a las mujeres a dar a luz en instituciones médicas y no con parteras. Los ingenieros de la mina afirman que el agua surge principalmente de la lluvia y no emerge de las montañas, o que se puede saber si el agua esta contaminada mediante test químicos. Muchos sienten que hay un desprecio hacia el conocimiento tradicional cuyo manejo implicaba prestigio al interior de su grupo social.
• La minería crea nuevas rutas de capitalización que, en poco tiempo, genera toda una capa de nuevos ricos, descalificando las actividades tradicionales que antes eran referencia de prestigio. Esos ejemplos de éxito se vuelven referentes para las nuevas generaciones, precipitando el cambio cultural local.

La Convergencia Pre y Posmoderna del Pensamiento Anti-minero.

El accionar anti-minero alinea a los sectores pre-modernos y posmodernos. Los sectores pre-modernos sirven como masa en las movilizaciones en contra de la inversión minera y los posmodernos brindan soporte discursivo y mediático a los manifestantes justificando su accionar ante la sociedad.

Los posmodernos despliegan campañas de revalorización de las practicas pre-científicas, como en el artículo de Lampadia Oscurantismo Pos-Extractivista[vi]. ONGs anti-mineras como Grufides, Cooperaccion, Servindi y PDTG fomentan el uso de la orina como medicina y la atención por parteras, o que se puede utilizar la posición del nido de los pájaros para pronosticar el clima del próximo año. Ello sin contar la falacia máxima de los anti-mineros, el mito de las cabeceras de cuenca, que hace sinergia con la creencia sobre el origen subterráneo del agua, y presentan la creencia en animales “señaleros” como indicador de contaminación como “otros saberes”.

Por un lado, los pre-modernos tienen creencias pre-científicas que dificultan la comprensión de los avances técnicos de las operaciones mineras en el cuidado ambiental, mientras que los posmodernos promueven el uso extremo del principio precautorio. En múltiples ocasiones Marco Arana ha afirmado que un reservorio jamás podrá reemplazar a una laguna, puesto que seria como “cortarse un brazo para ponerse una prótesis” o que “el hombre no puede reemplazar lo que Dios ha creado”.

Los argumentos basados en la ciencia son descalificados atacando al mensajero del argumento (“trabajó para empresas mineras”) o considerando que es discriminación creer a ingenieros occidentales y no a quienes tienen siglos de conexión con sus territorios. La penetración de lo pre-moderno incluye a lo programático. Ello se percibe en “Nueva Minería Exige Debate Nacional”[vii] firmado por las principales fuerzas políticas de izquierda en el país. (La propuesta del pos-extractivismo hecha a Humala). En ese documento se afirma: “Asegurar la participación de las poblaciones y la incorporación de los saberes locales en los procesos de zonificación y ordenamiento territorial…” Es decir, el uso de creencias pre-científicas en la determinación de zonas de exclusión para actividades extractivas.

La izquierda posmoderna prefiere relativizar los casos en los que los sectores pre-modernos tienen patrones de conducta que atentan contra los valores defendidos públicamente por dicha izquierda. Evitan comentar las golpizas por parte de rondas urbanas a trabajadoras sexuales, la represión violenta de la disidencia al interior de las comunidades, la realización de sexo con menores de edad por parte de los “apus” tribales, expulsión de las minorías sexuales de las comunidades, etc. Para la izquierda posmoderna, denunciar estos actos implicaría enfrentarse a los grupos oprimidos que ellos afirman defender de los grupos hegemónicos.

Conclusión.

Se está dando una batalla contra la modernidad por parte de dos sectores de la sociedad, los pre-modernos y los posmodernos. El foco de este ataque es la concepción respecto a qué es conocimiento válido y cómo se construye esta validez (la epistemología). En el primer mundo los sectores pre-modernos se articulan políticamente en la derecha y los posmodernos en la izquierda del espectro político. En el Perú, el sector indígena constituye el polo pre-moderno, haciendo que los dos polos conceptuales estén en el campo de la izquierda. El activismo anti-minero es el área en la que esta convergencia se hace más evidente.

Los sectores pre-modernos brindan a los posmodernos la masa de gente que se puede movilizar contra sus enemigos ideológicos y la gran minería transnacional. También permiten a los posmodernos presentarse como defensores de un sector oprimido. Ello es importante para construir prestigio social y para facilitar el acceso a recursos de la cooperación internacional. El activismo de los sectores pre-modernos (campesinos e indígenas) alimenta la esperanza de que existen alternativas al capitalismo de mercado y que hay sectores sociales que aspiran estructurar su estilo de vida según modalidades comunitarias pre-modernas.

Los sectores pre-modernos reciben presencia mediática para la difusión de sus causas, soporte discursivo que permite generar empatía con la opinión pública urbana, y soporte técnico y legal en apoyo de sus movilizaciones. Como se puede apreciar, los criterios que fundamentan la convergencia de los pre-modernos son más pragmáticos que en el caso de los posmodernos.

El futuro del bienestar de la población peruana va depender de los resultados de ese conflicto con los enemigos de la modernidad. Sin embargo, en la sociedad peruana, son pocos los que tienen clara la necesidad de defender los principios de la Ilustración, la minería moderna y el libre mercado.

Los Riesgos de Michiquillay y más allá

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq.

El 20 de febrero pasado fue asignado el proyecto minero Michiquillay (Cajamarca) a Southern Peru Copper Corporation, este proyecto implica una inversión de US$ 1,950 millones y entraría en operaciones el año 2025. Se trata de una noticia sumamente relevante puesto que es el primer nuevo proyecto minero a ser iniciado en el Perú en muchos años.

La reacción entre los actores económicos ha sido positiva, aunque se considera que, por sí solo, Michiquillay no implicaría un cambio significativo en la trayectoria del crecimiento económico de largo plazo del país.

Como ya es común en el Perú, el riesgo principal que enfrentan proyectos de esta envergadura no proviene de aspectos económicos y/o financieros, sino de tipo socio-político. El proyecto Michiquillay no es la excepción. El mero hecho que se encuentre ubicado en la región Cajamarca lo expone abiertamente a esta posibilidad. En Cajamarca las fuerzas políticas hostiles a la minería[i] obtuvieron 51% del total de votos válidos en la última elección presidencial[ii], más específicamente se encuentra en el distrito de “La Encañada” en el que dichas fuerzas obtuvieron un agregado de 52%. Otro a dato a considerar fue el crecimiento explosivo en el número de miembros de las comunidades de Michiquillay y la Encañada (ver tabla siguiente). Esto nos señala la existencia de múltiples personas interesadas en obtener una porción de las rentas generadas por este proyecto extractivo.

Fuente: Grupo Diálogo “Una propuesta en comunicación, información y movilización social para la comunidad campesina de Michiquillay – Cajamarca” (2017) y Metis Gaia “Desempeño de los fondos sociales mineros

Como se puede observar el proyecto se encuentra en una zona en la que la hostilidad minera puede significar un incentivo para el posicionamiento político de múltiples actores locales y sociales, alineados contra el proyecto. Tal como hicimos hace unos meses para Lampadia en el artículo “¿Tía María va?”, en el presente texto hemos identificado algunos de los riesgos sociales que enfrenta el Proyecto Michiquillay y que podrían erosionar su viabilidad:

1. Manejo del Fondo Social Michiquillay: La generación de instituciones benefactoras con recursos mineros ha sido un instrumento de legitimación social aplicado en múltiples casos. Se tiene en Cajamarca el antecedente de la ALAC la cual fue implementada por Minera Yanachocha, en Espinar se creó la Fundación Tintaya. Esas instituciones manejan importantes recursos y la disputa por el control de los mismos puede llegar ser sumamente conflictiva. En el caso de la Fundación Tintaya el 29 de mayo del 2012 el local fue incendiado por un grupo de manifestantes en medio de acusaciones respecto a que la Fundación servía para dividir a la comunidad en favor de la mina. En el caso del Proyecto Michiquillay cuando el mismo era administrado por Anglo American, a inicios de junio de 2013 el local del Fondo Social Michiquillay fue tomado por personas que reclamaban el pago a las universidades donde estudian sus hijos y que se cumplan los acuerdos de un año de trabajo para cada uno de los comuneros. Recientemente se acusa los dirigentes locales favorables a la realización del proyecto de estar comprometidos “en las irregularidades del Fondo Social Michiquillay que consta en los informes de auditoria”[iii] es acusación ha sido divulgada por el congresista post-extractivista Marco Arana.

En el caso de Fondo Social Michiquillay el mismo dispone, actualmente, del 50% del total de las contraprestaciones de la empresa hacia el Estado, el mismo que asciende a un monto cercano a los US$ 200 millones. Estamos hablando de fondos significativos a ser controlados de manera conjunta por la empresa y por representantes de comunidades sin experiencia en la gestión de fondos de dicha magnitud.

Las disputas respecto al Fondo Social pueden ser aprovechadas por los postextractivistas, ellos podrían brindar a facciones en disputa por el Fondo soporte discursivo. Es decir, una facción de la comunidad deseosa de controlar parte del fondo podría presentarse como víctima de abusos por parte de la empresa o afectada ambientalmente ello con la esperanza de legitimar socialmente acciones de presión contra el Fondo. El aparato de comunicaciones post-extractivista en múltiples ocasiones ha mostrado efectividad en convertir intereses rentistas de grupos y organizaciones en discursos en que lucen a los ojos del público como víctimas de las empresas mineras.

Por ejemplo, existen voceros y organizaciones que buscan polarizar con los representantes del Fondo Social y con los representantes de las comunidades.Una estrategia que anti-mineros han usado con anterioridad es la creación de organizaciones paralelas (Frentes de Defensa, comités, confederaciones, etc.) que se presentan y hablan en “representación de la población”.Estas organizaciones confunden a la opinión pública acerca de cuáles son los representantes legítimos de la población.El siguiente cuadro muestra declaraciones de voceros de algunas organizaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Una diferencia importante con las coaliciones formadas en otros conflictos, es que los representantes de la población se han mostrado abiertamente a favor de la continuidad del proyecto, y han rechazado la presencia de elementos ajenos a la comunidad.  (“En cuanto a las protestas anunciadas por los anti-mineros, [Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad campesina de Michiquillay] dijo que están en su derecho, sin embargo, aclaró que los comuneros no permitirán el ingreso de terceros a querer desestabilizar la ejecución del proyecto, porque todos están de acuerdo con esta oportunidad de desarrollo que representa”.  Habla Cajamarca- Radio la Beta- 13/02/2018).

2. El Anillo Externo: Un proyecto extractivo puede estar en buenas relaciones con su entorno directo y aun así ser socialmente inviable. Esto puede darse cuando el proyecto enfrenta un anillo externo que es hostil al proyecto. Un caso relevante en el que esto se dio fue en el del Proyecto Conga. En este caso las comunidades más cercanas al proyecto en múltiples ocasiones habían manifestado su apoyo a la realización del proyecto; sin embargo, la movilización en zonas más lejanas al proyecto generó una dinámica de conflicto que lo inviabilizó.

Este fenómeno del anillo externo puede verse agravado por el accionar mismo de la Empresa y sus prácticas sociales. Algunas empresas con el fin de obtener la “Licencia Social” en su entorno destinan ingentes recursos a una Área de Influencia (AI) definida con criterios técnicos sin considerar las dinámicas sociales de la zona. Esta asignación de recursos es entendida, en muchos casos, como una compensación frente a los efectos ambientales de las operaciones mineras. Esto genera una clara diferencia entre beneficiarios y excluidos de un proyecto minero, diferenciados por quien queda a un lado u otro de la ribera de un río, en una u otra ladera de un monte, o cualquier otro límite geográfico determinado por la empresa.

Un mecanismo para justificar la inclusión en el AI sería que los miembros de este “Anillo Externo” sean percibidos como perjudicados por el proyecto minero. Es en esta circunstancia que los pos-extractivistas encuentran terreno fértil para su narrativa, puesto que proveen de discurso y asesoría a los dirigentes que requieren ser percibidos como afectados ambientalmente para lograr sus objetivos. En este caso, los que se perciben como afectados son la población de Polloc y Namora, audiencia que anti-mineros locales han encontrado para inocular su narrativa.

Una vez que empiezan a trabajar con dirigentes y líderes de opinión locales, los pos-extractivistas tienen convocatoria local para sus “Talleres Informativos” destinados a maximizar el temor entre la población local (ver en Lampadia: “Manual de formación de líderes anti-mineros”). Las movilizaciones por parte del Anillo Externo pueden devenir en actos violentos y vandálicos, cierre de carreteras, y en plataforma para el envío de mensajes hostiles a la minería. En el caso de Conga las movilizaciones de comunidades no pertenecientes a los Anillos más cercanos del proyecto fueron determinantes para generar las tensiones que paralizaron dicho proyecto. Por ello más allá del apoyo del AI, hay que estar pendiente del clima social fuera de ella y su potencial de movilización contra el proyecto. Es relevante mencionar que la ONG anti-minera Grufides ya ha empezado a visibilizar la resistencia al proyecto por parte de pobladores en insatisfechos en los alrededores del proyecto.[iv]

Por el momento, los esfuerzos por generar movilizaciones contrarias han sido infructuosos, tanto de manera contraria como favorable.(“El dirigente rondero Ydelso Hernández [candidato al congreso por el MAS, con 23,048 votos mientras Arana obtuvo 8,576] dijo que miles acudirían a la movilización en contra del proyecto Michiquillay, pero no fue así, y el político cajamarquino Miguel Rojas tampoco tuvo la convocatoria con su marcha en apoyo a las inversiones, por lo que ambas convocatorias pasaron desapercibidas”- La rotativa regional, RPP – 20/12/2018).

3. Utilización Político-Electoral del Proyecto: La polarización frente a proyectos mineros puede resultar un conveniente mecanismo de posicionamiento electoral. En Tambogrande Piura, Francisco Ojeda resultó ser electo alcalde de su distrito tras oponerse a la inversión minera como dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande en 2003. En la provincia de Bambamarca en Cajamarca, Edy Benavides fue electo alcalde provincial tras liderar el Frente de Defensa en 2014. En Espinar Cuzco, Oscar Mollohuanca fue elegido alcalde de su provincia tras liderar el Frente de Defensa y liderar violentas protestas contra la minera Xstrata Tintaya en 2013. Finalmente, Gregorio Santos fue reelecto como gobernador de Cajamarca tras una gestión precaria en obras o servicios gracias a su polarización anti-minera. Como se pude observar en múltiples ocasiones el posicionarse como luchador frente a los supuestos abusos de las empresas mineras resulta ser políticamente rentable.

La utilidad de la polarización contra la minería ha sido reconocida por los dirigentes del MAS-Cajamarca. Cesar Aliaga[v], posiblemente el pensador más sofisticado de dicha organización, considera en su libro “La Batalla por Cajamarca”, que haber planteado las elecciones regionales como un referéndum respecto a Conga fue una de las principales causas de su victoria. De manera adicional, en un escrito interno reciente del MAS-Cajamarca el dirigente Johnny Tejada[vi] se lamenta que en este proceso electoral de octubre del 2018 no se estuviera vislumbrando una polarización anti-minera regional que impulsara la victoria del MAS.

Con la asignación del Proyecto Michiquillay a Southern, estos intereses se mantienen y se da la posibilidad de una polarización que permita que el eje de disputa de la compaña del 2018 sea uno entre “Pro-mineros versus defensores del agua” único escenario en el cual el MAS podría resultar triunfante dada su baja capacidad de gestión pública y constantes escándalos de corrupción.

Es en ese sentido, las declaraciones de Gregorio Santos respecto a Michiquillay en las que afirma que es un proyecto “Que nació muerto”, las del Gobernador Regional Porfirio Medina en las que afirma que ha sido impulsado “al caballazo” y las del líder rondero Ydelso Hernández mostrando su absoluta oposición, pueden ser entendidas como un intento de capitalizar electoralmente a partir de una potencial polarización social contra Michiquillay. Existe por ello un riesgo relevante de la instrumentalización de la oposición a Michiquillay como plataforma política por parte de ciertos actores locales. Es especialmente relevante en el caso del MAS-Cajamarca que requiere que la agenda electoral se aleje de su gestión lo más posible.  De igual manera, un posible candidato a la región como Miguel Rojas, intentó organizar una movilización favorable que serviría como plataforma política; sin embargo, no tuvo éxito.

4. Deslegitimación del Proceso de Socialización: Los activistas anti-mineros tienen procedimientos bastante estandarizados para erosionar un proyecto, paulatinamente. En un primer momento intentan movilizar a la población contra los procesos de exploración minera como se dio el caso del proyecto Cañariaco, si esto no es posible trataran de bloquear y deslegitimar el proceso de adquisición de tierras por parte de la Empresa. Los primeros ataques de Marco Arana a Yanacocha fueron con esa temática. Si esto no se logra, se tratará de descalificar el proceso de socialización del proyecto en especial a las Audiencias Públicas y el EIA. Las Audiencias Públicas son atacadas con argumentos bastante homogéneos: se afirmará que se excluyó a los sectores opuestos al proyecto, que las firmas de asistencia fueron dadas con engaños y que el supuesto consentimiento de la población al proyecto ha sido producto de amenazas y prebendas por parte de la Empresa Minera. También se tratará de descalificar el EIA con estudios alternos, como los realizados por Robert Moran.[vii], estudios de cuestionable calidad y enfocados en sembrar temores sobre los potenciales efectos ambientales.

La legitimidad del Proceso de Socialización es un componente no visible de la disputa por la viabilidad de los proyectos mineros, si bien no incluye manifestaciones públicas o tomas de carreteras, de la legitimidad de estos procesos dependerá de manera crítica la postura de las comunidades cercanas y la posición de líderes de opinión.

En el caso del conflicto alrededor del Proyecto Las Bambas, un componente de la narrativa anti-minera consistió en considerar que los mecanismos mediante los cuales se socializaron cambios en el proyecto resultaron no ser legítimos. Se afirmó que el cambio de la modalidad de traslado del mineral de un mineroducto al uso de camiones no siguió los estándares de consulta previa que hubiera sido necesario aplicar. Este discurso fue repetido en múltiples ocasiones por voceros tales como Richard Arce, Marco Arana y Marisa Glave quienes se enfocaban en atacar la socialización del proyecto más que los efectos ambientales del mismo.

En el caso de Michiquillay es necesario que el Proceso de Socialización tenga características tales que no abran flancos de vulnerabilidades que puedan ser aprovechados por los pos-extractivistas. La participación debe ser amplia, darse de manera frecuente, en términos comprensibles para la población local, y con un criterio de construcción de legitimidad social más que del mero cumplimiento de requisitos legales.

5. Correlación de Fuerzas Locales Hostiles: La inviabilidad de un proyecto minero se da como resultado de una dinámica de enfrentamiento político. Es clave para determinar el resultado de este enfrentamiento la correlación de fuerzas enfrentadas respecto a la viabilidad de un proyecto. Un proyecto como Michiquillay que implica una inversión de US$ 1,950 millones es sin duda un hecho de gran importancia económica y política para la región Cajamarca, y aún más para la provincia de Cajamarca y para el distrito de La Encañada. Ello genera una dinámica en los que diversos actores políticos y sociales locales tienen que tomar posición respecto al proyecto. El siguiente cuadro muestra la postura asumida por diversos actores frente al proyecto.​

Fuente: Elaboración propia, basada en declaraciones recogidas en medios de comunicación cajamarquinos.

Es importante observar el rol que ha asumido las comunidades cercanas en hacer visible su postura favorable al proyecto. Su apoyo visible es importante para disuadir a los activistas anti-mineros nacionales e internacionales de focalizar sus recursos políticos contra el proyecto, a falta de “contraparte” local. Por otro lado, golpea la narrativa anti-minera en la que se considera que la Empresa y el Estado pretenden “imponer” el proyecto. Por ello es importante la batalla por la representatividad social de la población en el entorno del proyecto. Como se menciona anteriormente, los anti-mineros ya están desplegando iniciativas de articulación de insatisfechos en el entorno del proyecto, además de tratar de maximizar el área a la que se le atribuye algún grado de afectación ambiental (Polloc, Namora, etc.). Ello con el fin de incrementar la cantidad de población “afectada” posible de ser movilizada contra el proyecto.

La correlación local no incluye únicamente la configuración social en el área de influencia del proyecto, incluye a empresarios, académicos, autoridades sub-nacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios locales de comunicación etc. Todos estos actores pueden jugar un rol en la viabilidad de un proyecto minero la sobrestimación de la criticidad del área de influencia lleva a casos como los de Conga o Santa Ana en los que los proyectos son socialmente inviables a pesar del apoyo de la población cercana al proyecto.

Como se puede ver en la tabla anterior, el apoyo al proyecto tiene representantes en diversos estratos de la sociedad, mientras las iniciativas hostiles se concentran en periodistas y políticos principalmente.  Sin embargo, cuando vemos la diversidad de temas con las que buscan defender al proyecto, éstas están centralizadas en aspectos económicos, mientras los anti-mineros consideran fallas en el proceso institucional, el impacto ambiental, la reputación de Southern, etc.  Un proyecto puede perder su legitimidad en diferentes frentes y los movimientos hostiles a la minería han comprendido eso y lo ejecutan en sus luchas políticas. (menciones en el 2018).

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La legitimidad de Southern y de su operación está amenazada tanto por errores propios como por intereses políticos que ven una oportunidad en la posición hostil a la minería.  El proyecto Michiquillay tiene el potencial de relanzar la inversión minera en Cajamarca y en el norte del Perú; en donde varios otros proyectos se encuentran paralizados o sin la suficiente confianza para ser desarrollados. Para que este potencial se cumpla se hace necesario un monitoreo cercano de los riesgos sociales y políticos que enfrenta el proyecto. Es necesario implementar una visión que reconozca que los riesgos se originan no únicamente en el entorno del proyecto sino en la sociedad local en el que se haya involucrado.

También es importante considerar que el conflicto no se da únicamente durante las movilizaciones sociales, que es una consecuencia de todo un trabajo previo y de un flujo diario de mensajes en los medios de comunicación.  La disputa por la legitimidad de un proyecto se da en el día a día: entender el sistema de creencias que posee actualmente la población local (urbana y rural), comprender los agravios que los grupos hostiles a la minería intentan inocular en la población, identificar la búsqueda de rentas que ciertos grupos intereses persiguen, formar una coalición social que soporte el proyecto, implementar controles ambientales y sociales que protejan legitimidad del accionar de la empresa y sus empleados, etc.  Del resultado de esa lucha diaria dependerá si Michiquillay será una importante fuente de riqueza para el país o si será uno más de los casos de proyectos mineros paralizados en el Perú.

Producción Intelectual Anti-minera

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq.

Las organizaciones anti-mineras tienen entre sus líneas de acción la generación y publicación de contenidos. A través de sus publicaciones estas organizaciones buscan posicionarse, frente a la sociedad, como “voces autorizadas”, como expertos para opinar sobre conflictividad social. Los contenidos también sirven como fundamento discursivo para la narrativa anti-minera. La ONG anti-minera CooperAccion es prolífica en la generación de esta clase de materiales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino”.

Introducción

El libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino [1], de César Flores et al y publicado por CooperAccion y OXFAM, ilustra la perspectiva que esas dos organizaciones tienen de los conflictos y las negociaciones vinculadas a los proyectos mineros. El libro presenta una interpretación de tres casos de conflicto en el sur peruano: Espinar, Cotabambas y Chamaca, para luego hacer generalizaciones antojadizas.

Como investigación, el libro es precario, describe una versión incompleta y parcializada de los hechos. Las únicas perspectivas que se observan en el libro son de las organizaciones y líderes ligados a la conflictividad. A lo largo del texto no se observa ningún esfuerzo de los autores por conocer y presentar, en forma medianamente imparcial, la perspectiva de los actores favorables a la minería o de las empresas mineras. Los principios de la objetividad, como conocer las perspectivas, intereses y versiones particulares de los diversos actores, están completamente ausentes en todo el libro.

Remediación de pasivos mineros por impuestos

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq.

La minería moderna crea activos ambientales y en este artículo se propone que ayude a resolver los antiguos pasivos ambientales.

En setiembre pasado la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín dio un anuncio que puede ser muy positivo para la legitimidad de largo plazo del sector extractivo. La ministra dijo: “Vamos a presentar este proyecto de ley al Congreso de la República, es decir, así como se utilizan los impuestos para proyectos de infraestructura se podrán utilizar para remediar terrenos impactados por la minería”.

De ser bien encaminada, la remediación ambiental por impuestos puede afectar de manera relevante la eficacia de la narrativa pro-minera frente a la anti-minera, mejorar las condiciones ambientales degradadas por pasadas malas prácticas mineras y mejorar la viabilidad de las inversiones mineras.

Según el último inventario realizado por el MINEM[i], el Perú tiene 8,854 pasivos mineros. De estos un 76.61% es decir 6,783 se encuentran pendientes de gestión. Los pasivos ambientales mineros funcionan como una oportunidad fantástica para los anti-mineros. Organizan visitas de líderes comunales de aquellas zonas donde se van a asentar proyectos mineros a áreas donde existan pasivos mineros, en estas visitas los activistas anti-mineros fungen de guías y explican cómo ese daño ambiental sería un efecto inevitable de la actividad minera. Por ejemplo, a los comuneros de las inmediaciones del Proyecto Conga se les llevo a la cercana provincia de Hualgayoc, que tiene 885 pasivos mineros originados por operaciones mineras que empezaron en el virreinato. En el extranjero también se da esta práctica, en el Salvador la contaminación del rio San Sebastián producto de antiguas prácticas mineras fue eficazmente utilizada en la difusión de una narrativa que terminó con la prohibición de la minería metálica en todo el país. Imágenes como la superior, referente al rio San Sebastián en el Salvador, son un recurso discursivo más poderoso que cientos de páginas de un EIA realizado bajo los más elevados estándares técnicos.

La minería moderna tiene el nivel tecnológico necesario para controlar y mitigar eficazmente sus efectos medioambientales. Sin embargo, para la mayoría de la población la comprensión de los efectos de la minería se da en función a las consecuencias de las operaciones mineras previas a la legislación ambiental. Es muy difícil para la población entender la magnitud de los cambios tecnológicos en el sector minero cuando la experiencia previa ha dejado ese legado negativo. Los pasivos mineros se convierten entonces en insumos de propaganda de los anti-mineros. En la actualidad se realizan documentales respecto a pasivos ambientales de una corporación con tecnología de décadas atrás y el mismo es presentado a comunidades a miles de kilómetros de distancia con el fin de maximizar el rechazo a la minera.

La idea que la minería genera un legado ambiental irremediable es uno de los principales recursos discursivos de los anti-mineros. La realización de obras por remediación ambiental envía poderosos mensajes a la población. El primero consiste en la viabilidad técnica para la minería moderna de mitigar sus efectos ambientales, el segundo manifiesta el interés y preocupación del sector minero por el medio ambiente y el tercero muestra que el Estado Peruano se preocupa por los efectos de largo plazo de las actividades mineras. Es decir, con ello se incide sobre tres campos de la lucha por la legitimidad de la minería, (a) los efectos ambientales atribuidos, (b) la caracterización ética de las empresas y (c) la credibilidad de la institucionalidad pública dedicada a controlar la actividad minera.

La minería moderna enfrenta un problema de credibilidad respecto a la calidad de sus planes de cierre de mina. Al ser relativamente reciente la aplicación de regulaciones y tecnologías ambientales modernas la inmensa mayoría de minas no ha realizado actividades de cierre significativas, se pide entonces que la población tenga fe respecto a lo que puedan hacer las empresas mineras veinte o treinta años en el futuro. Este acto de fe es difícil cuando se tiene, en el presente, pasivos mineros en las cercanías claramente visibles y que forman parte de la memoria histórica local sobre los efectos ambientales de la minería.

Un programa a gran escala de remediación de pasivos ambientales por impuestos tendría otra gran ventaja puesto que necesitaría hacer uso de profesionales del ambiente que pasarían a estar asociados laboralmente con el sector minero. Estos profesionales podrían ser útiles en la lucha de ideas respecto a la minería y sus efectos ambientales. Podrían ser voceros calificados frente a los medios de comunicación, generar materiales académicos y participar en actividades de incidencia frente a los hacedores de políticas públicas.

Esta iniciativa permitiría presentar a la inversión minera como una actividad con efecto ambiental neto positivo, en el que la afectación propia de la operación sería compensada con creces por los efectos positivos sobre zonas previamente degradadas. Esto sería un poderoso recurso discursivo frente a líderes de opinión y el público en general.

Los materiales más vistos del 2017

Durante el año 2017, compartimos con ustedes algunos materiales que hemos desarrollado, así como algunos hallazgos con información producida por otros autores que encontramos interesante.  Esperamos que ayude a fomentar el debate basado en argumentos.  A continuación, presentamos el acceso a los 3 posts más leídos del año que acaba de terminar:

1. Los principales proyectos extractivos detenidos por conflictos sociales en América Latina –> http://bit.ly/2CS87ej 
2. Presentación del libro de Sebastiao Mendonça, presidente del Centro Wiñaq.  “Para Reducir la Conflictividad Minera” está disponible aquí en versión digital en PDF –> http://bit.ly/2fi81Sx
3. Nuestro artículo analizando el rol que juega la producción intelectual de los anti-mineros en América Latina en la conflictividad social –> http://bit.ly/2lsZ2Aq

¿Se están Agotando los Recursos Naturales?

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia

Escrito por Camilo Ferreira

En 1968 Paul Ehrlich publicó “The Population Bomb” (La bomba de la población). Este libro marco un hito en el movimiento ambientalista. El texto fue un bestseller con amplias repercusiones. En el mismo se alertaba sobre las consecuencias de del crecimiento poblacional sobre la sostenibilidad ecológica y económica de la humanidad. Se especulaba que la humanidad se dirigiría en pocas décadas, hacia una época de mayor tasa de mortalidad, hambrunas y escases generalizada de materias primas.

Posteriormente, en 1972, se publicó “Los Limites del Crecimiento”, escrito por un equipo multidisciplinario de académicos de MIT y bajo los auspicios del Club de Roma.  Este estudio hace un uso de ‘system dynamics’ (dinámica industrial), para elaborar ecuaciones matemáticas y modelar la relación entre el crecimiento económico, uso de materias primas y polución ambiental. El libro indicaba que el crecimiento económico global era insostenible, y que solo un cambio en los paradigmas de progreso de la humanidad podría evitar la crisis. Este libro también fue un bestseller, llegando a venderse diez millones de copias y dio un aire cientificista a los ataques contra el crecimiento económico como ideal social.

Ambos textos se convirtieron en pilares del actual ecologismo ideologizado. Bridaron apariencia científica a una potente narrativa en la que el actual sistema económico y sus patrones de consumo nos llevarían inevitablemente a una crisis civilizatoria. Frente a ello, solo cambiando de manera radical el sistema económico de libre mercado y valores sociales, se podría evitar la terrible crisis. El pos-extractivismo, ideología que inspira a los anti-mineros locales se alimenta discursivamente de estas ideas surgidas en los años 60 y 70s. Las críticas de Robert Solow[i], premio Nobel de economía, y el fracaso ya evidente de las predicciones del estudio no ha afectado, en lo más mínimo, su uso por el pos-extractivismo.

La cadena lógica detrás de la idea de “crisis civilizatoria” se parece bastante al sentido común. El crecimiento económico requiere de recursos naturales, los recursos son finitos, por lo tanto, el crecimiento continuado llevará al agotamiento de los recursos naturales. Un cálculo comúnmente presentado consistía en señalar los años que en los cuales se agotarían determinadas materias primas al actual ritmo de consumo. En función de ello se especula que nos encontramos en los inicios de una catástrofe global.

La tabla que exhibimos líneas abajo[ii], muestra que al ritmo actual de consumo las actuales reservas de cobre representan 39 años de consumo y en caso se diera un crecimiento de 2% anual – un supuesto bastante conservador – del consumo, estas reservas serian equivalentes a 23 años de consumo. La tabla, delaño 2011, según el razonamiento mencionadoanteriormente,  lleva a asumir que para el año 2034 habríamos consumido la totalidad de las reservas mundiales de cobre, plata, estaño y zinc. De la misma manera en los años 60s y 70s se asumía que se habrían agotado los principales recursos minerales globales lo que llevaría, a pobreza, hambruna y a inevitables conflictos armados por el control de materias primas que serían cada vez más escasas. En estos conflictos, se especulaba los países desarrollados tecnológica y militarmente superiores, despojarían a los países subdesarrollados, de sus recursos naturales.

En “The Limits of Growth” se estimaba que para el año 1992 se habrían agotado las reservas de zinc, oro, gas natural, petróleo y cobre. Esta estimación se daba en función a los modelos matemáticos en los que se introducían variables tales como crecimiento económico y poblacional, reservas de materias primas y polución. Sin embargo, la realidad no coincidió con los pronósticos y se tienen más reservas de materias primas que nunca antes en la historia a pesar que el consumo de las mismas, nunca ha sido tan alto.

Contrariamente a estos estudios, las reservas conocidas de esos minerales no paran de crecer, a pesar de la profundización de la revolución industrial y de la globalización. Como se puede observar en la tabla siguiente[iii] las reservas globales de aluminio, cobre, plomo y zinc aumentan año tras año, a pesar de la creciente extracción de dichos minerales. ¿Cómo puede suceder algo así?

Para entender plenamente lo ocurrido y el profundo error al interior de las profecías catastrofistas, es necesario definir con claridad a que nos referimos por “reservas” de un determinado mineral. Las reservas de los minerales indicados, consisten de volúmenes de materiales, cuya extracción es económicamente factible, a un determinado nivel de precios. Esto es algo muy diferente de la cantidad de un determinado mineral presente en la superficie terrestre. Para que se identifique la presencia de minerales es necesario que se realice de manera previa un complejo y costoso esfuerzo de exploración. Esa inversión en prospección solo se hace si los precios la justifican.

Para que un yacimiento sea económicamente factible de explotación, es necesario que los precios del mineral sean lo suficientemente altos y que la tecnología genere una estructura de costos que permita operar rentablemente. Como se ve, las “reservas” no son tanto una realidad geológica, como consecuencias de variables económicas y tecnológicas, que cambian en el tiempo. El subsuelo de Europa y Norte América no es más rico que el de África. La diferencia estriba en que la superior calidad institucional de los miembros de la OCDE fomenta una mayor inversión en exploración, y con ello se descubren más reservas.

Las reservas disponibles se incrementan con una mayor inversión en exploración, precios internacionales más altos que hacen rentables explotar más yacimientos, y mejoras en la tecnología minera, que permite explotar yacimientos de menores leyes o incluso, materiales antes considerados como inertes. Se podría argumentar que el crecimiento continuo depende de una carrera entre la tecnología y el consumo, una carrera que, por ahora, está ganando la tecnología.

La siguiente grafica[v] nos señala la manera en que ha fluctuado el Índice Dow Jones – AIG de materias primas, entre 1934 y 2013. La caída de precios de las materias primas muestra que la tecnología está ganando la batalla. Ello ha sucedido a pesar de que en esos 79 años la población mundial pasó de 2 mil a 7 mil millones de habitantes y la economía creció aún más.

El crecimiento económico y poblacional no llevó a una escasez de materias primas. Por el contrario, la tendencia de largo plazo ha sido una expansión dela disponibilidad de materias primas. Una tendencia que se sustenta por tanto tiempo, no puede deberse a la suerte. Ello refleja un conjunto de factores estructurales respecto a cómo funciona el libre mercado y la globalización. La tecnología está superando el riesgo de la escasez.

Se hace necesario entender que fue lo que impidió que se cumplieran las profecías catastrofistas del ecologismo radical. Ciertamente si se hubiera mantenido constante el acceso a materias primas de los años 60s y 70s hasta actualidad difícilmente se hubiera podido sustentar el actual proceso de globalización bajo formas relativamente pacíficas, como ha ocurrido en las últimas décadas. En múltiples ocasiones, la historia nos ha enseñado que los episodios de severas restricciones en recursos naturales llevan a colapsos civilizatorios. El excelente libro “Colapso” de Jared Diamond brinda varios ejemplos históricos de sociedades que han implosionado bajo la presión generada por el agotamiento de los recursos naturales.

Sin embargo, el colapso no se dio gracias al poder de la innovación, producto del esfuerzo de miles de ingenieros, agrónomos y geólogos. Las mejoras incrementales en los procesos mineros han permitido el acceso yacimientos con leyes no sustentables económicamente en el pasado. Con alta tecnología, es posible hacer minería de oro obteniendo un gramo de metal en dos toneladas de tierra. En el caso del cobre, los límites de aprovechamiento también están siendo superados todos los días. Los avances en geología, minería y metalurgia, permiten que la exploración y la explotación de minerales sea mucho más eficiente que en el pasado, y que, por lo tanto, las reservas económicas sigan creciendo. Además, el continuo mejor aprovechamiento de los minerales, se hace con mayor y mejor cuidado ambiental.

La “Revolución Verde” incremento la productividad agrícola por encima del crecimiento poblacional. El ‘drive’ (impulso) de la economía de mercado, la innovación y la tecnología, han salvado a la sociedad global de seguir el camino de los mayas, de la Groenlandia Escandinava y de Rapa Nui (Isla de Pascua). Los efectos de esta permanente innovación, se pueden observar en la gráfica superior[vi] en la que se muestra que las reservas de cobre no dejan de aumentar y que el supuesto agotamiento del cobre se posterga permanentemente alrededor de cuarenta años hacia el futuro.

Hacia delante en el tiempo, hay motivos fundados para sostener el optimismo, la biotecnología, las permanentes mejoras en las tecnologías de extracción de minerales, la explotación de fondos submarinos y asteroides, los sistemas de reciclaje y el enorme potencial de generación de energía solar, hidroeléctrica y nuclear, nos señalan que el patrón de crecimiento económico es sostenible en el largo plazo.

Los Conflictos y sus Discursos

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia

Escrito por Sebastiao Mendonca Ferreira

Para entender porque ocurren los conflictos mineros es necesario diferenciar dos temas: (1) las causas de los conflictos y (2) los discursos que los actores involucrados emiten para legitimar su accionar. Las causas son aquellos factores, condiciones y eventos que hacen surgir los conflictos y permiten que se sostengan. Los discursos, o narrativas, son los argumentos e historias generados para construir identidad y obtener respaldo social.

Cuando los líderes de un conflicto minero y las organizaciones que los apoyan (ONG, articulistas y partidos políticos) desarrollan su narrativa, ellos están pensando en cómo fortalecer el movimiento y como construir figuras e imágenes que ganen la simpatía de la población, y muy especialmente de los medios de comunicación.

• La narrativa tiene que reflejar un corte ‘moral’, emotiva y creíble.
• Ella puede referirse a algunas causas y no referirse a otras, si resulta o no conveniente hacerlo, o en algunos casos inventar “causas” que sean creíbles para la población y para la audiencia.
• La narrativa debe hablar de razones capaces de generar empatía con el conflicto, tales como: la defensa del agua, del medio ambiente y de la agricultura, y de un trato de respeto para las poblaciones locales.
• Para producir indignación en la población local la narrativa debe sostener también la existencia de posturas abusivas de parte de las empresas mineras y de las instituciones públicas.
• Debe además transmitir una sensación de drama y urgencia, para lograr que las personas interrumpan su vida cotidiana y asuman los costos y riesgos de participar en la protesta.

En una primera aproximación, los discursos, pancartas y consignas aparentan ser las causas de los conflictos. Ello no debe sorprender a nadie. Los líderes están afirmando que luchan por tales y cuales motivos, y es probable que así lo crean. Pero, las creencias y la realidad no siempre son lo mismo. Quien quiera entender los conflictos mineros y cómo manejarlos con efectividad necesita cernir los elementos de los discursos e identificar los factores que están realmente en su base y cuáles son solo argumentos construidos para justificar sus acciones y ganar simpatía social. Veamos un par de ejemplos.

Tía María

En el caso de la oposición al proyecto Tía María, el elemento central de la narrativa es el supuesto antagonismo entre la actividad minera y la agricultura en el Valle de Tambo. Sucede que ese antagonismo es falso. El proyecto no va utilizar el agua local, sino que va desalinizar el agua del mar, y canalizarla hacia la mina. Además, el proyecto es marginal al Valle de Tambo, y está ubicado en una zona desértica (La Joya). Con esa ubicación y con los actuales patrones de control ambiental exigidos en el país y suscritos por Southern Perú Corporation, los riesgos de afectación de la agricultura del valle pueden ser considerados nulos o, en el peor de los casos, efectivamente controlables.

De una reflexión preliminar, podemos decir que entre las causas reales del conflicto están los temores de la población hacia una potencial afectación ambiental de una operación minera de gran escala, que tanto la empresa como el gobierno central no han logrado explicar a los líderes locales, a las autoridades y a la población, como va operar y cual sería su impacto ambiental real. Otra causa es la acumulación de resentimientos resultados de décadas de una relación que es percibida por la población local como arrogante de parte de la empresa (que había cambiado de accionista, pasando de las manos de Asarco de EEUU, al Grupo México) y esta no fue capaz de revertir esa percepción antes de iniciar la implementación del proyecto. El tercer factor es la tradicional existencia de grupos radicales anti-sistema operando en el entorno, que encontraron en la polarización población-minería una oportunidad para desarrollarse orgánica y políticamente, siendo ese un factor político al que no se ha analizado en profundidad, ni dado un tratamiento adecuado.

La idea del antagonismo minería-agricultura, más allá de ser verdadera o no, es muy efectiva para propagar temor en una población de productores agrícolas que no entienden bien los impactos que puede tener la minería y que no confían en la empresa que lo llevaría a cabo. Además, en este caso, los agricultores más grandes de la zona, validaron los argumentos de los anti-mineros para mantener, en el valle de Tambo, los jornales bajos que ellos pagan sin la presencia del factor dinamizador de la minería.

Un efecto adicional de la narrativa hostil a la minería es un pensamiento tácito, que es inconsciente, pero que también es muy importante: si hay gente movilizándose es porque tiene un motivo, y ese motivo debe ser el que está en las pancartas y en las explicaciones de los dirigentes y de las ONG que los apoyan. Así, la población local y la audiencia nacional resultan siendo influenciadas por la narrativa y por los elementos gráficos que la representan.

Ello es inevitable para poblaciones que están bajo lo que hemos llamado en Lampadia Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera y tienen dificultades para acceder a interpretaciones alternativas. Sin embargo, ello no debería ser así para los profesionales que se dedican a estudiar y a solucionar los conflictos mineros.

El problema de pensar con esa lógica superficial es que sometemos nuestro análisis a la narrativa de los promotores de la conflictividad y anulamos nuestra independencia para explorar las verdaderas causas del conflicto, causas que están ligadas a los temores y a los juegos de intereses de quienes ven en los conflictos mineros una oportunidad para obtener una ganancia extraordinaria sin generar riqueza, o para promover sus intereses políticos e ideológicos. Si nuestro pensamiento está sometido a la narrativa de los conflictivos, nuestra capacidad crítica se encuentra comprometida.

Conga

En el caso de Conga, anterior al de Tía María, la oposición central desarrollada por la narrativa fue: ¡Agua Sí, Mina no! Los resentimientos de la población cajamarquina hacia Yanacocha, acumulados en años  de malas relaciones, fueron el caldo de cultivo de las movilizaciones de protesta. Los temores exacerbados y movilizados también fueron parecidos. Los anti-mineros han manipulado las creencias y la imaginación local sobre el impacto que la desaparición de las lagunas de Conga podría tener sobre el ciclo del agua en los valles cercanos. Las lagunas resultaron simbólicas como reservas de agua para la agricultura en la región, y su afectación generaba un temor generalizado. Como recurso narrativo las lagunas resultaron muy efectivas. Ellas eran parte de un paisaje natural que sería afectado por la actividad minera, y operaron como “prueba irrefutable” de que el proyecto Conga iba afectar negativamente la disponibilidad de agua para los campesinos. Algunas marchas han tenido por función reforzar el lazo emocional de los campesinos con “sus lagunas”, y funcionaron muy bien como recurso narrativo. Si algo sabe hacer los grupos anti-mineros es construir narrativas que resuenan en los sistemas de creencia y temores de las poblaciones locales.

Conclusiones

Sin queremos reducir los conflictos sociales necesitamos independizar nuestro pensamiento, ver más allá de las narrativas conflictivas, y buscar las causas reales de los conflictos. Para ello, necesitamos observar los cambios económicos y políticos que desencadena una actividad moderna en una economía tradicional, los procesos de diferenciación social y los cambios en el poder político local y regional, identificar ganadores y perdedores entre esos actores, conocer el impacto simbólico y socioeconómico de una empresa moderna en una sociedad de pequeños productores y los temores que genera. Y  no pensar que las empresas mineras son fuentes de recursos de las que se puede sacar provecho sin causar daño a la sociedad. Teniendo claridad sobre esas piezas, el rompecabezas comienza a armarse.

¿Tía María va?

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia

Escrito por Camilo Ferreira

Tía María es un proyecto minero cuprífero de Southern Peru que se encuentra en la provincia de Islay en Arequipa y que implica una inversión de 1,400 millones de dólares.  El proyecto ha enfrentado una resistencia social y política que lo ha llevado a su paralización. Recientemente se han dado declaraciones sobre el proyecto por parte de diversos actores, entre ellos Roque Benavides, presidente de la Confiep, Yamila Osorio, gobernadora de la Región Arequipa y del presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha.

La empresa ha manifestado que se han dado avances en respecto a la llamada licencia social, y que se encuentran a la espera de los permisos que deben emitir las autoridades correspondientes. Por otro lado, los actores sociales hostiles a la minería han reafirmado su oposición al proyecto y su voluntad de realizar movilizaciones en contra del mismo. Y la gobernadora de Arequipa, continua sin entender el impacto positivo que puede aportar el proyecto a la región que conduce. Esto abre la posibilidad de que se reactive la resistencia a Tía María.

Entendiendo que para impulsar el proyecto, se deben superar las causas que provocaron el conflicto y su paralización, es indispensable desarrollar y fortalecer ciertas condiciones que eviten la continuación del anterior conflicto. Veamos un conjunto de condiciones que sería conveniente se dieran para darle viabilidad social y política al importante proyecto Tía María.

Para enfatizar su importancia, queremos presentarlas, más que como deseos, como realizaciones. Veamos:

• Establecimiento de la ley en la zona: El gobierno central ha identificado a los potenciales actores violentistas en el área del eventual conflicto y tiene la capacidad y los medios para tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar el imperio de la ley y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado está en la capacidad de sancionar a quienes participen y planifiquen actos violentos.

• Voceros favorables relevantes en medios: La tradicional capacidad de los antimineros para aprovechar el espacio mediático y reducir el apoyo nacional al proyecto, ha sido neutralizada. Los sectores favorables a la minería tienen voceros competentes y con llegada mediática y son capaces de defender a Tía María frente a la opinión pública. Esto se da a nivel provincial, regional y nacional.
• Generación de contenidos para información: Se han generado los contenidos y eventos necesarios para que cuando se dé el conflicto, la prensa disponga de una explicación alternativa a aquella propalada por los antimineros. Conscientes de que los ataques de los antimineros son preparados con anticipación, las fuerzas pro minería se han adelantado y han construido una narrativa positiva sustentada en la realidad local. Finalmente, las fuerzas pro minería generan estudios, documentales, cursos y seminarios que les permiten simultáneamente, desarrollar y validar una narrativa efectiva que les consolida como voceros calificados frente a líderes de opinión, la prensa y el público en general.
• Control de la malversación de fondos públicos: El gobierno central está en condiciones de impedir la canalización de fondos públicos hacia el activismo antiminero. Ya no ocurre que algunos alcaldes canalicen fondos públicos en apoyo logístico de las movilizaciones, dándole salarios públicos a activistas a tiempo completo o sosteniendo financieramente el aparato de propaganda antiminera local. El alcalde del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, elegido por el movimiento antiminero Tierra y Libertad, no tiene como financiar los conflictos.
• Control del entorno político hostil: Los antimineros no controlan componentes críticos de la institucionalidad rural local tal como lo son las Juntas de Usuarios. Estas instituciones ya no pueden brindar legitimidad a los dirigentes antimineros ni facilitar que tomen represalias contra quienes se les opongan (cortes de agua, violencia física, amenazas, etc.).
• Cambios y Evaluación de la opinión pública local: Se ha dado un cambio significativo en la opinión de la población local con respecto a los siguientes aspectos críticos: Temores respecto a los efectos del proyecto sobre la agricultura y la salud de la población, percepción del trato respetuoso por parte de la Empresa hacia la población local, y la credibilidad de Southern en cuanto al cumplimiento de sus compromisos.  Estos cambios han sido evaluados mediante encuestas y focus group.
• Expreso apoyo político: Existe una relevante coalición social local y regional de actores  dispuestos a pronunciarse ante las eventuales agresiones de las fuerzas anti minería y a realizar acciones destinadas a incrementar la legitimidad social del proyecto.
• Condiciones locales:Se tienen mecanismos de monitoreo detallado y periódico de las condiciones sociales en las áreas involucradas en el conflicto. Las fuerzas pro minería  disponen de un mapa de actores locales, y conocen el sistema de creencias locales, condiciones de seguridad, el accionar de los antimineros y las posturas de stakeholders críticos.

No basta la expresión de buena voluntad de la Empresa y/o la expresión de apoyo del Gobierno Central. La viabilidad de un proyecto minero es un fenómeno de enorme complejidad y va  incluso más allá del cumplimiento de las condiciones descritas. De no cumplirse ese conjunto de condiciones, el proyecto de Tía María sería muy vulnerable, y se correría  el riesgo de que el desarrollo del país, y la minería en particular, uno de sus motores de crecimiento más importantes,  vuelva sufrir otro importante revés.

Publicaciones Académicas Anti-Mineras

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia

Escrito por Camilo Ferreira

Cada cierto tiempo, las organizaciones contrarias a la minería realizan publicaciones con títulos tales como “Mitos y Realidades de La Minería en el Perú”[i], “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras”[ii],“Poder Político y Gobierno Minero”[iii], o “¿Pagaron los Justo? Política Fiscal en los Tiempos del Boom Minero”[iv]. Estas publicaciones son realizadas por organizaciones y autores tales como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Durand y Cooperacción.

Existe una prolífica producción intelectual por parte de individuos y organizaciones hostiles a la minería. Esto genera una pregunta respecto a si esta clase de publicaciones termina impactando de algún modo sobre la viabilidad, tanto del sector extractivo en general como de proyectos o en específicos. En este artículo describimos los canales de transmisión mediante los cuales estos estudios terminan impactando sobre la legitimidad del sector extractivo y la amplia superioridad editorial y mediática desplegada por los pos-extractivistas en la generación de ideas y argumentos, así como en su comunicación.

La publicación de documentos, informes, manuales anti mineros y otro tipo de publicaciones, se repiten en todos los países donde los anti mineros encuentran financiamiento, que por lo general proviene de ONG’s anti minería, así como de organismos de cooperación internacional, como hace la Unión Europea en el Perú.

Características y Uso

Una publicación que encuentre falencias o efectos negativos del sector extractivo, no necesariamente es una herramienta anti minera. Una publicación con un espíritu de crítica constructiva podría servir para ayudar al sector minero a superar sus deficiencias y avanzar en su desarrollo, pero ese no es el caso. Definimos como una publicación académica antiminera a aquellas que tienen entre sus mensajes principales, componentes centrales de la narrativa pos-extractivista.  Esta narrativa está presente en la disputa por la legitimidad del sector extractivo tanto a nivel del sector en general como de empresas específicas.

La lucha por restar legitimidad al sector extractivo se da en cuatro aspectos principales:

• Efectos sobre el desarrollo del sector
• Caracterización ética de las empresas
• Independencia y confiabilidad de las instituciones públicas dedicadas al sector
• Impactos medio ambientales

Como veremos cada uno de esos componentes ha sido atendido por el esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas.

Por un lado, tenemos aquellas publicaciones que minimizan el impacto fiscal de la minería y afirman que el sector enfrenta un sistema de amplios incentivos tributarios. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero”[v] es un claro ejemplo que esta clase de publicaciones. Estas publicaciones sirven para reducir la percepción positiva sobre el desarrollo atribuido al sector minero.

Hay publicaciones que apuntan a acusar a las empresas mineras de ser responsables de la violencia ocurrida durante los conflictos sociales. “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” es un documento en el que se sostiene que la policía en la zona de influencia de las empresas mineras se encuentra sometida a estas empresas. Este sometimiento lleva, según el documento, a permanentes abusos por parte de la policía contra la población movilizada contra la minería. El nivel de estos abusos llega a la ocurrencia de fatalidades entre la población local. Acusar a las empresas mineras de ser responsables de golpizas y muertes socava su caracterización ética. Otro documento como “El Oro No Brilla para Todos”[vi] apunta en un sentido semejante al sostener que la minería tiene un rol promotor de la violación de derechos humanos en Cajamarca.

Siguiendo con los componentes de la legitimidad hay publicaciones como “Poder Político y Gobierno Minero” en el que se afirma que las empresas extractivas tienen sofisticados mecanismos de cooptación de las instituciones públicas que deberían fiscalizarlas. Si se considera que las instituciones que deberían controlar la minería se hallan controladas por el sector entonces las declaraciones del Estado y sus funcionarios respecto a controles e impactos ambientales no serán creíbles, como tampoco lo serán respecto a aporte tributario del sector, o sobre denuncias de abusos por parte de las mineras. Así buscan crear la percepción de que las instituciones del Estado ya no representan o velan por la población.

El componente del impacto medio ambiental, tampoco ha sido dejado de lado por los pos-extractivistas. La publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú”[vii]señala que existe una gobernanza opaca de los recursos hídricos en las zonas mineras en favor de las grandes empresas extractivas. 

Los estudios mencionados son solo una ligera fracción de la producción intelectual por parte de instituciones hostiles a la minería. Esta producción es prolífica, y tanto medios de comunicación como varias instituciones públicas y privadas les dan una gran importancia a las publicaciones de las ONG’s anti mineras. La siguiente tabla nos muestra el número de publicaciones disponible en las páginas web de diversas organizaciones anti mineras peruanas.

Estas publicaciones pueden ser ensayos breves, documentos de trabajo o libros. En su gran mayoría ellas son de libre descarga para los interesados y se les aplica el marco de “CreativeCommons” en vez de los registros clásicos de propiedad intelectual, para que sean de libre distribución, y aumente así su lectoría.

Una vez editadas, estas publicaciones pasan al proceso de difusión.  El objetivo es que las conclusiones o los principales mensajes de sus publicaciones lleguen a la opinión pública a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran:

• Presentación de la publicación: esta puede darse en repetidas ocasiones y espacios geográficos. Es común la presentación de la publicación en Lima seguida de otras presentaciones en diversas ciudades del interior junto con un panel de intelectuales pos-extractivistas.
• Generación y divulgación de contenidos derivados a través de redes sociales, tales como videos cortos de la presentación de las publicaciones, infografías, memes, etc.
• Entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales motivados por la publicación de documentos.
• Artículos en medios de comunicaciones físicos y digitales referidos a la publicación.
• Uso de las publicaciones como material de capacitación en la formación de nuevos activistas hostiles a la minería.

Implicancias Estratégicas

Es común considerar que estas publicaciones terminan siendo leídas y celebradas entre cerrados círculos de activistas pos-extractivistas y que sus efectos finales sobre los stakeholders decisivos para la viabilidad de la minería sean limitados. Consideramos que, por el contrario, el sostenido esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas termina siendo un factor crítico para deslegitimar al sector extractivo en el largo plazo y a proyectos específicos en el mediano. Entre los efectos de estas publicaciones se encuentran:

• Calificación de Voceros y de Instituciones: Estas publicaciones permiten presentar a organizaciones antimineras como expertas e investigadoras en los temas ambientales y sociales, y a legitimar los voceros de estas instituciones. Atienden las necesidades de quienes dirigen a los medios de comunicación de mostrar voces expertas para opinar respecto a la minería y a la conflictividad social ligada a ella. Las publicaciones posicionan a organizaciones anti mineras y a sus voceros como referentes en estos temas. Por ejemplo, la presentación del documento “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” logró a una entrevista de 14 minutos a Ana Leyva directora de Cooperacción en Radio Exitosa y a una de 7 minutos en Radio San Borja. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero” llevó a un artículo en un diario de negocios como Gestión titulado “Expertos demandan revisar beneficios tributarios a mineras”. Los “expertos” citados son pos-extractivistas que han obtenido ese título y el espacio mediático para la difusión de sus ideas gracias al estudio referido.

• Generación de Discursos: En octubre del 2015 se dieron violentos enfrentamientos entre policías y comuneros en las inmediaciones del proyecto cuprífero “Las Bambas” en los cuales ocurrió el fallecimiento de un comunero. Estos sucesos pusieron los reflectores en la relación existente entre las empresas mineras y la policía. Algunos líderes de opinión y periodistas estuvieron expuestos a “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” como resultado de lo cual se difundió mensajes en el que se consideraba que la policía se hallaba sometida a algunas empresas mineras a partir de los Acuerdos de Cooperación firmados entre ambos.

La publicación de documentos brinda argumentos en el debate a nivel de líderes de opinión. Cuando existe algún evento, como lo puede ser un conflicto social, algunos líderes de opinión y periodistas sirven de cajas de resonancia de estos argumentos ante el público en general.

• Municionamiento. Un conflicto político se da en múltiples escenarios.  El debate público se da a nivel de medios de comunicación, foros y eventos, y en el boca-a-boca. La legitimidad del sector extractivo se juega en estos diversos escenarios de manera simultánea. El tener una narrativa más efectiva es una ventaja estratégica en un conflicto político. La eficacia depende de la diversidad de argumentos disponibles, su capacidad para apoyarse en las creencias preexistentes, y en su capacidad para movilizar emociones. Las publicaciones antimineras son determinantes en la formación de la -muy efectiva- narrativa antiminera. Conceptos críticos para la conflictividad social tales como “Cabecera de Cuenca”, “Entrega de territorios a las concesiones mineras”, “Criminalización de la Protesta Social” se han originado en publicaciones antimineras. Ellos poseen una cantidad muy numerosa de producción académica comparada con la producción de las instituciones que no son hostiles, y aún más preocupante si consideramos la cobertura mediática de dichos productos.

La legitimidad del sector extractivo se juega a largo plazo, y la batalla de ideas es determinante en ese desenlace. La producción intelectual de los anti mineros es un activo estratégico en estas disputas, y permiten ir acumulándolo las bases para el momento de la conflictividad social. El sector favorable a las industrias extractivas está abandonando un campo crítico para su viabilidad de largo al no fomentar un esfuerzo intelectual comparable al de sus rivales. Lampadia