Fake News y Anti Minería
Sebastiao Mendonça Ferreira
A propósito de las últimas elecciones americanas el concepto de Fake News se ha puesto de moda. Sin embargo, el uso de Fake News, o rumores en español, es un recurso usado por los manipuladores desde hacen muchos siglos, sólo que hoy las redes sociales y los celulares han hecho más fácil su propagación.
En 1475, en la ciudad de Trento, el cura Bernadino Feltre en un sermón acusó a la comunidad judía del asesinato de un niño desaparecido. Ello desencadenó una ola de violencia y saqueo de judíos. La ola se propagó por la región durante semanas a pesar de los esfuerzos de los gobernantes. A lo largo de todo el medievo los rumores fueron responsables del asesinato de miles de personas acusadas por plagas, terremotos, brujerías, herejías, etc.
El rumor es una noticia que circula en la sociedad afirmando que algo ha sucedido, en una situación en la que es difícil obtener evidencias para comprobar o negar la afirmación. Los rumores son invenciones mentirosas o hechos deformados.
En la edad moderna, los rumores se han vuelto importantes instrumentos de especuladores políticos, especialmente de los grupos anti-sistema, como un mecanismo para generar actos de protesta o descalificar a personas e instituciones. Actualmente, los rumores son extensamente utilizado por las fuerzas políticas que buscan movilizar a la población en base a sus temores y resentimientos, con el propósito de lograr objetivos que no serían posibles si la toma de decisiones de la población se diera sobre informaciones verdaderas. Pasaremos a describir un caso de la aplicación de Fake News en el contexto de las industrias extractivas en Perú.
Mercurio en los caños de Cajamarca
Después del derrame de mercurio en Choropampa (2 de junio del 2000), la población de Cajamarca quedó muy temerosa de que el problema de intoxicación ocurrido en la carretera se repitiera en la ciudad. El accidente asoció la actividad productiva de la empresa Yanacocha con el mercurio, dando la impresión (falsa) de que Minera Yanacocha utilizaría el mercurio en sus procesos productivos como lo hace la minería aurífera artesanal.[i]El razonamiento tácito que se generó a partir de esa impresión fue: Si Yanacocha utiliza agua y mercurio, entonces el agua de la ciudad puede estar contaminada con mercurio.
En los meses que siguieron al accidente de Choropampa se propagó, en la ciudad de Cajamarca y en sus alrededores, una ola de rumores acerca de aguas contaminadas por mercurio metálico: muerte de truchas en la Posada del Puruay, agua con mercurio en la cuadra 8 del Jirón José Sabogal, una profesora de la urbanización Horacio Zeballos que dijo haber encontrado mercurio en el lavadero de su cocina, un profesor universitario en la Urbanización Amauta que afirmó que el agua de su casa salía con mercurio, etc.[ii][iii]Un ex-trabajador de Yanacocha llegó a afirmar que tosía mercurio, aún sin tener idea de cómo el mercurio, en su forma metálica y líquida, podría haber llegado en su garganta.[iv]
Análisis químicos y toxicológicos posteriores negaron todos esos rumores, pero la falta de evidencias fácticas ha sido presentada por las organizaciones hostiles a la minería como prueba de la parcialización de las instituciones públicas hacia la empresa. La táctica de los promotores de rumores es clara: si una institución técnica descalifica un rumor, hay que descalificar la institución y mantener el rumor activo.
Con el tiempo, el temor fue bajando y la ola de rumores sobre hallazgos de mercurio en el agua ha ido disminuyendo.[v] Sin embargo, la idea de la contaminación ha quedado grabada en la mente de la población, y una encuesta del 2016 encontró que no menos del 60% de la población de la ciudad de Cajamarca creía que su agua estaba contaminada por la minería. El hecho que la empresa de agua de la ciudad realice un monitoreo permanente de la calidad del agua que distribuye, y asegure que no existe tal contaminación, no revierte el impacto de los rumores de los años anteriores.
Los rumores y su propagación
El rumor no es un hecho aleatorio, es una acción realizada con una intención. Es un evento mediático creado por alguién y para algo. Los rumores surgen de una persona o una organización interesada en afectar la imagen de una empresa, gobierno o personalidad. Puede originarse en una mala interpretación de un hecho o ser la invención de una historia.
Sin embargo, para propagarse el rumor necesita estar en sintonía con los temores y sentimientos de la población. El rumor, para poder propagarse, tiene además que basarse en las creencias de la población, tiene que activar estereotipos preexistentes en la mente de las personas, y tiene que conectar essas creencias y estereotipos por medio de la imaginación.
Los rumores no necesitan pruebas, necesitan indicios que los hagan creíbles. Nadie ha confirmado que el ex-trabajador de Yanacocha tosía mercurio metálico (si se hubiera confirmado el hecho, sería algo tan excepcional que volvería noticia en las publicaciones científicas de todo el mundo), pero si alguén lo dice en primera persona ello se vuelve creíble. La clave para el éxito de un rumor no es basarse en hechos sino en tener elementos de credibilidad. Si un periódico u ONG anti-minera lo publica, se le hace aún más creíble.
Para memorizarse, el rumor necesita ser parte de una narrativa. Para que funcione, el rumor necesita contar una historia que suene conocida y creíble. Para que sea creíble que el mercurio esté saliendo por los caños de agua de la ciudad, tiene que existir, en la mente de la poblacion, una empresa minera que usa mercurio, que no se interesa por la calidad del agua de los cajamarquinos y que, por ganarse unos dólares más, esté dispuesta a violar sus protocolos ambientales. Se necesita además que la empresa de agua, SEDACAJ S.A., sea profundamante incompetente y corrupta, incapaz de detectar el mercurio metálico en el agua, y dispuesta a falsificar la información brindada a la ciudadanía y a los órganos públicos. No se necesita mucha imaginación para inventar esas historias, si uno ingresa a los sites de las ONG anti-mineras va encontrar esta narrativa desarrollada en detalle.
Para propagarse, el rumor necesita replicadores, es decir, necesita medios, organizaciones, periodistas y “expertos” que difundan el rumor como si fuera verdad. Esos replicadores funcionan además como fedatarios de que la mentira es verdad, de que las versiones creadas en base a la fantasía son más reales que los hechos mismos. Si esas organizaciones y personas se presentan como ambientalistas, la propagación del rumor se vuelve una acción de significado ético y hasta valiente. Si además reciben donaciones de los grupos de la cooperación contrarios al desarrollo del Perú, la propagación de rumores se vuelve una actividad económica rentable. Muchos de los reportes técnicos y reportajes elaboradas por ONG anti-mineras buscan dar credibilidad a rumores (intoxicación con metales pesados, intoxicación por polvo de camiones, etc.). Estos replicadores brindan la oferta de rumores.
Sin embargo, el eslabón más importante de la cadena de propagación de rumores es el público, es decir, la demanda. Para que el público propague un rumor este tiene que apoyarse en actitudes y emociones preexsitentes en dicho público. Los sentimientos y resentimientos acumulados son el combustible de los rumores. Si esos sentimientos y resentimientos son suficientemente fuertes, la presentación de evidencias en contra del rumor no es suficiente para revertir ni frenar su propagación.
Los rumores en la anti-minería tienen dos funciones principales: inducir a la población a involucrarse en conflictos, y servir de prueba de que su narrativa contraria a la minería tiene elementos de verdad. Una tercera función no descartable es inducir a la población a votar por candidatos anti-mineros para que los “protejan” de las empresas mineras y la minería. Los rumores anti-mineros pueden elegir alcaldes, gobernadores y hasta congresistas.
La neutralización de los rumores
Porque los rumores se propagan en consonancia con los sentimientos, estereotipos y creencias de la población, puede ser muy difícil su neutralización. Probar que el rumor es falso no es suficiente, se requiere una reinterpretación del problema y una nueva historia.
Huang (2014),[vi] basado en la experiencia china, sugiere que las respuestas deben ser ágiles, tener evidencias vivas, ofrecer una explicación alterna y convincente y, en lo posible, basarse en una fuente independiente y creíble. Las respuestas, además, no deben responder solo al rumor sino también a los sentimientos, temores y prejuicios que están subyacentes al él.
Analizando el uso de rumores en la política americana, Berinsky (2012) del MIT, confirma muchas de las ideas de Huang, pero alerta que en algunos casos, los intentos de corregir los rumores terminan por reforzarlos. Lacoff (2015)[vii]razona en la misma línea y considera que la neutralización de una narrativa requiere una reinterpretación del problema (reframing), una forma distinta de entender el problema, y el desplazamiento de la agenda hacia otros temas.
En el Perú, los anti-mineros ya tienen un extenso paquete de rumores que utilizan en forma sistemática para desencadenar conflictos: suurgimiento de aguas blancas en los manantiales, contaminación de aguas por metales pesados, contaminación por nitratos, muerte de truchas, muerte o enfermedad de animales, intoxicación por polvo de camiones, etc. Todos ellos se basan en algún hecho que ha ocurrido alguna vez en alguna actividad minera en el país, y por ello son creíbles. Los rumores contra la minería constituyen una especie de arsenal mediático que despliegan cuando las circunstancias lo permitan.La capacidad de las personas para cuestionar un rumor depende mucho de la complejidad que tiene la explicación alternativa. Para que una explicación funcione ella no debe superar el nivel de complejidad que cada segmento del público esté familiarizado y debe basarse en los conocimientos e informaciones con que las personas dispongan con anterioridad. No puede basarse en muchos conocimientos nuevos, sino básicamente reinterpretar lo que la gente ya sabe.En la lucha contra los rumores, las explicaciones simples y directas ganan sobre los razonamientos largos y complejos.
La propagación de rumores es un componente fundamental de la tecnología de conflicto de los grupos anti-mineros. En todas las zonas mineras del país, cada vez que alguien desea desgastar una empresa minera, dañar su legitimidad, o promover un conflicto echa mano de algunos de los rumores de su batería.
Es común que, al ver los noticieros sobre los conflictos mineros en Perú escuchemos esos rumores ser propalados en los medios como explicaciones de los conflictos. Hasta en libros de conocidas instituciones de investigación social encontramos una dificultad de sus autores para filtrar los rumores y trabajar solamente con hechos verificables.
No debemos subestimar el poder destructivo de los rumores por más ridículos que puedan parecer a las personas adecuadamente informadas. Tampoco debemos aceptar que la población rural sea manipulada por grupos ideologizados ni por emprendedores destructivos. Quienes realmente deseen que la minería sea uno de los motores del desarrollo regional y que la institucionalidad democrática prevalezca necesitan conocer los rumores que están siendo propalados en sus zonas rurales y desarrollar mecanismos ágiles y efectivos de respuesta.
[i] Los problemas de intoxicación con vapor de mercurio en la minería aurífera artesanal son graves, y conocidos en la cultura popular. Ese conocimiento, en forma analógica, reforzó la asociación entre la minería aurífera moderna y el mercurio.
[ii]Por tener una densidad muy alta, 13.6, casi el doble de la densidad del hiero (7.9), el mercurio no podría flotar en los métodos conocidos de procesamiento de agua potable y quedaría retenido en las pozas, debajo incluso de la arena de los desarenadores, ni puede ser conducido en tuberías de distribución. Sin embargo, los rumores sobre el mercurio en los caños domésticos fueron difundidos sin poner atención a esos “detalles” físicos.
[iii]http://grufidesinfo.blogspot.pe/2007/04/episodios-de-contaminacion-con-mercurio.html, 21 de julio de 2017
[iv]https://celendinlibre.wordpress.com/2014/01/10/trabajador-de-yanacocha-denuncia-haberse-contaminado-con-mercurio/, 21 de julio de 2017.
[v]A diferencia de los métodos artesanales de la minería informal, el procesamiento de óxidos de oro de la minería moderna, como en Cajamarca, no utiliza el mercurio, sino el cianuro.El mercurio no es un insumo, sino un subproducto. Pero los difusores de los rumores tampoco se interesaron por esos hechos.
[vi]Huang, H. (2014). A war of (mis)information: The political effects of rumors and rumor rebuttals in an authoritarian country. British Journal of Political Sciences: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2131538
[vii]Lakoff, G. (2014). Don’t think of an elaphant. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.
La Minería puede modernizar las regiones
Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia
Es conocido que el principal motor del crecimiento en el largo plazo es el incremento en la productividad del trabajo. Es decir, el desarrollo de un país está directamente ligado al aumento de la productividad de sus trabajadores.[i]Lo difícil es encontrar, en cada contexto económico y social, cuáles son los factores y las condiciones que estimulan el incremento de esa productividad. McKinsey ha realizado un estudio detallado de los factores que inciden sobre la productividad de los países ricos, medios y pobres (EEUU, Corea, Brasil, Rusia, etc.) mostrando lo decisivo que es la productividad para la creación de riqueza y la calidad de vida de los países.[ii]
En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. En mi último libro (Mendonca Ferreira, 2017, Lampadia) he explicado brevemente qué pasacuando una mina se instala en una zona rural de economía tradicional, y como se generan dos tipos de economías con grandes diferencias de productividad:[iii]
- Un cinturón de economía moderna ligada a la minería, con alta productividad.
- Una economía tradicional, básicamente agrícola, de baja productividad.
La alta productividad de la minería moderna es clave para superar la pobreza porque esa productividad se propaga en la economía regional. La alta productividad de la minería permite pagar sueldos mucho más altos y genera demandas para que se constituyan cientos de empresas modernas que comercializan productos, realizan obras y prestan servicios a la minería y al personal que trabaja en ella. Esas empresas locales, a su vez, contratan a miles de trabajadores locales, y generan demanda para empresas menores, motorizando varios niveles de las economías regionales. Cuando la minería es frenada por la conflictividad, como en el caso del proyecto Conga en Cajamarca, se genera recesión, millares de despidos y retorno de la pobreza, confirmando lo que acabamos de explicar. Si, además del bloqueo a Conga, sucediera que Yanacocha cerrara sus operaciones completamente e iniciara un proceso de cierre de mina, el impacto recesivo en la economía local sería aún mayor.
Mendoza y Collantes (2017)[iv] muestran que la diferencia de productividad por trabajador entre la agricultura nacional y la minería es de 88 veces. Si consideramos la agricultura andina, menos productiva que la costeña, esa diferencia en las zonas andinas resulta siendo aún mayor. Ello significa que 12 trabajadores en una mina moderna producen más riqueza que 1,000 agricultores tradicionales, trabajando en una cantidad similar de hectáreas. Esa superioridad productiva de la minería puede ser bien o mal aprovechada. Hoy día en Perú, tenemos las dos modalidades, la productiva y la destructiva o conflictiva.
En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.[v] Quienes no logran articularse con la minería, de alguna forma, se quedan en la economía tradicional. Pueden obtener pequeñas mejoras, pero se mantienen cercanos a la línea de pobreza. Sufren la frustración de seguir siendo pobres entre amigos, parientes y vecinos que ya tienen capacidad de acumulación por estar ligados a la minería. Entonces, todos quieren sacar provecho de la minería para capitalizar, sea produciendo, empleándose, o generando conflictos.
La población de las regiones mineras sabe muy bien de los beneficios de estar ligados a ese sector moderno. Por esto no es difícil convencer a las comunidades que están fuera de las Áreas de Impacto Directo (AID)de las empresas mineras a que participen en conflictos. Basta decirles que, si participan de los conflictos ellos van a ser incluidos en las AID. Los ejemplos en Perú de conflictos para ser incluidos en las AID se cuentan por decenas.
Si uno reconstruye los procesos de los conflictos mineros, conversando directamente con los actores involucrados, encuentra que, en la mayoría de los casos, una de las principales razones detrás de los conflictos es el deseo de ser parte de ese sector moderno, o de sacar provecho de la actividad minera de alguna manera. También hay conflictos mineros generados por razones ambientales, pero ellos son mucho menos frecuentes de lo que se cree.[vi] Lo típico de los conflictos mineros son las comunidades exigiendo empleo y contratos a las empresas mineras, exigiendo ser parte de las AID, exigiendo inversiones sociales, o exigiendo la donación de fondos para sus organizaciones. Es esa situación la que aprovechan los emprendedores destructivos y los grupos hostiles a la minería (anti-mineros) para promover la conflictividad. La narrativa va ser siempre ambientalista, pues es creíble, pero como explicamos en un artículo anterior las causas reales pueden ser muy distintas de las narrativas (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/los-conflictos-y-sus-discursos/).[vii]
El caso de Las Bambas es ilustrativo de la conflictividad como forma de sacar provecho de la alta productividad minera: El conflicto de fines de 2015 está ligado a culminación de los contratos con cientos de empresas locales, afectando a más de 12 mil empleos. Al perder los beneficios obtenidos en la etapa de construcción, se generó un ambiente propicio para la conflictividad y obtener beneficios adicionales. En el conflicto reciente, el disparador fue el bloqueo de una carretera, liderado por un par de emprendedores destructivos, con la finalidad explícita de extraer rentas a la empresa cobrando un peaje multi millonario. Hechos como estos, aunque de menor escala, ocurren en el entorno de todas las empresas mineras modernas del país.[viii]
La conflictividad social, en la mayoría de los casos, es una forma destructiva y violenta de ingresar a los sectores modernos de la economía regional, creado por la actividad minera, o de sacar algún tipo de provecho de la alta productividad de la minería.
El Perú tiene en la minería un motor para dinamizar las economías regionales e incorporar millones de productores y sus familias a la modernidad. La geografía desafiante del Perú hace difícil crear condiciones de desarrollo para de las poblaciones rurales de las zonas andinas. La minería, al generar una economía moderna en su entorno contribuye de forma importante a vencer ese desafío. La minería genera, además, los recursos (canon) para financiar las obras que se requiere para viabilizar el acceso a los mercados y a los servicios. Desperdiciar ese potencial transformador es una expresión de desinterés por las poblaciones rurales y un acto de desinteligencia económica.
La minería lleva dinamismo económico, tecnologías y conocimientos gerenciales de nivel global a zonas tradicionalmente pobres y aisladas de la sierra. Además, paga miles de millones de dólares en impuestos y canon, para financiar obras críticas para el desarrollo. Las fuerzas políticas y empresariales y las autoridades nacionales y regionales tienen, con las nuevas generaciones, la responsabilidad de generar las condiciones para un aprovechamiento constructivo de la alta productividad minera. En vez de celebrar las formas destructivas de extracción de rentas, los conflictos mineros, lo que se necesita es viabilizar las formas constructivas de sinergia entre el sector moderno, creado por la minería, y la economía tradicional de las regiones mineras.
[i]El aumento de la población joven y la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas también contribuyen al crecimiento económico, pero esas dos variables son poco controlables en el caso peruano.
[ii]Lewis, W. (2004). The power of productivity: Wealth, poverty, and the threat to global stability. Chicago, USA: The University of Chicago Press.
[iii]Mendonca Ferreira, S. (2017). Para reducir la conflictividad minera. Lima, Perú: Lampadia.
[iv] Mendoza, W. & Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: La distancia que los separa. (Documento de trabajo 440). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
[v] Las familias salen de la pobreza cuando encuentran una forma de capitalizar, es decir, de generar más riqueza de lo que necesitan para subsistir.
[vi] ¿Por qué entonces es tan común la narrativa ambiental? La respuesta es simple: porque es creíble. Si un grupo acusa una empresa minera de contaminación, la población local y nacional está inclinada a creer en ello,con pruebas o sin pruebas, siendo o no siendo verdad. Es decir, el uso de la narrativa ambiental funciona siempre, independiente de los hechos. Ello no quiere decir que no existan problemas ambientales y que las empresas mineras no tengan responsabilidad en ellos, sino que son mucho menos frecuentes de lo que se cree, y de lo que afirman las ONG hostiles a la minería.
[vii] Predomina en los textos sobre conflictividad mineras producidos en Perú la confusión entre las percepciones (discursos y rumores) con las causas reales. Es decepcionante encontrar en libre de “investigación” citas de rumores como explicaciones de los conflictos. Ello reduce notablemente la capacidad analítica de esos textos.
[viii] Las ONG hostiles a la minería, como Cooperación, han contribuido al emprendedorismo destructivo difundiendo una narrativa ambientalista que resultó muy funcional para ocultar los reales objetivos de los promotores del conflicto.
Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera
Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia
Los anti mineros pueden sostener conflictos sociales de manera prolongada y violenta porque manipulan el flujo de conocimientos accesibles a la población y el proceso de formación de la opinión pública local. Controlan sus fuentes de credibilidad, exponen a las poblaciones locales a un bombardeo sistemático de falacias, exageraciones, rumores y mentiras, inoculando una narrativa profundamente anti-minera. Los medios de información creíbles sostienen el mismo relato y la institucionalidad local se encuentra capturada, legitimando así las acciones de los anti-mineros que aplican la violencia contra los disidentes. Bajo estas condiciones, la población se encuentra aislada de visiones alternativas. En estas situaciones, las acciones y los esfuerzos de comunicación de las empresas mineras y del gobierno central difícilmente podrán ser efectivos. El Cerco Cognitivo de las poblaciones ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento de la conflictividad minera de los últimos años.
La renuncia al progreso
La minería moderna, atendiendo los estándares ambientales, los requisitos legales y las prácticas de responsabilidad social, es una actividad altamente beneficiosa para el Perú. La minería es especialmente positiva para la gran mayoría de las poblaciones de las localidades en que opera[1]. Si las empresas e instituciones locales desarrollan estrategias inteligentes, canalizan bien los recursos generados por la minería y establecen sinergias entre la economía local y la actividad minera, el beneficio puede ser aún mayor.
¿Cómo entender, entonces, que los conflictos mineros se hayan incrementado tanto en los últimos años? ¿Cómo puede ser que las poblaciones locales renuncien a posibilidades reales de progreso ofrecidas por la minería para dedicarse a un enfrentamiento en que todos pierden, con la sola excepción de los anti-mineros?
¿Será una consecuencia del bajo nivel educativo de las poblaciones rurales? ¿Será la existencia de una mentalidad localista y resentida de algunas regiones? ¿Es la existencia (supuesta) de remanentes de sociedades indígenas que rechazan la modernidad? ¡No!
No creemos que estos factores expliquen la conflictividad social respecto a la minería.
Pensamos que la existencia de creencias tradicionales sobre los cerros, el agua y la minería, los resentimientos sociales, las inclinaciones políticas y los sesgos cognitivos de las poblaciones rurales favorecen a los anti-mineros, pero esas condiciones siempre han existido y no explican satisfactoriamente la conflictividad social de los últimos años. Nuestra hipótesis es que las causas de la conflictividad son bastante modernas y tienen que ver más con el trabajo sistemático de las corrientes ideológicas anti-mineras que con las características culturales y sociales pre-existentes en el país. Ellos manipulan este sistema de creencias para construir sobre él una narrativa mucho más robusta. Veamos cómo funcionan esos mecanismos.
El cerco cognitivo
Para convencer a las poblaciones de renunciar a sus aspiraciones de progreso económico y social, los anti-mineros generan un cerco que son el objetivo de sus acciones. Lo llamamos cerco cognitivo porque se refiere al control de los conocimientos a los que la población puede acceder. Es con ese cerco cognitivo que los anti-mineros logran manipular a la población en función de sus objetivos políticos. ¿En qué consiste el cerco cognitivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo construyen?
El cerco cognitivo consiste en la combinación de cuatro mecanismos: (a) una narrativa hostil a la minería, (b) la captura de los referentes creíbles de la población, (c) control del flujo de mensajes hacia la población, y (d) el bloqueo de las voces independientes.
1. Narrativa anti-minera: Con la narrativa hostil a la minería, ellos difunden en la población el temor a la actividad minera y la mistificación del conflicto como fuente de dignidad y como mecanismo de bloqueo a las aspiraciones de progreso de la población. La dignidad juega un papel clave en esta narrativa: al no poder ofrecer una alternativa real a los beneficios que la minería ofrece, la dignidad cumple una función como fuente de satisfacción al poblador que participa en el conflicto.[2] En esa narrativa las empresas mineras son los “Malos” y los anti-mineros son los “Buenos,” además los conflictos son presentados como necesarios para defender los recursos naturales y la dignidad de la población.[3]
2. Fuentes de credibilidad: Con la captura y adoctrinamiento de las fuentes de credibilidad de la población (profesores, líderes locales, religiosos, periodistas, etc.) los anti-mineros controlan la interpretación de los hechos y la formación de opiniones de la población local. Como ellos mismos lo explican: “El apoyo o involucramiento de líderes religiosos o incluso de la iglesia misma puede marcar toda la diferencia en la lucha” (Zorrilla, Buck, Palmer & Pellow). [4] Las creencias religiosas de las poblaciones rurales hacen que los líderes religiosos, como algunos curas, tengan condiciones favorables para manipular a la población.[5]
3. Flujo de mensajes: El control del flujo de mensajes tiene tres propósitos: la repetición de su versión de los hechos, la propagación de rumores y la descalificación de mensajes alternos. Los anti-mineros logran ese control sobre el flujo de mensajes de dos maneras: (a) la presencia de decenas de activistas anti-mineros en permanente contacto con la población local, y (b) la creación de programas radiales y medios de comunicación hostiles a la minería y orientados hacia la conflictividad.
4. Bloqueo a las voces independientes: Los anti-mineros reducen mucho las posibilidades alternativas de pensamiento con el bloqueo de las voces independientes. Las voces discrepantes son presentadas como vendidos a la minería, interesados en su beneficio personal o traidores a la comunidad y evitan así que los temas del progreso económico y social sean debatidos democráticamente en las zonas controladas por ellos. La intimidación y la violencia hacia periodistas y líderes locales son actividades estándares para lograr el silencio de los independientes. Normalmente se le camufla y legitima la aplicación de la violencia mediante eufemismos tales como “se aplicaron usos y costumbres” entiéndase castigos físicos a quienes “dividen la comunidad”, es decir a quienes disientan de ellos.[6] Para el control de la población es necesario generar la impresión que todos en la comunidad están de acuerdo con la posición de los anti-mineros. Es así que las personas que disienten con ellos, sienten una mayor presión social para mantener el silencio y no ser criticados por el resto de la comunidad.
El Funcionamiento del Cerco
¿Cómo puede la población rural establecer en qué grado una actividad compleja como la minería moderna afecta o no al subsuelo y a sus recursos naturales, y pone o no pone en riesgo sus actividades agrícolas? ¿Cómo saber si los EIA de las empresas mineras, aprobados por el Estado, están bien hechos y son realmente confiables? ¿Cómo saber si un rumor que anda corriendo sobre la contaminación del agua por la minería es falso o verdadero?
Para preguntas como esas, la población local recurre a las pocas fuentes de información con credibilidad que le son accesibles. Si esas fuentes están controladas por los anti-mineros y las voces independientes están intimidadas y acalladas, las conclusiones de la población son previsibles. Los anti-mineros trabajan años capturando las fuentes de credibilidad para introducir su narrativa en las conclusiones de la población.
Control de la institucionalidad local
Mientras trabajan para controlar las fuentes de credibilidad, los anti-mineros buscan crear o asumir el control de la institucionalidad rural: comunidades y rondas campesinas, instituciones religiosas, alcaldías provinciales y distritales, frentes de defensa, organizaciones locales, ONG’s, centros de salud, unidades educativas, frentes de defensa, etc.
Cuando se controlan las fuentes creíbles de información, los anti-mineros pueden inocular su narrativa. Esto genera las condiciones necesarias en la opinión pública para la captura de la institucionalidad local.
Esa institucionalidad local y sus representantes pasan a ser las fuentes de legitimidad para su accionar conflictivo y para la descalificación de las opiniones favorables al progreso económico y social. La opinión de los representantes de la institucionalidad local influencia fuertemente a la población para definir si algo es legítimo o ilegítimo, correcto o incorrecto.
Esta captura viabiliza la aplicación ‘legitima’ (a los ojos de la población) de la violencia contra quienes se opongan a sus intereses, con ello se impermeabiliza a la población ante fuentes alternativas de información que disientan de la narrativa anti-minera.
Cuando los anti-mineros tienen esas condiciones instaladas localmente, ellos están en la capacidad interpretar las acciones de las empresas mineras y de cualquier otro actor externo según sus intereses. Por ejemplo: Todo lo que una empresa haga a favor de la población (proyectos, servicios de salud, etc.) es visto, en esa narrativa, como un intento de la empresa de resarcir parcialmente un daño que sus actividades estarían generando en la población local (contaminación, etc.), o es parte de un engaño en el que el poblador no debe caer. En vez de reconocerlas como algo positivo, ellos presentan las acciones de las empresas mineras como un intento de manipular a la población local aprovechándose de sus necesidades materiales y de su pobreza. Según ellos los proyectos de desarrollo de las empresas son “migajas” cuyo propósito es adormecer la conciencia de la población, para seguir contaminando las aguas y destruyendo el futuro de todos, especialmente de los niños.
Una de las consecuencias del cerco cognitivo es que las acciones de responsabilidad social de las empresas pierden mucho de su eficacia para ganarse la confianza de la población. Los estudios de opinión pública de las diversas encuestadoras muestran que, en las zonas de operación de las empresas mineras, donde se han realizado mayor cantidad de acciones de responsabilidad social, la población es más hostil a la minería que en otras zonas donde las empresas no han hecho obras ni proyectos. La explicación a esta supuesta paradoja es el control de los anti-mineros sobre la manera cómo se forma la opinión pública. Ellos afectan la manera como la población interpreta las acciones de responsabilidad social de las empresas y reducen en gran medida las ganancias en reputación que éstas esperaran conseguir.
Con la narrativa anti-minera instalada en la mente de las personas y la institucionalidad local controlada por los anti-mineros, pueden luego manipular a la población y crear así la base de operaciones para un conflicto político de larga duración.[7]
Cuando los anti-mineros logran instalar su narrativa y estructurar su cerco cognitivo sucede una tragedia social. Poblaciones pobres con altos índices de mortalidad materna e infantil ponen sus aspiraciones de progreso a un lado y dedican una parte importante de su tiempo y energía a bloquear la actividad económica que les posibilitaría salir de la pobreza y ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Los procesos de aprendizaje social sobre cómo progresar son interrumpidos y muchos de sus líderes se especializan en el oficio nefasto del conflicto y la manipulación.
¿Cómo romper el cerco cognitivo?
Quienes más necesitan romper el cerco cognitivo de los anti-mineros son las poblaciones y empresas de las regiones mineras. Ellas son quienes necesitan aprovechar la demanda global de materias primas para construir sus rutas de progreso. Sin embargo, la superación de las barreras construidas por los anti-mineros no es algo que ellas puedan hacer solas, aisladas de otros actores sociales. Esta es una tarea que requiere una alianza social que necesariamente debe incluir a los sectores y medios mejor informados.
Las empresas mineras solas también tienen grandes limitaciones para romper los cercos cognitivos de los anti-mineros. Los estereotipos sobre las empresas mineras que ya están instalados en la mente de la población constituyen condiciones desventajosas. Además, todo lo que una empresa diga en sus comunicados puede fácilmente ser interpretado como un mensaje de parte que sirve a sus propios intereses de lucro. Como ya hemos visto, si los anti-mineros controlan las fuentes de credibilidad de la población, los mensajes de las empresas son interpretados negativamente y no cumplen los objetivos de contrarrestar la narrativa anti-minera. La promoción de otras fuentes de credibilidad para la población se vuelve fundamental.
Se requiere una coalición social pro-desarrollo, conformada por los actores favorables a la minería, para que se pueda romper el cerco cognitivo de los anti-mineros. En realidad, en todas las regiones existen importantes sectores de la clase media urbana y rural que pueden beneficiarse de la presencia de la minería, pueden montar negocios, prestar servicios y abrir una ruta de progreso para ellos y para la mayoría de la población. No es coincidencia que los anti-mineros realicen una actividad sistemática para descalificar, amedrentar y neutralizar a los actores de los sectores medios de las sociedades regionales.
Son esos actores de los sectores medios quienes pueden asumir una narrativa pro-desarrollo y pueden constituirse en nuevos referentes de credibilidad para la población urbana y rural. Si las empresas mineras quieren neutralizar a los anti-mineros y crear bases para una minería sostenible, necesitan ofrecer a esos sectores medios dos cosas:
(a) Una ruta de progreso económico dinamizada por la minería (ver las propuestas de Michael Porter sobre Valor Compartido), y
(b) Desarrollar en diálogo con los sectores medios, una narrativa de progreso culturalmente adecuada a la idiosincrasia regional.
Cuando los actores de los sectores medios comiencen a liderar la agenda pública local en función una propuesta de minería y desarrollo, el cerco cognitivo de los anti-mineros se derrumba. Gradualmente sus mentiras y falacias se harán visibles, y las poblaciones locales podrán imaginar su futuro con un mayor nivel de confianza y libertad.
[1] Zambrano, Omar; Robles, Marcos; Laos, Denisse (2014) Global boom, local impacts: Mining revenues and subnational outcomes in Peru 2007-2011 Banco Interamericano de Desarrollo.
[2] Cuando una organización, como los anti-mineros, enfatiza la dignidad en su narrativa, es porque no puede ofrecer opciones de progreso, y quiere que la población renuncie a sus aspiraciones para servir a los intereses de la organización.
[3] La elaboración de una narrativa es una actividad de alta complejidad. Los grupos anti-mineros locales no tienen la capacidad intelectual para hacerlo. Son los centros internacionales, financiadores de los anti-mineros locales, quienes desarrollan dichas narrativas. Los anti-mineros locales y sus ONG’s repiten, adaptan esas narrativas, y generan imágenes que las ilustran. Por las características, funcionalidad y falacias de la narrativa anti-minera, escribiremos un artículo próximamente.
[4] Zorrila, C., Buck A., Palmer, P., & Pellow, D. (2009). Protegiendo a su Comunidad Contra las Empresas Mineras y Otras Industrias Extractivas. (p. 15). Bolder, OH, USA: Global Response.
[5] Los anti-mineros hacen un mapeo cuidadoso de quienes son las personas que la población rural tiene como referencia para formar una opinión sobre los diversos temas. Aunque se presentan como parte de la población pobre, esas personas son en realidad parte de la élite local.
[6] Ellos copian en una escala micro, local, lo que Stalin ha logrado implantar en la Unión Soviética.
[7] Cuando la idea de progreso es sustituida por la falacia de que el conflicto es la fuente de dignidad de la población, el futuro de la población está en riesgo de postergarse por décadas y generaciones.
Los conflictos vistos como oportunidades
Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia
Últimamente, he visto varias publicaciones y exposiciones que afirman que, si queremos tener una mente abierta y no ser represivos, debemos celebrar los conflictos mineros y tomarlos como una oportunidad de cambio social positivo. Afirman que, si no aceptamos a los conflictos mineros como algo positivo, somos insensibles ante las brechas sociales, supuestas causas de los conflictos, y estamos faltando el respeto al derecho de las personas a protestar libremente. La realidad es que esta idea, del conflicto como oportunidad para el cambio social, es elitista hacia la población rural y poco realista hacia las consecuencias de los conflictos.
El conflicto es una actividad compleja, difícil, costosa y peligrosa para quien la realiza. Sufren los involucrados y, muchas veces, sufren aún más sus esposas, hijos, y demás familiares. Para quienes capitalizan con los conflictos, obteniendo riqueza, prestigio social, o beneficios políticos, estos son costos colaterales necesarios para su progreso personal o político. Para la mayoría de los involucrados en los conflictos, estos son costos reales que afectan a todos, pero que benefician sólo a unos pocos. No debe sorprendernos que estos últimos justifiquen sus intereses presentando los conflictos como positivos para el bien común.
Los entusiastas de los conflictos podrían argüir que, si los conflictos tienen costos y riesgos, ¿por qué la población se involucra en ellos? En realidad, la población solo se involucra en un conflicto cuando asume que no tienen otra opción, cuando cree que la sociedad no le ofrece ningún otro camino, sea para defender sus condiciones de vida o para obtener un beneficio económico de las empresas mineras o del gobierno.
La habilidad de los promotores de conflictos sociales consiste justamente en convencer a la población local que involucrarse en un conflicto social es la mejor o la única forma de defender su dignidad y sus condiciones de vida, y abrirse una ruta de progreso. Es decir, la habilidad de los promotores de los conflictos está en manipular las creencias de la población, llamado por ellos de imaginario colectivo, inventando o exagerando los riesgos ambientales, como en Tía María y Cajamarca, o promoviendo y legitimando acciones violentas de extracción rentas como en Las Bambas. Lo que se observa en los cientos de conflictos mineros que ocurren en Perú, sean pequeños o grandes, es una combinación de temores ambientales, expectativas de extracción de rentas e intereses políticos como las reales motivaciones, detrás de los discursos cargados de acusaciones y resentimientos.
Quienes promueven o se entusiasman con los conflictos pueden estar ligados a sus beneficios, pero no a sus costos. Los promotores de los conflictos se han vuelto alcaldes, gobernadores y congresistas, o han hecho buenos negocios, y quienes se movilizaron en los conflictos han perdido muchos días de trabajo y han pasado por riesgos y momentos muy difíciles.
Aunque no lo digan en forma explícita, muchos creen que, más allá de sus costos, si la población logra sacar alguna ventaja de las empresas mineras por medio de los conflictos, entonces los conflictos se justifican. La población es pobre, las empresas son ricas, entonces si logran que las empresas les entreguen parte de su riqueza, aunque sea bajo la amenaza de acciones violentas, la sociedad peruana se haría menos desigual. En esa lógica, si con la extorción se logra la redistribución, entonces los conflictos tienen un efecto positivo sobre la desigualdad. Los que piensan así dicen que los conflictos no son negativos sino oportunidades de cambio social positivo (reducción de la desigualdad), y por ello deben ser motivo de celebración. Desde esta visión, los conflictos son una oportunidad y una manera adecuada para avanzar hacia un mayor grado de distribución de rentas y empoderamiento para las comunidades en el entorno de las actividades mineras. Este interés político opaca su visión para entender lo que sucede en la realidad.
Usar los conflictos sociales como oportunidades de transformación social tiene varios problemas:
1-Se basan en la manipulación. En la mayoría de los casos, para inducir a la población a asumir los costos y riesgos de movilizarse en un conflicto, se requiere asustarla exagerando algún daño real o propagando rumores sobre algún daño catastrófico en sus medios de vida, especialmente respecto el agua, y/o la presentación de alguna reivindicación económica muy significativa (pedir millones al gobierno o a la empresa minera). Las personas, que no son activistas anti-mineros, no interrumpen sus labores diarias para involucrarse en un conflicto si no tienen un motivo dramático. Los promotores de los conflictos, entonces, necesitan construir esa justificación dramática. Para ello, trabajan en forma complementaria con algunas organizaciones anti-mineras que se encargan de elaborar estudios “técnicos” que den apariencia de seriedad y credibilidad a los rumores, y así fortalecen la propagación de los temores. Para reforzar las apariencias, es común que las organizaciones anti-mineras difundan testimonios de algunos individuos “agraviados”, seleccionados, para incrementar el impacto emocional.
2-Se alimentan de la impunidad. Los conflictos mineros, tal como se realizan actualmente, incluyen la violación de derechos ajenos (empresas y otros grupos de la población) y el uso de violencia no armada (bloqueo de pistas, destrucción de maquinaria, incendios, etc.). Para hacerlo, los promotores de los conflictos buscan alejar la presencia de los organismos encargados de defender el Estado de Derecho (policía, fiscalía, jueces, etc.), y crear “zonas liberadas” de la presencia del Estado. Así ellos generan las condiciones para imponer sus propias reglas sociales y para hacer uso de la violencia impunemente. Los pacíficos son más del 95% de los manifestantes, y los violentos no pasan de una pequeña, muy pequeña, minoría. El problema es que esa pequeña minoría puede hacer daños inmensos en poco tiempo y la movilización crea el contexto para la acción de la minoría violenta. En los últimos años, ningún actor que llevó a cabo acciones de violencia en los conflictos sociales fue condenado, alimentando la idea de la impunidad para la violencia.
3-Desperdician el canon. Mientras la población está involucrada en conflictos con las empresas mineras, el canon minero, es decir, el aporte del 15% de las ganancias de las empresas mineras, entregada a las regiones y municipios para su desarrollo, es mal utilizado o literalmente saqueado por autoridades locales, disminuyendo así su efectividad en la creación de las condiciones para que el desarrollo regional sea más inclusivo. Mientras la minería entregaba a Cajamarca S/.4.440 millones para su desarrollo, los recursos eran robados o mal utilizados y la región marchaba hacia el último puesto, en cuanto a tasa de pobreza nacional. ¿Qué han hecho las autoridades Cajamarquinas con el canon? En la práctica, la conflictividad minera ha facilitado la acción de las autoridades corruptas. Distraídos con los conflictos, y en medio de un discurso de polarización social, nadie supervisó el uso de los miles de millones del canon. Para los líderes corruptos de Cajamarca, los conflictos sociales representaron una gran oportunidad de cambio.
4-Alimentan la cultura de la extorsión. En países, como el Perú, en que el Estado tiene serias limitaciones para garantizar el imperio de la ley, la extorsión es un fenómeno común (las ciudades de la costa norte del Perú dan una idea de los niveles a que puede llegar la extorción). La creación de un ambiente de conflictividad en el entorno de la minería favorece que algunos grupos se dediquen a la extorsión, es decir, a la creación de conflictos con el propósito de obligar a las empresas a entregarles beneficios especiales como requisito para seguir operando. ¿Por qué los entusiastas de los conflictos evitan o minimizan hablar de la cultura de la extorsión en la conflictividad minera? Sería bueno contar con un estudio serio sobre qué proporción de los conflictos mineros se deben al temor ambiental y a las iniciativas de extorsión. Los resultados pueden ser sorprendentes. El caso reciente de Las Bambas es MUY evidente, pero los entusiastas de los conflictos evitan tocar el tema. Para los extorsionadores, los conflictos representan su mejor oportunidad.
5-Son barreras al desarrollo regional. Solo los anti-mineros celebran la paralización de los proyectos mineros y el freno al desarrollo regional. Sin embargo, es mucho más amplio el universo de quienes no entienden como la conflictividad frena el desarrollo regional. Expliquemos un poco. La mejor manera para dinamizar el desarrollo regional es la conformación de una alianza estratégica entre las empresas mineras, las autoridades y empresarios locales, los productores rurales y las universidades. Con una alianza así podrían evitar la corrupción y orientar los miles de millones de soles del canon, generado por la minería, para realizar las obras prioritarias para el desarrollo regional. La conflictividad frena o mata la inversión minera, afecta su rol como dinamizador de la economía regional, reduce o anula el canon minero, limita el beneficio social de la minería a sectores minoritarios y bloquea la posibilidad de establecer una alianza estratégica entre los actores que pueden motorizar el desarrollo regional.
6-Distorsionan el debate. El conflicto legitima agravios que están exagerados o que no se encuentran técnicamente sustentados. Amplios segmentos de la población creen que tendrán afectaciones dramáticas como resultado de las actividades mineras, ese temor puede ser reducido con acuerdos entre las empresas, el estado y la población. Un acuerdo beneficioso para los actores involucrados implica que las empresas mineras compensen adecuadamente las afectaciones que pudieran sufrir sectores de la población, y que el Estado opere como monitor y garante. Para ello se requiere que el sistema de monitoreo sea confiable y capaz de hacer una estimación realista de dichas afectaciones. Si se cree que la minería acabará con la agricultura, envenenará el agua, o afectará toda una cuenca, es imposible que el compromiso de las empresas mineras pueda verse como suficiente, y así se destruyen las posibilidades de llegar a acuerdos duraderos entre empresas y comunidades.
7-Generan zonas de radicalización política. Los conflictos generan condiciones ideales para que las corrientes políticas anti-sistema desplieguen su narrativa. Cuando ocurre un conflicto sus promotores y aliados surgen como voceros calificados y logran acceso gratis a los medios de comunicación para así desplegar una campaña en contra de la minería, promover sus ideologías anti-democráticas, obtener reconocimiento personal, y acceder a puestos públicos. Los resultados de las elecciones nacionales muestran que, en aquellas zonas en que ha habido conflictos mineros, los grupos radicales han obtenido alta votación y tienen una influencia mayor que donde no hubo conflictos. No hay dudas de que los conflictos son oportunidades para quienes quieren cambiar el Perú hacia un régimen autoritario. Pregunto a los entusiastas de los conflictos, ¿es ese el cambio social que ellos tienen en mente cuando dicen que los conflictos son oportunidades?
Esta lista ilustra el tipo de cambio social que los conflictos provocan, y para hacer pensar a quienes, por interés o por ingenuidad, han asumido que los conflictos son oportunidades de cambio social positivo. No hay dudas de que los conflictos generan cambios sociales, pero la experiencia no indica que esos cambios sean positivos.
Hay, además, algunas preguntas de ética social que necesitan respuestas.
- ¿Por qué creen algunos que la población rural debe progresar vía la conflictividad, y que no le corresponde hacerlo en forma pacífica, como sucede con la mayoría de la población urbana? ¿Creen que los ciudadanos rurales son de segunda categoría?
- ¿Es moralmente adecuado poner en juego las limitadas fuentes de desarrollo de la población rural para que un grupo pequeño se beneficie económica o políticamente, con la justificación de empoderar a la minoría interesada en la conflictividad?
- ¿Por qué contribuir al crecimiento de la extracción de rentas vía conflictos, es decir a la ampliación de la cultura de la extorsión, que beneficia solo a grupos minoritarios y perjudica a rodos los demás, en vez de promover un desarrollo regional inclusivo, institucionalmente ordenado y bajo el imperio de la ley?
- ¿Por qué defender la impunidad de quienes cometen actos de violencia, en vez de condenar a la violencia para así separar la paja del trigo y permitir que los ciudadanos pacíficos puedan manifestarse libremente?
Y para que no digan que estamos hablando en abstracto, quisiera que los entusiastas de los conflictos respondan: ¿Cuál región del Perú ha logrado cambios sociales positivos y ha abiertos caminos de desarrollo compartido en base a los conflictos sociales?
Los conflictos sociales son problemas, y sus consecuencias son negativas, especialmente para la población de las regiones mineras. En vez de celebrarlos, como si fueran oportunidades, lo que hay que hacer fortalecer el marco institucional para que las soluciones sean favorables a la sociedad en su conjunto y no solo a los aventureros y a grupos minoritarios de la población local. Es fortaleciendo el marco institucional y canalizando productivamente los recursos creados por la minería que generaremos verdaderas oportunidades para hacer cambios sociales positivos socialmente amplios y durables.
Prédica de antimineros en CIDH (Buenos Aires)
Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia
El 25 de Mayo en Buenos Aires se dio la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema tratado fue “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en el Perú”. En él se presentaron exposiciones de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH), Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) e Instituto de Defensa Legal.
Exposiciones de las ONG’s
1. Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Para ella el Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Entre los hechos denunciados se encuentran la aludida existencia de Estados de Emergencia preventivos, el decreto 1095 que facilita el despliegue de Fuerzas Armadas fuera del Estado de Emergencia e impunidad de las fuerzas del orden frente a potenciales violaciones de derechos humanos (habiéndose dado tan solo una sentencia |por excesos policiales en conflictos sociales).
2. Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal.
Para ella, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras. Afirmó que en dichos convenios se establece la forma de proceder frente a los conflictos sociales. En estos convenios se establecen pagos a los policías y la misma institución. Se proclamó la existencia de 112 convenios entre empresas mineras y la PNP. Para Quispe estos acuerdos fomentan un accionar violador de los derechos humanos por parte de la policía en el contexto de los conflictos ligados al sector extractivo.
3. Milton Sánchez de la PIC
El último en declarar por parte de las ONGs fue Milton Sánchez que representa a una organización protagónica de las movilizaciones contra el proyecto de Conga. Sánchez afirmo:
“Ellos plantean construir reservorios como alternativa, pero esta tecnología no ha funcionado. Hemos recibido a cambio difamación en los medios de comunicación como Perú21. Han planteado construir centrales hidroeléctricas por la energía. Nosotros estamos en una situación muy vulnerable y hemos sido víctimas de la entrada del ejército y la policía. Los casos han sido archivados, pero a nosotros los procesos judiciales avanzan. Tenemos 23 años de extracción minera, y no hay desarrollo. Después de 23 años seguimos siendo el departamento más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia.”
En síntesis, la CIDH recibió por parte de los expositores peruanos elementos de la narrativa antiminera plenamente identificables, muchos de ellos con poca conexión con la realidad. Las afirmaciones de Milton Sánchez han sido bastante llamativas al respecto. ¿En base a qué pruebas Milton Sánchez afirma que lo reservorios son una tecnología que no ha funcionado? En Cajamarca, los reservorios Chailhuagón y San José son claras muestras de como la minería tiene el potencial de incrementar la disponibilidad de agua para la población. Por otro lado los efectos reductores de la pobreza de la minería han sido identificados en múltiples estudios estadísticos.[1]
Sánchez invisibiliza los temas de corrupción como obstáculo al desarrollo y asigna la responsabilidad exclusivamente al sector extractivo. Los gobiernos locales y regionales perciben un canon minero como parte de las rentas e ingresos para el Estado. Según CPI (2017) la población asigna a los Gobiernos Regionales un 7.4 entre 10 en temas de corrupción, siendo 10 lo más corrupto. Cabe resaltar que la corrupción implica un serio obstáculo para el desarrollo (en ámbito económico y social) y que no solo compete de las “actividades extractivas”. Además, debilita estructuras institucionales (incluyendo la policía), la gobernanza y los Derechos Humanos que a su vez debilitan las instituciones públicas. No se trata entonces de desligar responsabilidades en temas de corrupción, sino ver lo que realmente está fallando.
Se ha retratado al sector extractivo como propiciador de la violación de derechos humanos de la población local y degradadora del medio ambiente. Según estas versiones, se coopta a los organismos de seguridad del Estado mediante los Convenios de Cooperación poniendo a la policía a las órdenes de las mineras y dirigiéndolas hacia la represión violenta de la población.
Esta narrativa de la “Policía Mercenaria al Servicio de la Empresas Mineras”[2] tiene un conjunto de condiciones de las que depende su veracidad. Se asume que, al brindar las mineras soporte logístico y económico a la policía que protege sus instalaciones, los efectivos policiales se supeditarán a las órdenes de la Empresa. Parece obvio asumir que quien paga a alguien lo controla. Sin embargo lo que genera el control no es pagarle a alguien, es la capacidad de disponer del pago a libre voluntad. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y actúa en el marco de la ley. Empresa minera no puede amenazar a la policía con no renovar el contrato si no obedece sus órdenes puesto que no estaría dispuesta a amenazar sus propias condiciones de seguridad; ni puede decidir quién será el beneficiario de los pagos.
Se asume que este “control” de la policía por parte de la Empresa propiciaría la realización de abusos de derechos humanos. Según IDL, CNDH y la PIC las Empresas mineras usarían este control para fomentar que conductas abusivas hacia la población por parte de la población. Para que esta versión fuera cierta, las empresas mineras deberían considerar que la represión violenta de los manifestantes les es beneficiosa. La verdad es que si algo preocupa a las grandes trasnacionales mineras es verse involucradas en conflictos mineros con violaciones de derechos humanos y fatalidades. Las fatalidades en muchos casos anteceden a la paralización de proyectos, escalan los conflictos a mayores niveles de movilización, producen demandas judiciales o a la emisión de regulaciones más estrictas. Es decir según los antimineros las empresas extractivas ejercerían el control -que no tienen- sobre la policía hacia un mayor abuso de la población –que les perjudica financieramente. Esta acusación tiene poco fundamento, pero forma parte del credo de gran parte de los antimineros y de múltiples líderes de opinión.
Exposición del Estado Peruano
El primero en exponer por el Estado Peruano fue Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Él se dedicó a describir la institucionalidad ligada al mantenimiento del orden público y al cumplimiento formal de un conjunto de procedimientos legales. Afirmó que al Estado le preocupa la conflictividad social, que mantiene espacios de diálogo, y que toma medidas –que no fueron descritas– para prevenir los abusos de derechos humanos. Afirmó que no existen 112 sino 10 convenios vigentes entre la policía y las empresas mineras.
También expuso la Fiscal Superior Luz del Carmen Ibáñez ella describió el Estado actual de varios de los casos judicializados que fueron mencionados en las exposiciones de las ONGs y afirmó que el Estado persigue los ilícitos vengan de donde vengan.
Las intervenciones del Estado Peruano tuvieron como componente principal el negar las acusaciones realizadas por las ONGs con baja solidez argumentativa, en ningún momento se denunció que la seguridad brindada a las empresas mineras obedece a los reiterados saqueos y acciones vandálicas que han sufrido las operaciones mineras, afectando gravemente la producción nacional. Los casos de Tambo Grande, Hudbay y Conga nos muestran claramente que gran parte de las manifestaciones antimineras distan de ser manifestaciones pacíficas por lo que cierto grado de control policiaco es necesaria para evitar que la violencia se desborde.
Implicancias
¿Cuál es el interés de las ONG´s frente a la Comisión? En primer lugar la participación de estas organizaciones en estas audiencias deviene en un “entregable” frente a sus donantes, estas presentaciones facilitan la obtención de fondos por parte de estas organizaciones, fondos que en parte serán dedicados a debilitar la legitimidad del sector extractivo.
Por otro lado las declaraciones, medidas cautelares, peticiones y fallos de la CIDH terminan ejerciendo presión sobre el Estado, por un lado golpeando su reputación y en el caso más extremo mediante litigios estratégicos. Recordemos que la visita la ministra Marisol Pérez Tello a Máxima Acuña se justificó en medidas cautelares solicitadas por la CIDH.
Las acciones de la CIDH terminan sirviendo de recurso discursivo a los antimineros, para darle mayor credibilidad a sus argumentos. Luego pueden argüir que las acciones de las Empresas y del Estado Peruano están desafiando la institucionalidad internacional de derechos humanos.
Las acciones de incidencia de antimineros e indigenistas radicales frente a la CIDH no son gestos vacios, sirven para ir construyendo activos estratégicos de largo plazo en la disputa por la legitimidad del sector extractivo en el Perú.
[1] Ver: Aragón, F. M., &Rud, J. P. (2009). The blessing of natural resources: Evidence from a Peruvian gold mine. Banco Central de PeruWorkingPaper Series, 15.
Zambrano, O., Robles, M., & Laos, D. (2014). Global boom, local impacts: Mining revenues and subnational outcomes in Peru 2007-2011 (No. IDB-WP-509). IDB WorkingPaper Series.
[2]Titulo de un documento de la elaborado por multiples organizaciones antimineras disponible en: http://www.grufides.org/sites/default/files//documentos/documentos/Informe%2520de%2520Convenios%2520Esp.compressed.pdf
Los Conflictos y sus Discursos
Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia
Para entender porque ocurren los conflictos mineros es necesario saber diferenciar dos cosas: (1) las causas de los conflictos y (2) los discursos que los actores involucrados emiten para legitimar su accionar. Las causas son aquellos factores, condiciones y eventos que hacen surgir los conflictos y permiten que se sostengan. Los discursos, o narrativas, son los argumentos e historias generados para construir identidad y obtener respaldo social.
Cuando los líderes de un conflicto minero y las organizaciones que los apoyan (ONG, articulistas y partidos políticos) desarrollan su narrativa ellos están pensando en cómo fortalecer el movimiento y como construir figuras e imágenes que ganen la simpatía de la población, y muy especialmente de los medios de comunicación. La narrativa tiene que ser moral, emotiva y creíble. Ella puede referirse a algunas causas y no referirse a otras, si resulta o no conveniente hacerlo, o en algunos casos inventar “causas” que sean creíbles para la población y para la audiencia. La narrativa debe hablar de razones capaces de generar empatía con el conflicto,tales como: la defensa del agua, del medio ambiente y de la agricultura, y de un trato de respeto para las poblaciones locales. Para producir indignación en la población local la narrativa debe sostener también a la existencia de posturas abusivas de parte de las empresas mineras y de las instituciones públicas. Debe además transmitir una sensación de drama y urgencia, para lograr que las personas interrumpan su vida cotidiana y asuman los costos y riesgos de participar en la protesta.
En una primera aproximación, los discursos, pancartas, consignas aparentan ser las causas de los conflictos. Ello no debe sorprender a nadie. Los líderes están afirmando que luchan por tales y cuales motivos, y es muy probable que esas sean sus creencias. Pero, las creencias y la realidad ni siempre son lo mismo. Quien quiera entender los conflictos mineros y cómo manejarlos con efectividad necesita cernir los elementos de los discursos e identificar los factores que realmente está en su base y cuáles son solo argumentos construidos para justificar sus acciones y ganar simpatía social. Veamos un par de ejemplos.
Tía María
En el caso de la oposición al proyecto Tía María, el elemento central de la narrativa es el supuesto antagonismo entre la actividad minera y la agricultura en el Valle de Tambo. Sucede que ese antagonismo es falso. El proyecto no va utilizar el agua local, sino que va desalinizar el agua del mar, y canalizarla hacia la mina. Además, el proyecto es marginal al Valle de Tambo, y está ubicado en una zona desértica (La Joya). Con esa ubicación y con los actuales patrones de control ambiental exigidos en el país y suscritos por Southern Perú Corporation, los riesgos de afectación de la agricultura del valle pueden ser considerados nulos o, en el peor de los casos,confiadamente controlables.
En una reflexión preliminar, podemos decir que entre las causas reales del conflicto están los temores de la población hacia una potencial afectación ambiental de una operación minera de gran escala,que tanto la empresa como el gobierno central no han logrado explicar a los líderes locales, a las autoridades y a la población, como va operar y cual sería su impacto ambiental real.Otra causa es la acumulación de resentimientos resultados de décadas de una relación que es percibida por la población local como arrogante de parte de la empresa, y la empresa no ha sido capaz de revertir esa percepción antes de iniciar la implementación del proyecto. El tercer factor es la tradicional existencia de grupos radicales anti-sistema operando en el entorno, que encontraron en la polarización población-minería una oportunidad para desarrollarse orgánica y políticamente, siendo ese un factor político al que no se ha analizado a profundidad, ni dado un tratamiento adecuado.
La idea del antagonismo minería-agricultura, independiente de su realidad, es muy efectiva para propagar temor en una población de productores agrícolas que no entienden bien los impactos que puede tener la minería y que no confían en la empresa que lo llevaría a cabo.En ese temor, y en como ampliarlo, está la explicación de esas consignas en las marchas.
Un efecto adicional de la narrativa hostil a la minería es un pensamiento tácito,que es inconsciente, pero que también es muy importante: si hay gente movilizándose es porque tiene un motivo, y ese motivo debe ser el que está en las pancartas y en las explicaciones de los dirigentes y de las ONG que los apoyan. Así, la población local y la audiencia nacional resultan siendo influenciadas por la narrativa y por los elementos gráficos que la representan.
Ello es inevitable para poblaciones que están bajo cerco cognitivo y tienen dificultades para acceder a interpretaciones alternativas. Sin embargo,ello no debería ser así para los profesionales que se dedican a estudiar y a solucionar los conflictos mineros.
El problema de pensar con esa lógica superficial es que sometemos nuestro análisis a la narrativa de los promotores de la conflictividad y anulamos nuestra independencia para explorar las verdaderas causas del conflicto, causas que están ligadas a los temores y a los juegos de intereses de quienes ven en los conflictos mineros una oportunidad para obtener una ganancia extraordinaria sin generar riqueza, o para promover sus intereses políticos e ideológicos. Si nuestro pensamiento está sometido a la narrativa de los conflictivos, nuestra capacidad crítica se encuentra comprometida.
Conga
En el caso de Conga, la oposición central explorada por la narrativa fue:¡Agua Sí, Mina no!Los resentimientos de la población cajamarquina hacia Yanacocha, acumulados en décadas de malas relaciones, fueron parecidos a los existentes en el sur con Tía María. Los temores exacerbados y movilizados también fueron parecidos. Los anti-mineros han manipulado las creencias y la imaginación local sobre el impacto que la desaparición de las lagunas de Conga podría tener sobre el ciclo del agua en los valles cercanos. Las lagunas resultaron simbólicas como reservas de agua para la agricultura en la región, y su afectación generaba un temor generalizado. Como recurso narrativo las lagunas resultaron muy efectivas. Ellas eran parte de un paisaje natural que sería afectado por la actividad minera,y operaron como“prueba irrefutable” de que el proyecto Conga iba afectar negativamente la disponibilidad de agua para los campesinos. Algunas marchas han tenido por función reforzar el lazo emocional de los campesinos con “sus lagunas”, y funcionaron muy bien como recurso narrativo. Si algo sabe hacer los grupos anti-mineros es construir narrativas que resuenan en los sistemas de creencia y temores de las poblaciones locales.
Conclusiones
Sin queremos realmente reducir los conflictos sociales necesitamos independizar nuestro pensamiento, ir más allá de las narrativas conflictivas,y buscar las causas reales de los conflictos. Para ello,necesitamos observar los cambios económicos y políticos que desencadena una actividad moderna en una economía tradicional, los procesos de diferenciación social y los cambios en el poder político local y regional, identificar ganadores y perdedores entre esos actores, conocer el impacto simbólico y socioeconómico de una empresa moderna en una sociedad de pequeños productores y los temores que genera, y no olvidar que las empresas mineras son también gigantescas piscinas de riquezas de las que muchos desean sacar provecho. Teniendo claridad sobre esas piezas, el rompecabezas comienza a armarse.