Creemos que la sostenibilidad de las operaciones del sector extractivo en el largo plazo requiere que sus prácticas e impactos sean aceptados y valorados por la sociedad. Para ello buscamos que el país tenga empresas con responsabilidad social e estándares ambientales internacionales, instituciones públicas eficaces y creíbles, y una sociedad civil y opinión publica debidamente informada respecto a las actividades extractivas y sus efectos económicos, sociales y ambientales.