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Algunas Lecciones del Conflicto de Tía María

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería.Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones.Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población.
9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.

Acuerdo por el Desarrollo – A propósito del proyecto Tía María

Publicado originalmente en El Comercio

Los abajo firmantes creemos en la posibilidad de una minería que cumpla con estándares globales, proteja el ambiente, dinamice el desarrollo nacional y beneficie a las poblaciones locales.

El gobierno ha aprobado la licencia de construcción de Tía María. La noticia ha sido bien recibida por unos y con preocupación por otros, debido a la ausencia de una institucionalidad que favoreciera acuerdos. En aras a viabilizar un diálogo constructivo, hemos creído necesario pronunciarnos sobre las tareas que los tres grandes actores involucrados en el proyecto deben asumir para evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables.

 1. La empresa:

a. Que asuma el compromiso de cumplir en forma rigurosa las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental, y crear mecanismos de monitoreo participativo que aseguren su cumplimiento estricto.

b. Que se comprometa a impulsar programas de desarrollo de la agricultura, la salud y la educación, y que maximice la contratación de mano de obra local en todo lo que sea viable.

 2. La empresa y el gobierno nacional:

a. Que en forma conjunta se comprometan en crear un Fondo de Desarrollo del Valle de Tambo con un mecanismo de gestión técnicamente competente, para adelantar los beneficios que la minería puede traer para la calidad de vida de la población.

 3. El gobierno:

Que brinde a la población y a las autoridades de la provincia de Islay dos garantías:

a. Que el EIA fue evaluado y es confiable y que, operando dentro sus marcos, el proyecto Tía María no va afectar ni contaminar el agua ni el ambiente del Valle de Tambo.

b. Que va implementar mecanismos de supervisión de las actividades de la empresa para prevenir cualquier incumplimiento y evitar hechos que pudieran perjudicar a la población o al ambiente.

 4. Las autoridades y líderes locales: 

Que, lejos de acoger discursos polarizantes, tomen la minería moderna como una oportunidad de desarrollo y se enfoquen en dos objetivos:

a. Construir las capacidades necesarias para aplicar bien los recursos generados por la minería (canon, regalías, etc.) para que se transformen en obras y servicios para su población.

b. Vigilar al gobierno y Southern Perú para que cumplan los compromisos asumidos, especialmente respecto al cuidado del agua, el ambiente y la ejecución de los proyectos de desarrollo.

Si la empresa, el gobierno nacional y las autoridades y líderes locales asumen esos compromisos en forma pública y explícita, el diálogo servirá́ para que las tensiones se disipen, abriendo una nueva fase de desarrollo para la provincia de Islay, Arequipa y el Perú.

Los abajo firmantes estaremos atentos al avance de las partes en el cumplimiento de estas obligaciones.

¿Tía María va o no va?

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Los beneficios económicos y sociales del proyecto minero Tía María son indiscutibles. El proyecto de Southern Peru, tiene un horizonte de 20 años, con los actuales yacimientos. Se estima que va generar más de 4,000 empleos (directos e indirectos) por los 20 años, otros 3,000 empleos directos más durante la construcción, va entregar un total de 5.5 mil millones de soles en canon y regalías, 100 millones de soles en canon anual solo para la provincia de Islay (con poco más de 50 mil habitantes), 215 millones de soles anuales de impuesto a la renta para el Estado peruano, además de la dinamización y modernización de la economía de la provincia, del valle de Tambo y del entorno de Mollendo. Y como todo proyecto minero moderno, su EIA ya tiene previsto el control ambiental para no afectar el valle cercano del Río Tambo y la recuperación del área perturbada una vez culminada la actividad minera, minimizando así su impacto ambiental en la zona desértica donde operaría. Este proyecto puede ser el inicio de una serie de inversiones adicionales que el Grupo México (Socios controladores de Southern Peru) tiene planificada llevar a cabo en Perú, totalizando cerca de 8.0 mil millones de dólares.

Además, la puesta en marcha de Tía María puede significar una señal positiva para toda una cartera de ampliaciones y de nuevos proyectos mineros por un total de 59 mil millones de dólares, que están esperando que el actual gobierno sea capaz de garantizar el estado de derecho en todo el país para poner en marcha sus inversiones, dinamizando así la economía nacional. No hay que olvidar que cerca de 17% de esta cartera de proyectos se encuentra paralizada a causa de conflictos sociales.

A pesar de esos grandes beneficios, el riesgo de bloqueo del proyecto es alto, y de acá a pocos meses podemos estar asistiendo un nuevo fracaso de los gobiernos peruanos para posibilitar el aprovechamiento del extraordinario potencial mineral, especialmente metálico, del Perú. Este artículo explica brevemente los riesgos y posibilidades de desenlace del tercer intento de implementación del proyecto, actualmente en curso (2011, 2015 y 2019), y qué hacer para evitarlos. Estas notas se basan en un análisis del proceso estratégico detrás del conflicto de Tía María escrito por Camilo Ferreira y Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, y que se encuentra actualmente en prensa.[i]

Los conflictos mineros son fenómenos complejos, de larga duración, con múltiples factores causales y una diversidad de actores involucrados. ¿Cómo analizar entonces la situación y perspectivas de Tía María? El enfoque utilizado por el Centro Wiñaq se basa en la teoría de juegos y combina tres perspectivas.

• La primera se refiere a las estrategias de los movimientos sociales para derrotar poderes establecidos, desarrollado por Gene Sharp, del Albert Einstein Institute.[ii]
• La segunda es una generalización del marco analítico de Paul Davis, de Rand Corporation, para analizar los factores que determinan el soporte público a los movimientos políticos:[iii]
• La tercera perspectiva se basa en los estudios de Scartascini et al. (2008) del Banco Interamericano sobre cómo las instituciones políticas realmente funcionan en los trópicos.[iv]

Estudiando los colapsos de proyectos mineros en Perú y en varios otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, etc., hemos encontrado que la viabilidad de los proyectos mineros depende de cuatro pilares de soporte y que, si cualquiera de esos pilares colapsa, el proyecto se vuelve inviable, aún que los demás estén sólidos (las cadenas se rompen por el eslabón más débil).

El Poder Ejecutivo y el Proyecto Tía María

La postura favorable o desfavorable de los pilares de soporte hacia un proyecto minero depende de los sistemas de incentivos que ellos enfrentan, es decir, si les conviene o no les conviene apoyar la puesta en marcha de dicho proyecto.

En el caso de Tía María, la postura del poder ejecutivo es la variable crítica para el futuro del proyecto, pues no se observa situación con alguna posibilidad relevante que pudiera inducir al congreso, al poder judicial o a la empresa a afectar la viabilidad del proyecto. Si el Poder Ejecutivo es el pilar clave, se hace importante entonces identificar qué factores pueden incidir sobre el sistema de incentivos del actual gobierno peruano. Es decir, ¿qué condiciones o sucesos pueden influenciar las preferencias del gobierno en relación a Tía María?

Los 14 meses de este gobierno indican que no tiene una ideología hostil a la minería (post-extractivismo, pos-modernismo, neo-marxismo, etc.), pero también indican que sus intereses son exclusivamente políticos y ha dado señales que no está dispuesto a ponerlos en riesgo por un proyecto minero, por más importante que dicho proyecto pueda ser para el desarrollo económico del país.

Un gobierno así quisiera cosechar los frutos políticos y económicos de un nuevo proyecto minero, pero tiene un umbral muy bajo para los riesgos que está dispuesto a correr para ejecutarlo. Conviene tener en mente que este gobierno no tiene el soporte de un partido político, no tiene respaldo parlamentario y el apoyo de los medios varía mucho según el tipo de conflicto que enfrenta. Es decir, este es un gobierno cuyos intereses políticos dependen críticamente de su popularidad y de la amplitud de su coalición, y que está enfrentando dificultades para que éstas no se reduzcan. Un gobierno así tiene poca profundidad estratégica para enfrentar los conflictos sociales y políticos que pueden surgir durante la implementación del proyecto.

La empresa ha hecho gran parte de lo que le correspondía hacer para revertir los factores locales que determinaron los colapsos anteriores. Ha llevado a cabo todo un programa de educación de la población, visitando casa por casa y disipando los temores ambientales que los grupos hostiles habían diseminado en la población. Los resultados de su labor han sido positivos: la opinión pública de la provincia de Islay está mayoritariamente favorable al proyecto (59%, según Vox Populi). Ello es importante porque la población en el entorno al proyecto tiene un rol crítico en su viabilidad. No hay proyecto minero viable sin apoyo de la población del entorno.

Sin embargo, la opinión de la población del entorno no es suficiente para garantizar su implementación y una encuesta reciente de Idessia indica que, en la provincia de Arequipa, fuera del ámbito del proyecto, el 62% de la población está mayoritariamente en contra.[v] Además, el Comité de Regantes del Valle de Tambo, la principal organización de los agricultores, se mantiene en contra del proyecto y los grupos hostiles a la minería están activos y buscan la radicalización de la población.[vi]

La fuente principal de los riesgos para el proyecto proviene de los factores políticos: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía y Deán Valdivia se han pronunciado en contra del proyecto. Además, los congresistas de izquierda están activamente oponiéndose al proyecto y para muchos periodistas y los medios de comunicación ellos son voces calificadas para explicar los conflictos. Ello significa que, en los próximos meses, los opositores a Tía María van contar con plataformas mediáticas gratis para atacar al proyecto y van poder hacer campañas contra el proyecto y a favor de la conflictividad.

La experiencia anterior de Tía María indica que, cuando los conflictos de desarrollan, la situación de la opinión pública tiende a deteriorarse.En 2015, al inicio del segundo conflicto, la opinión pública a nivel nacional (Según GFK) era 55% a favor de la ejecución del proyecto.[vii]Pero, cuando el conflicto avanzó, la opinión pública nacional se inclinó mayoritariamente en contra de la implementación inmediata del proyecto: 45% prefería una suspensión definitiva y 23% opinaba por la cancelación definitiva, totalizando un 68% en contra del proyecto.[viii] En la situación actual los márgenes son más angostos que en el 2015.

También hay que considerar los costos políticos que el conflicto puede tener para el gobierno. En el 2015, antes de la escalada del conflicto la popularidad de Humala era de 24% y su desaprobación era de 72%, al final, su popularidad había caído a 16% (una queda de 8%) y su desaprobación había aumentado de 77% (una subida de 5%). Ello significa que, cuando hay un conflicto minero, la popularidad de los presidentes tiende a caer. Para un gobierno que prioriza su popularidad, esa tendencia es preocupante.

¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Tía María?

Quienes deseen que Tía María se implemente (Southern, SNMPE, CONFIEP, periodistas, políticos y analistas) deben tener claro que lo que tienen por delante es un conflicto político, que el desenlace va depender de las decisiones del poder ejecutivo, y que esas decisiones van a depender a su vez del sistema de incentivos que el ejecutivo enfrente. En otras palabras: ¿Con cual desenlace el gobierno gana o pierde más? ¿Es con la implementación del proyecto o es con su abandono? La principal forma de incidir sobre la viabilidad de Tía María hoy es afectando el sistema de incentivos que enfrenta el gobierno.

Esa batalla tiene que darse a nivel nacional, regional y local, con voceros serios y creíbles con una narrativa adaptada a los diversos segmentos de la población. Dicha narrativa a Tía María debe basarse en el actual sistema de creencias de la población, evitando las explicaciones que sobrevaloran los elementos técnicos o que subvaloren la inteligencia de la gente, respondiendo a sus intuiciones y temores. No hay que olvidar que Lima es la caja de resonancia del país y que lo que se difunde en Lima llega a todas las regiones y se vuelve un instrumento para las luchas locales.

El apoyo social a Tía María va depender de que el gobierno, de que la empresa y de que las instituciones del sector logren responder bien a algunas preguntas que la población tiene en su cabeza:

• ¿Es Southern una empresa confiable? ¿por qué puedo confiar en Southern?
• ¿En qué ha cambiado Southern para que sea confiable? Si la empresa antes no era confiable, ¿qué señales indican que ahora ella es distinta?
• ¿El proyecto actual representa o no un riesgo real para la agricultura del valle de Tambo? ¿cómo puedo saber que el agua y el aire del valle no van ser afectados por la actividad minera cercana?
• Si Tía María no es una amenaza, ¿por qué entonces la población y las autoridades locales se oponen al proyecto? Si la gente se moviliza debe tener una razón para hacerlo, ¿cuál es la verdadera razón de las movilizaciones?
• ¿Cómo tiene el gobierno previsto garantizar la protección ambiental del valle de Tambo? ¿Qué mecanismos confiables ofrece el gobierno para proteger el ambiente del valle?
• Si Southern no cumpliera sus promesas y comenzara a contaminar, ¿tiene el gobierno la voluntad política y la capacidad institucional para obligarle a hacer lo correcto? ¿Cómo el gobierno garantiza que la empresa no le va manipular en caso de contaminación?
• ¿Qué razones tengo para confiar en las promesas de este gobierno? Si el gobierno va ser el garante de la población, ¿Qué señales muestran que el garante es confiable?

En la medida en que la población encuentre respuestas claras y convincentes a esas preguntas, sus preocupaciones se reducirán y los grupos hostiles a la minería perderán influencia. Por ello, la batalla de fondo no puede reducirse a elementos transaccionales (obras, proyectos de desarrollo, donaciones, etc.). Tiene que apuntar a ganar la confianza, pues el grado de confianza de la población local, regional y nacional será la principal carta para definir si Tía María va o no va. 

Minería y Diversificación Productiva

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Con la calidad y cantidad de las reservas metálicas que tiene el Perú, la minería puede cumplir un papel fundamental en la superación de la pobreza y en la ampliación de las puertas del desarrollo en este nuevo siglo. Sin embargo, es común escuchar que la minería genera un modelo de crecimiento dependiente de una sola actividad que restringe las potencialidades de los demás sectores económicos del país.

Este es un argumento que suena sólido, pues una economía diversificada es, por lo general, más robusta que una economía con un portafolio reducido de productos. Sin embargo, la rigidez en el pensamiento económico, que busca forzar que el país tenga una economía diversificada en el corto plazo puede resultar siendo una traba para el mejor aprovechamiento de las reservas minerales del país y para que el Perú pueda desarrollarse en una economía globalizada.

La Enfermedad Holandesa

La versión más sofisticada de la crítica al rol de la minería en el desarrollo del país es un modelo conocido como la “Enfermedad Holandesa”.El origen de este concepto se remonta al hallazgo de gas en la costa holandesa, en 1960. Ello introdujo una nueva fuente de riqueza en la economía del país, generando una euforia temporal. Pero, gradualmente un efecto secundario de la exportación masiva de gas, fue el incremento del valor de la moneda nacional de entonces, el Gulden, que afectó la competitividad de los demás sectores económicos, frenando su crecimiento. El impacto más serio se dio en las actividades industriales orientadas a la exportación, provocando una desindustrialización de la economía holandesa.

Un fenómeno similar se observó en algunos países productores de petróleo en los años 70s, cuando el alza de los precios del petróleo significó un gran influjo de dólares en sus economías afectando los otros sectores, incluida la agricultura, y generando la tendencia a expandir el gasto público a niveles insostenibles.[1]

La idea de la Enfermedad Holandesa, creada por algunos periodistas de la revista The Economist, imaginada a partir de la experiencia de Holanda y de algunos países exportadores de petróleo, ha sido muy utilizada para cuestionar el rol de la minería en el desarrollo de los países emergentes, afirmando que el desarrollo de la minería necesariamente afectaba las posibilidades de las demás actividades. Es común que cuando alguien se refiera a la contribución de la minería al desarrollo del país (dinamización de las economías regionales, contribución fiscal, mejoramiento de la infraestructura vial, generación de divisas, etc.) surjan voces contrarias recordando este concepto.

Crítica a la Enfermedad Holandesa

Nuevos estudios, realizados en este siglo, han cuestionado la generalización del modelo de la Enfermedad Holandesa, mostrando como la minería sí puede tener un impacto positivo e importante en la dinamización y modernización del conjunto de los sectores económicos. Los Estado Unidos, en el siglo XIX, antes de volverse una potencia industrial, fue el mayor productor de materias primas del mundo, gracias a la abundancia de sus riquezas minerales. Su foco en la producción de materias primas no bloqueó su desarrollo industrial. La minería fue, en gran medida, su fuente de capitalización inicial y sirvió de laboratorio sobre producción industrial. La gran escala de las operaciones mineras le permitió aprender a manejar procesos productivos complejos y las tecnologías mineras de gestión fueron transferidas gradualmente al desarrollo industrial contribuyendo a que los Estados Unidos se transformaran en la primera potencia industrial del mundo.[2]

Esos nuevos estudios concluyeron que el freno al desarrollo de muchos países emergentes, ricos en reservas minerales, no se debe al desarrollo de la minería sino a sus limitaciones institucionales, técnicas o geográficas para desarrollar las otras actividades económicas. Es decir, esos países no exportan bienes industriales porque en esos campos son muy deficientes. Los países que lograron desarrollarse en base a la minería lo hicieron porque tenían depósitos minerales y porque atrajeron empresas extranjeras que disponían de tecnologías y de un volumen de capital que les posibilitaba el aprovechamiento económico de esos depósitos.[3]

Las otras actividades económicas de muchos países ricos en reservas minerales, como la agricultura y la industria, carecen de la productividad suficiente para competir en un mercado globalizado. Aquellos países en que esas actividades eran modernas y competitivas, lograron exportar sus recursos naturales y también alimentos y bienes industriales. El caso del Perú, que veremos más adelante, es ilustrativo de ello.

Hoy día tenemos una diversidad de países que lograron combinar minería, agricultura e industria en forma exitosa: Australia, Canadá, Noruega, Chile, Nueva Zelanda, y otros más. Como la minería requiere soluciones complejas, ello genera conocimientos que pueden ser utilizados por los demás sectores. Estudios recientes sobre Australia y Noruega muestran que el desarrollo del sector extractivo, además de capitalizar el país, irradia sus avances tecnológicos y sus experiencias prácticas de gestión hacia otros sectores, en especial hacia los sectores servicios y construcción. La falla del modelo de la Enfermedad Holandesa es no haber considerado la capitalización y la irradiación de conocimientos hacia los sectores transables y no transables de la economía. La difusión de conocimientos ha sido observada en estudios recientes.[4]

Los casos de Noruega, Australia y Nueva Zelanda son ejemplos de países desarrollados, con renta per cápita (PPP) entre 43 mil y 67 mil dólares que hasta hoy se sustentan principalmente en la exploración y exportación sus recursos naturales y tienen una participación de la exportación de petróleo y minerales mayor que el Perú.[5]

Para esos países el aprovechamiento de sus recursos naturales no es ninguna “dependencia”, sino una oportunidad para alcanzar un alto grado de desarrollo económico y social, dejando claro que la exploración y exportación de recursos naturales no es una traba para llegar a ser un país rico, sino una ruta que acorta la distancia entre la pobreza y el bienestar.

El caso de Botsuana, un pequeño país del sur de África, sin acceso al mar, cercado por países políticamente inestables, y afectado por la epidemia de VIH al final del siglo pasado e inicios de este siglo, es materia de estudio de quienes buscan rutas para el desarrollo de los países emergentes.[6]

En 1966, cuando se independizó, Botsuana era un país extremadamente pobre, con solo 22 personas con formación universitaria, pero en los 35 años siguientes mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 7.7%. En ese entonces, Botsuana tenía un PBI per cápita de sólo US$70, mientras el Perú tenía lo tenía en US$445. Es decir, en 1966 el PBI per cápita peruano era 6.4 veces más alto que el de Botsuana. Hoy, a inicios del 2019, Botsuana ha alcanzado un PBI per cápita de $8,260, un 16% más alto que el peruano.[7]

Botsuana se desarrolló gracias a la explotación y exportación de sus recursos naturales, especialmente del diamante. Los minerales son la principal fuente de divisas del país, representando 90% de las exportaciones y el 20% del PBI (2016). La historia de Botsuana evidencia que se puede superar la pobreza con un adecuado aprovechamiento y exportación de sus recursos naturales. La historia post-colonial de Botsuana ha sido muy diferente de sus vecinos: Congo, Namibia, Zimbabue e incluso Sudáfrica, y todo ello fue gracias al buen manejo de la riqueza creada por su minería.[8]

Minería y Agricultura en Perú

Los grupos contrarios a la minería buscan presentarla como inherentemente antagónica a la agricultura y repiten el modelo de la Enfermedad Holandesa como si fuera una nueva versión de la ley de la gravedad. Sin embargo, no aportan datos que sustentan sus opiniones. Veamos alguna data sobre el tema en el Perú.

Entre 1970 y 1994, cuando la actividad minera moderna era un tercio de lo que es hoy, la agricultura de la sierra se mantuvo semi-estancada, creciendo sólo 0.4% al año a lo largo de todo ese período. Es decir, el estancamiento del agro peruano antecede al desarrollo minero, y tiene otras causas, muchas de ellas históricas: muy baja productividad, minifundio, alto costo de transporte, incertidumbre climática, etc.[9] Richard Webb muestra que, en el período siguiente (1994 – 2011), cuando la minería moderna se desarrolló, la agricultura de la sierra rompió con su larga trayectoria de semi-parálisis, y pasó a crecer 4.1% anual, cerca de 10 veces más rápido que en el período anterior.[10]

Las causas del dinamismo reciente de la agricultura de la sierra son diversas, principalmente el mayor nivel de agregación espacial y la mejor conectividad. Sin embargo, el dinamismo de la agricultura de la sierra, en forma simultanea al desarrollo de la minería, contradice la narrativa de que la minería sea una traba al desarrollo agrícola de la sierra, como afirman los grupos hostiles a la minería. Los datos reales a lo largo de períodos largos muestran que no existe tal contradicción entre minería y agricultura andina, sino que las dos actividades pueden desarrollarse, y que los cambios que trae la minería (mejores carreteras, electricidad, servicios, centros urbanos, etc.) están creando condiciones favorables al desarrollo de la agricultura tradicional. Lo que sí ocurre en algunas zonas periféricas a las operaciones mineras es que las actividades no agrícolas (transporte, alimentación, alojamiento, construcción, etc.) ofrecen ruta de capitalización más rápida que la agricultura tradicional, atrayendo mano de obra hacia ellas, acelerando la migración de las poblaciones rurales hacia los centros poblados de dichos entornos mineros.

Entre 2005 y 2015, la minería peruana creció a 9% anual. En ese mismo período la agro-exportación creció a una tasa extraordinaria de 16% anual. Este fenómeno ocurrió a lo largo de diez años consecutivos. Es decir, en el Perú se ha dado el caso que dos actividades exportadoras (minería y agro-exportación) han tenido un período de auge simultaneo, sin que una generara trabas a la otra. No existe por tanto evidencia alguna de que la minería haya dificultado el desarrollo de las actividades agro-exportadoras, ni que el desarrollo minero peruano esté produciendo algo parecido a la Enfermedad Holandesa.

En el período 1991-2000, el PBI agropecuario creció 64% en términos reales, una tasa mayor a la del crecimiento del PBI global de la economía, que fue de 45% en el mismo período. Ello sugiere que en el Perú lo que ocurre es una sinergia positiva entre el crecimiento de la economía, motorizado por la minería moderna, y el sector agropecuario, justo lo opuesto al que afirman los grupos hostiles a la minería.[11]

La lógica detrás de la falsa dicotomía

Si los hechos evidencian que la minería no dificulta el desarrollo agrícola ni traba el crecimiento de las actividades agro-exportadoras, y si sugieren una sinergia positiva entre ambos sectores, surge la pregunta: ¿Por qué ese argumento está presente en las conversaciones sobre la minería? Las razones son dos: ideológicas y políticas.

La razón ideológica es la postura de muchos grupos contrarios al sistema de libre mercado. Sucede que la minería en Perú, y en muchos países emergentes, es un poderoso motor económico, y esos grupos necesitan generar argumentos contrarios a ese motor. Ello es importante en los países emergentes pues es frecuente que la minería sea la principal (y muchas veces la única) actividad económica capaz de competir en los mercados globales. Sin minería, muchos países emergentes caerían en una situación de estamento económico y de crisis política. Dado que resulta difícil negar su contribución al desarrollo, buscan entonces descalificar el tipo de desarrollo que la minería genera, como un desarrollo que distorsiona el potencial de los otros sectores.

Las razones políticas tienen que ver con los sectores sociales que predominan en las zonas mineras: los productores ligados a la agricultura tradicional. Para movilizar a esos sectores en contra de la minería se requiere una narrativa que los lleve a ver a la minería como una amenaza a su actividad principal, la agricultura. La contraposición entre la agricultura y la minería resulta entonces fundamental para justificar la promoción de los conflictos y para justificar los conflictos ante la opinión pública. El razonamiento propuesto es simple: (1) la agricultura una actividad muy importante para la población rural, (2) la agricultura debe ser protegida y, (3) si la minería perjudica a la agricultura, entonces no se debe aceptar la minería. Ese argumento también sirve para influenciar a los líderes de opinión para que expliquen los conflictos mineros como una acción de defensa de la agricultura: agro sí, mina no. No es raro escuchar a profesionales que está a favor del desarrollo repitiendo los argumentos de quienes tienen objetivos muy distintos a los de ellos.

Para los grupos adheridos al tribalismo ideológico, como los pos-extractivistas y anti-sistema en general, si los hechos cuestionan su narrativa, hay que negar a los hechos para mantener la narrativa. Por ello las ONG de los grupos pos-extractivistas: CooperAcción, GRUFIDES, Red-Muqui, etc. difunden la idea del antagonismo entre la minería y la agricultura. Este supuesto antagonismo se resume en la consigna “Agro Si, Mina No” que es vociferada en múltiples conflictos anti-mineros.

Sucede que la posibilidad de desarrollo de los países emergentes depende de su capacidad para realizar actividades económicas competitivas en el mercado global. Es importante entonces ser realistas en la identificación de esas actividades, pues de ello depende el bienestar de las futuras generaciones. En el caso del Perú, la minería metálica es una de esas actividades y su desarrollo puede acortar el camino hacia una sociedad con menos limitaciones económicas y más posibilidades de aprovechar las oportunidades que están surgiendo en este siglo. La minería, además de generar ingresos inmediatos, puede ser la principal fuente de los recursos para la construcción de capacidades para la economía peruana.

Disputa de Rentas y Conflictividad Minera

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia el 08/05/2019

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

La disputa de rentas

La disputa de rentas es una práctica milenaria en todas las sociedades, pero a partir del momento que se desarrolló la agricultura, la artesanía y el comercio, la disputa de rentas se expandió.[i] Los muros de los castillos y las murallas de las ciudades fueron construidos para evitar que los saqueadores pudieran apropiarse de sus riquezas.[ii] La historia universal está llena de ejemplos de invasiones, guerras y saqueos de las ciudades y ciudadanos más ricos.[iii]

En la medida en que las sociedades fueron desarrollándose la disputa de rentas fue asumiendo nuevas formas. Recién con el desarrollo del libre mercado y de protección de la propiedad privada es que la disputa de rentas comenzó a disminuir su rol en los procesos de acumulación de riqueza. En los países con mayor desarrollo institucional la disputa de rentas se da, principalmente, vía la creación de leyes, de monopolios y de la corrupción.

En los países emergentes, como el Perú, las rentas a disputar están relacionadas principalmente a: (1) las actividades extractivas (minería y petróleo), (2) la agro-exportación y (3) el presupuesto de la república. Las dos primeras son actividades económicas que pueden alcanzar niveles de productividad muy superiores al promedio del país, generando una piscina de riqueza que es ambicionada por muchos actores económicos y políticos. El presupuesto de la república pone miles de millones al alcance de los políticos y autoridades públicas: ministros, jueces, gobernadores, congresistas, alcaldes, etc.[iv]

La disputa de rentas asume formas diversas, dependiendo del desarrollo institucional de la sociedad. En muchos países africanos asume la forma de guerras civiles y dictaduras eternas: Zimbabue, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, etc. En otros países, con un nivel medio de desarrollo institucional, como el Perú, la disputa de rentas asume formas de conflictividad social y de luchas políticas.

En América Latina, el caso más dramático de disputa de rentas es el de Venezuela, en donde la apropiación de las rentas del petróleo ha ocasionado la destrucción económica del país. En Venezuela la disputa de rentas se ha dado por medio de la creación de un estado militarizado instrumentalizado con un discurso socialista.

Otro caso, no menos dañino, es el de Argentina, con la apropiación de las rentas de la agro-exportación: carne, soya, etc. En los últimos 100 años, Argentina ha caído bajo da influencia del peronismo y ha vivido una secuencia de crisis que la retiró de la lista de los países desarrollados, igualándolo con sus vecinos en materia de atraso económico y político. En el caso de la Argentina se ha desarrollado un modelo de estado parásito con un discurso de justicia social.[v]

En el Perú, las dos principales formas de disputa de rentas son (a) la corrupción (pública y privada) y (b) la conflictividad minera. La corrupción busca apropiarse del presupuesto público a nivel nacional, regional y local, y la conflictividad minera busca apropiarse de la alta productividad de la minería moderna. [vi]

Lo que viabiliza ese fenómeno en Perú es que el país tiene importantes riquezas minerales y un ambiente de negocios relativamente positivo, capaz de atraer grandes inversiones de empresas con tecnologías avanzadas, pero al mismo tiempo tiene un Estado que carece de la voluntad política y de la capacidad operacional necesaria para garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Como comenté antes en una entrevista a El Comercio, en la medida que uno se aleja de San Isidro el Estado de Derecho se deteriora y la impunidad se incrementa. La realidad institucional de algunas provincias del Perú puede parecerse más a países de África o de Centro América, que a Lima.

Las rentas que se disputan con la conflictividad minera pueden ser económicas, (enriquecimiento fácil), o políticas, (aumento de popularidad y acceso a cargos públicos). En el Perú de hoy, esas dos formas de rentas se alimentan entre si. En las zonas mineras muchos de los líderes de los conflictos (curas desconocidos, profesores mediocres, alcaldes incompetentes, abogados desocupados, etc.) se han enriquecido notablemente y han resultado elegidos alcaldes, gobernadores y hasta congresistas. Es raro que los líderes de los conflictos mineros no terminen envueltos en casos de corrupción. Conga y Tía María son ejemplos recientes y más conocidos.

El caso Las Bambas

Mientras más grande es una empresa, mayores son las expectativas de las rentas a disputar. Las Bambas es una empresa muy grande, una de las tres mayores productoras de cobre del país con una producción de más de mil toneladas de concentrado por día, que ha producido cerca de dos millones de toneladas de cobre en los últimos 5 años, y que ha generado una riqueza aproximada de 12 mil millones de dólares en ese mismo período.

El conflicto en Las Bambas, aún en proceso, es un ejemplo que ilustra la disputa de rentas como una de las principales causas de la conflictividad social. A diferencia de otros conflictos en donde la narrativa de los líderes era de protección ambiental (“agua sí, mina no”, “en defensa de nuestras lagunas”, “protección de la biodiversidad”, etc.), en el caso de Las Bambas, los mismos líderes fueron claros en señalar que el objetivo de su lucha era obtener mayores beneficios económicos de la empresa minera y del Estado Peruano. Lo que aspiran es seguir viviendo de la extracción de riqueza de una empresa altamente productiva y un Estado débil para hacer cumplir con la ley.

Algunas ONGs pos-extractivistas, como CooperAcción, han instalado oficinas en la zona, y han producido documentos diversos intentando desarrollar una narrativa ambiental en contra de Las Bambas, pero la influencia de los buscadores de rentas (Chávez, Rojas et al) resultó dominante. Esas ONGs, contrarias a la minería moderna, buscan justificar los conflictos de Las Bambas diciendo que son “conflictos de convivencia”, cuando existe abundante evidencia para entender que, en realidad, se tratan de “conflictos de extracción de rentas”.

En el intento del 2016, cuando bloquearon la carretera con varias zanjas, el mecanismo de extracción de rentas imaginado fue el cobro de un peaje millonario por el paso de los camiones de minerales, S/.5,000 por cada uno de los 200 a 300 camiones que circulan diariamente, cerca de S/.45 millones al año, algo más de 800 millones en los 18 años de vida útil de la mina. Este primer intento fracasó.

En esta segunda fase del conflicto, los comuneros exigen una indemnización extraordinaria por la carretera que cruza por el terreno entregado a ellos por Las Bambas como parte del cambio del terreno que ocupaban en el “footprint” de la operación. Según sus líderes, la carretera de cerca de 32 metros de ancho ocupa 39 hectáreas, y exigen 31 millones de soles como indemnización, aproximadamente 800 mil soles por hectárea, o 80 soles por metro cuadrado (precio de terreno urbano).[vii]

El gobierno tiene clara responsabilidad por esta segunda fase del conflicto. En la primera fase del conflicto el gobierno hizo una serie de promesas de proyectos de desarrollo, por casi dos mil millones de soles que nunca se ejecutaron. Ello, sin duda, ha generado un clima de frustración en la población. Hoy, el mismo gobierno reconoce que la indemnización por la carretera era un derecho de los comuneros, entonces surge la pregunta: ¿Por qué no los indemnizaron antes de ese nuevo conflicto, por qué esperaron que ocurriera el conflicto para pagar sus deudas con los comuneros?[viii]

Los abogados que los están asesorando, los hermanos Chávez, van recibir una comisión sustantiva del monto obtenido. Si esa comisión fuera de 30%, sería cerca de 10 millones de soles, si la comisión fuera de 20%, sería de un poco más de 6 millones. En ambos casos, los honorarios de los abogados serían extraordinarios para los estándares de cualquier país del mundo. Es más, estarán ganando honorarios para realizar una actividad de extorsión de una empresa minera que invirtió en el Perú y que cumple con todas las obligaciones legales que el país exige, cuando siendo los abogados quienes están promoviendo acciones de violencia y el Estado está renunciando a defender el estado de derecho.

Podemos hacer un cálculo aproximado para evaluar la rentabilidad del conflicto, redondeando un poco los números: una toma de carretera de 60 días, que genera 30 millones de reembolso, significa una renta de 500 mil soles por día de conflicto. Si la solución dada por el gobierno atiende, aún en parte, las exigencias económicas de los líderes conflictivos, la rentabilidad de los conflictos mineros se habrá disparado, enviando la señal a la macro región del sur y a todo el país que es posible extraer cantidades millonarias de riqueza del Estado y de las empresas mineras, si se organizan conflictos sociales. Los abogados de todo el país van encontrar que la asesoría a grupos conflictivos es una actividad de muy, pero muy, alta rentabilidad.

Las victorias de los depredadores, en el caso de Las Bambas y otros conflictos, además de generar costos extra al Estado y para las empresas mineras, va afectar a toda la población del país pues desincentiva la inversión productiva, haciendo que la organización de conflictos resulte mucho más atractiva que la organización de empresas productivas. No hay que olvidar que el emprendedurismo se dirige hacia donde los rendimientos son más altos, si el conflicto es lo más rentable del Perú, ahí va enfocarse la creatividad empresarial del país.

La consecuencia es que la iniciativa empresarial local (mediana y pequeña) se orientará hacia la conflictividad social en vez de enfocarse en la creación de riqueza y en la expansión de las oportunidades para la población local. Se desarrollará entonces un emprendedurismo depredador y socialmente excluyente. Lo que podría volverse un clúster productivo moderno alrededor de la minería, una actividad económica de alta productividad, se transforma en una zona hostil a la minería y a la actividad productiva en general. Esa distorsión de la economía regional tiende a beneficiar a unos pocos líderes conflictivos perjudicando a la gran mayoría de la población. El estancamiento de la ciudad de Cajamarca, resultado del conflicto anti-minero, es ilustrativo de esa tragedia.

Bendición o maldición

A fines del siglo pasado diversos economistas se han interesado por el impacto de los recursos naturales en el desarrollo y han encontrado que, en muchos países emergentes y ricos en recursos naturales, el impacto de dichos recursos no ha sido positivo (Sachs & Warner, 1997). [ix]  Los resultados fueron tan contra-intuitivos que los estudiosos acuñaron el término “maldición de los recursos naturales”.

Estudios posteriores (Mehlum et al., 2006), incorporando la variable institucional, encontraron que los recursos naturales pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo si el país tiene o no tiene instituciones capaces de evitar que predomine la disputa de rentas(emprendedurismo depredador). Es decir, un Estado capaz de evitar que las riquezas generadas por la exploración de los recursos naturales se transformen en blanco de extorsionadores, haciendo que el impulso emprendedor de la sociedad se mantenga en la producción y no se oriente hacia la apropiación de la riqueza ya creada.[x]

Botsuana, Malasia, y Chile son ejemplos de países que hicieron de sus recursos naturales una bendición, mientras otros países como Venezuela, Nigeria y Angola han mantenido o incrementado su pobreza a pesar de sus ingentes recursos naturales. Ello significa para el Perú que sus extraordinarias reservas de metales pueden constituirse en un motor del desarrollo capitalizando el país y financiando su diversificación económica, o pueden ser un factor que genere un ambiente de conflictividad que promueva una economía de disputa de rentas y frene su desarrollo. Cajamarca ya se inclinó hacia esta última opción, Apurímac está en esta disyuntiva.

Advertencia

La manera como el conflicto de Las Bambas está evolucionando hace pensar que Cotabambas y algunas otras provincias del corredor minero del sur se están transformando en sociedades de disputadores de rentas, es decir, sociedades de escala sub-nacional con economías atrasadas que, en vez de tomar la minería como un motor del desarrollo económico, optan por el conflicto social como la ruta con que esperan salir de la pobreza.

Si las situaciones de los conflictos mineros en Apurímac siguen evolucionando como están hasta el momento, las reservas de cobre, molibdeno, litio, plata y oro del sur del Perú, que podrían ser un importante motor del desarrollo de toda esa macro-región, van servir para transformar el sur del Perú en un territorio en qur la conflictividad social domina la vida social e inviabiliza los emprendimientos productivos.

La responsabilidad principal la tienen los gobernantes nacionales, son ellos los llamados a revertir esa tendencia destructiva, pero las empresas también necesitan apostar menos en los incentivos económicos y las negociaciones transaccionales y entender que los sentimientos y creencias de la población son determinantes para el clima social. Además, en un ambiente de precariedad institucional y escasa voluntad política de los gobernantes, las empresas mineras necesitan repensar sus estrategias políticas y sociales para ser capaces de evitar que la conflictividad social se vuelva la ruta de capitalización preferida de la población de las regiones mineras.

Michael Porter ha explicado que, en el siglo XXI, la ventaja competitiva de las empresas mineras ya no va estar en la tecnología ni en el modelo de negocio, sino en su capacidad de construir una relación positiva con la población del entorno y la sociedad nacional. En el Perú de hoy, esta habilidad es más que una ventaja competitiva, es una condición para su existencia en el largo plazo. [xi]

Lo que pase en Apurímac y en el corredor minero del sur en los próximos meses va influenciar de forma significativa si los recursos metálicos del Perú son una bendición o una maldición. Quienes deseen el desarrollo del país deberían ver una advertencia en la manera como está evolucionando el conflicto de Las Bambas.

El Conflicto en las Bambas y Riesgos Sobre el Sector Minero

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia el 02/05/2019

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq

El conflicto en el entorno al proyecto minero las Bambas no ha sido resuelto y dista mucho de serlo. En estos momentos aún se mantienen las negociaciones entre la minera, el Gobierno Central y diversos representantes de la población local. Pese a ello es posible estimar algunos de los efectos de este conflicto en su etapa de mayor participación de acciones directas tales como el bloqueo de carreteras.

Hemos divido los posibles efectos de este conflicto en dos bloques: en primer lugar, están aquellos efectos con una alta probabilidad de ocurrencia, las cuales son de ocurrencia casi segura. Y por otro lado de encuentran aquellos con una moderada probabilidad de ocurrencia. Muchos de estos riesgos son preexistentes al conflicto en Las Bambas y han sido línea de incidencia del activismo anti-minero desde hace varios meses o incluso años; sin embargo, el reciente conflicto ha incrementado su probabilidad de ocurrencia.

Riesgos de probabilidad moderada:

• Eliminación de la depreciación acelerada: Esto reduciría el valor presente de las inversiones mineras. Hay un conjunto de intereses que resultan atraídos por acabar con esta modalidad de depreciación. La existencia de grandes inversiones mineras aun depreciando activos genera la expectativa de importantes ganancias económicas para los gobiernos locales y regionales. El activismo anti-minero está muy atraído por una medida que llevaría a una menor inversión minera. Adicionalmente, la opinión pública que puede ser fácilmente convencida respecto a apoyar lo que se puede caracterizar como el fin de un privilegio tributario para los ricos. El no aporte de Canon por parte de MMG Las Bambas, resultado de este régimen tributario, ha servido de plataforma para diversos actores políticos y sociales para solicitar esta eliminación.
• Fin de los convenios entre empresas y PNP: Este es una línea de incidencia sistemática del activismo anti-minero. Litigios estratégicos que involucran a IDL y la ONG internacional Earthrights han sido interpuestos frente al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos con el fin de restringir la presencia policial en resguardo de la seguridad de los campamentos mineros.
• Expansión en la aplicación de la denominación de pueblos indígenas y expansión de los requerimientos de Consulta Previa:Desde hace un tiempo el indigenismo radical y los pos-extractivistas impulsan la auto identificación como requisito único para considerar a una población como indígena, de manera conjunta se impulsa que la Consulta Previa pase a tener carácter vinculante. El efecto conjunto, si ambas campañas fueran exitosas, consistiría en generar una multiplicidad de actores locales con los que un proyecto minero tendría que negociar porque estarían provistos de poder de veto sobre la viabilidad del proyecto. Se requeriría de la aprobación simultánea de todas las comunidades en el entorno de un proyecto. Este riesgo es especialmente relevante en zonas de lengua mayoritariamente aymara o quechua puesto los activistas anti-mineros podrían apoyarse en los resultados del último Censo para apoyar sus posiciones. En el caso de Las Bambas, los anti-mineros y sus afines mencionan permanentemente que la población en el entorno del proyecto minero las Bambas es indígena y que la conflictividad social en la zona ha sido impulsada por no aplicar estándares de Consulta Previa a la población local.
• Amnistía a Acciones de Fuerza Anti-mineras: Como parte de los acuerdos firmados el 24 de abril en Fuerabamba, entre las comunidades locales y funcionarios públicos se encuentra la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía a los acusados de diversos crímenes asociados a la conflictividad social anti-minera en el Corredor Minero del Sur. De aprobarse esta medida se consolidaría la impunidad plena ante acciones violentas por parte de manifestantes hostiles a la minería.

Riesgos de probabilidad de alta:

• Severas restricciones en el uso de las ITSs: El instrumento de los Informes Técnicos Sustentatorios se ha visto severamente deslegitimado con el conflicto en Las Bambas, su uso es un componente importante en el discurso vertido por Cooperaccion respecto a los orígenes mismos del conflicto. En futuros casos de conflictividad social que involucren a los ITSs los funcionarios que autorizaron el uso de esta herramienta serian severamente criticados. Por ello, los funcionarios públicos enfrentan un poderoso incentivo para no autorizar el uso de ITSs.
• Empoderamiento de Cooperacción: La ONG anti-minera Cooperaccion ha ganado múltiples espacios en medios de comunicación y líderes de opinión gracias a este conflicto. Sus voceros han tenido diversas apariciones en la calidad de expertos en la temática de Las Bambas. A esto se le agrega que la interpretación de Cooperacción del conflicto se ha extendido entre líderes de opinión y periodistas. Con voceros e ideas mejor posicionados Cooperación ha sido claramente un beneficiario de este conflicto.
• Elevación del costo de tierras para proyectos mineros y su cadena logística: El conflicto ha generado precedentes de compensación por uso de tierras sumamente elevados. En el caso de Yavi Yavi se menciona pagos del orden de los 80 mil dólares por hectárea por el uso de terrenos de la comunidad para la mejora de la carretera por la que se traslada el material extraído de Las Bambas. En especial en el Corredor Minero del Sur, esto está generando expectativas de pagos semejantes no solo por los terrenos bajo los cuales se encuentran los yacimientos sino también para todas las tierras que en alguna medida son necesarias para las operaciones o logística de un proyecto minero.
• Bajísimos costos de las acciones directas: En el caso de Las Bambas el gobierno central ha mandado una poderosa señal al activismo anti-minero: Que no está dispuesto, casi bajo ninguna circunstancia, a incurrir en el riesgo político de despejar las vías bloqueadas a través de la PNP aun si pocas decenas de manifestantes participan en el bloqueo. Esto reduce los desincentivos para la toma de carreteras como medida de fuerza en un conflicto minero.

Los conflictos como Las Bambas no se dan en compartimientos estancos sin afectar a las otras a las otras empresas del sector minero. Esta clase de conflictos desencadenan dinámicas políticas y sociales que terminan propiciando la ocurrencia de riesgos que pueden terminar afectando al sector minero peruano como un todo.

La Legitimidad Social de la Minera

Este artículo fue publicado 25/11/2015 en Lampadia

Escrito por Sebastiao Mendonca Ferreira, del Centro Wiñaq

“No hay nada más práctico que una buena teoría”

Kurt Lewin, MIT

Los conflictos mineros parecen rayos en cielo abierto. Aparentemente todo está tranquilo en una región, y de repente un conflicto, que parecía ser un problema menor, adquiere una escala masiva y se hace noticia nacional o internacional.

¿Por qué los conflictos mineros pueden escalar tan fácilmente? ¿Cómo puede ser que empresas muy grandes y tecnológicamente sofisticadas puedan ver sus proyectos de miles de millones de dólares paralizados en forma tan sorprendente? ¿Cómo puede ser que esas empresas sean blancos de campañas de rumores y de acciones violentas generando grandes pérdidas a ellas y al país? ¿Qué es lo que posibilita que los conflictos mineros escalen localmente y ganen el apoyo de segmentos importantes de la opinión pública nacional en cuestión de días o semanas?

La respuesta breve es que ello depende de la legitimidad social de las empresas mineras y de la actividad minera en la sociedad peruana. La facilidad con que los conflictos escalan e impactan sobre la opinión pública nacional está directamente ligada al deterioro de la legitimidad de la minería. Es el descuido sistemático de la construcción y protección de dicha legitimidad lo que ha generado todo un conjunto de debilidades críticas que hoy son bien aprovechas por quienes ven en la promoción del conflicto la ruta de su ascenso político y económico.

Cuando una empresa o un sector como la minería dejan que su legitimidad ante la sociedad local sea dañada, la empresa y todo el sector se vuelven vulnerables a múltiples tipos de ataques y hace económica y políticamente rentable el aventurerismo político, estimulando así la expansión de esa actividad en el país.

¿Qué es legitimidad social?

Una de las definiciones más ampliamente aceptadas es de Suchman (1995):

“La legitimidad es una percepción o creencia generalizada [de la sociedad local] de que las acciones de una entidad son deseadas, apropiadas y adecuadas, dentro de un sistema construido de normas, valores, creencias y definiciones.” [1]

Lo desafiante de la legitimidad social es que es una batalla que se gana o se pierde en la mente y en los corazones de la población local, en el marco de sus creencias, estereotipos, inclinaciones sociales e instituciones. Sin un conocimiento profundo de esos elementos locales, las empresas mineras no tienen muchas chances de construir y proteger su legitimidad. Sin entender la cuestión de la legitimidad, los millones de dólares aplicados en proyectos de desarrollo y en campañas de imagen tienen resultados inciertos, para decir lo menos.

A diferencia de las empresas mineras, los grupos anti-mineros conocen muy bien el sistema de creencias de la población local y han desarrollado narrativas que apuntan a destruir la legitimidad de la minería y a justificar sus acciones en contra del sector. En realidad, el desarrollo de narrativas hostiles a la minería es una especialidad de esos grupos, sea en su versión marxista o post-extractivista.

Los pilares de la legitimidad de la minería

La Minería en el 2019

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales.

Radicales e Inversión

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira del Centro Wiñaq

Las recientes elecciones regionales han dado como resultado la victoria de algunos candidatos que generan profundas incertidumbres para el sector privado. Este ha sido el caso con las victorias de Zenón Cuevas en Moquegua, Walter Aduviri en Puno y Vladimir Cerrón en Junín.

Hay quienes consideran que el preocuparse por estas victorias es un acto de desprecio colonial a los electores y que en verdad al ser estas (Moquegua, Junín y Puno) regiones con pujantes economías informales estas victorias no implican problemas para la inversión privada ni para la sostenibilidad política de un modelo de desarrollo sustentado en el mercado. Un ejemplo de esta postura es el articulo “¡Ay, los cholos antisistema!” de Juan Carlos Tafur[i].

Sin embargo, la victoria de lideres ideológicamente hostiles a la inversión tiene consecuencias políticas y sociales relevantes, mas allá del malestar que podría generar entre las elites limeñas. La victoria de presidentes regionales con ideologías antisistema implica un conjunto de riesgos para las actividades productivas en su región y también para la sostenibilidad del modelo de libre mercado.

Los efectos negativos de la presencia de esas autoridades en gobiernos regionales, provinciales y distritales son diversos. En forma breve podemos mencionar:

1. Uso de la representatividad del gobierno regional contra proyectos de inversión minera e hidro-energética. Los gobernadores regionales, al ser los representantes electos de la región, asumen un rol de representación política de la población regional. Esta representación les facilita presentarse a los medios e instituciones como canalizadores de la voluntad de la población de su región o provincia.
2. Soporte logístico con fondos del gobierno regional o provincial para realización de movilizaciones hostiles a los proyectos de inversión.
3. Contratación masiva de activistas políticos antisistema dentro del gobierno regional o provincial. Es común que incorporen como personal de confianza a activistas políticos radicales que podrán ahora dedicar una mayor parte de su tiempo al activismo político puesto que sus ingresos pasaran a ser cubiertos por la planilla del gobierno regional. Estos activistas, además de ser remunerados en muchas ocasiones, dispondrán del soporte logístico requerido para sus acciones políticas como transporte, hospedaje y locales a ser financiados por el gobierno regional. Esos activistas, al hablar a la población, lo hacen con el título de representantes elegidos y no como simples ciudadanos.
4. Instrumentalización ideologizada de las instituciones del gobierno regional hacia fines anti inversión. Los gobiernos regionales pueden realizar diversas acciones que brindan soporte discursivo al activismo anti-inversión aun si no tienen carácter mandatorio. Ejemplos de estas medidas son las ordenanzas regionales declarando inviables a proyectos de inversión o generando medidas de ordenamiento territorial que refuerzan sus narrativas y que, de aplicarse paralizarían los proyectos de inversión.
5. Envía una poderosa señal a los lideres locales. Puesto que esto señala a autoridades y activistas locales que el realizar acciones y asumir posturas radicales hacia las inversiones es una estrategia exitosa de posicionamiento político. Con ello múltiples lideres están incentivados a propiciar la conflictividad puesto que en la misma ven una oportunidad para impulsar sus carreras políticas.

Seria un error homogenizar a estos actores hostiles al mercado tanto Aduviri, como Cuevas o Cerrón, tienen diferencias ideológicas, de praxis y capacidades políticas. Es en función a esas características especificas que se puede hacer un análisis efectivo de las consecuencias de estas victorias electorales.

Para poder visualizar estas características hemos elaborado un cuadro en el que se puede ver la posición de estos tres lideres políticos en un conjunto de características clave.

Estas son:

1. Pos-extractivismo: Medida en la cual se tiene una ideología hostil a la extracción de materias primas y se subscribe un ideario de “alternativas” al desarrollo.
2. Anticapitalismo: Esto es la oposición a un sistema de libre mercado con propiedad privada y apertura a los productos e inversiones extranjeras.
3. Identitario: Por ello nos referimos la medida en la cual el proyecto político hace uso de un discurso de identidad. El valor ser mayor conforme en mayor medida se posicione en actor político en función a una identidad especifica. En un continuo que va desde una posición internacionalista, a una nacionalista, pasando por un proponer un Estado Plurinacional y terminando con la exaltación a un grupo étnico especifico.
4. Articulación Nacional: Con ello los referimos al grado en el cual este gobernador electo tiene alianzas con otros actores políticos fuera de su región y dispone de recursos políticos para desplegar un proyecto nacional. La afiliación a un partido nacional o disponer de una inscripción electoral incrementan la Articulación Nacional.
5. Perturbación Institucional: Por esto no referimos a la medida en la cual este actor político canaliza la disputa política al interior de las instituciones del Estado o muestra una disposición a medias fuera de la misma tales como la movilización callejera o inclusive acciones violentas. El valor de esta variable será mayor conforme se haya visto una mayor disposición del actor a hacer uso de acciones extra institucionales.

Como se puede observar Walter Aduviri, de Puno, destaca por su énfasis en el discurso identitario. Ha pasado del nacionalismo aymara e impulsar la vigencia de un Estado Plurinacional, influenciado probablemente por la experiencia boliviana. También hace referencias frecuentes a la Pachamama lo que le hacer al Pos-extractivismo, pero sin ser un seguidor pleno de esta ideología. Zenón Cuevas, de Moquegua, es cercano al Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, lo que trae elementos anti-capitalistas y le brinda cierta articulación nacional. Él ha impulsado movilizaciones en el caso del Moqueguazo, por otro lado, su discurso no apela a un componente identitario ni pos-extractivista. Vladimir Cerrón, de Junín, destaca por su aversión al modelo de desarrollo capitalista, en el que fue bien instruido tras 11 años en la Cuba castrista, posee una inscripción nacional para su partido “Perú Libre”, aunque no ha destacado por impulsar movilizaciones masivas o violentas.

Conocer las semejanzas y diferencias entre estas distintas fuerzas permite predecir su conducta ante tópicos políticos concretos (minería, regionalismo, constitución, uso de violencia, etc.) y facilita el esfuerzo por mitigar las consecuencias desestabilizadoras de su accionar en los próximos años.

Activismo Anti-minero contra “Las Bambas”

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por el Centro Wiñaq

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo.