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Algunas Lecciones del Conflicto de Tía María

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería.Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones.Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población.
9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.

Acuerdo por el Desarrollo – A propósito del proyecto Tía María

Publicado originalmente en El Comercio

Los abajo firmantes creemos en la posibilidad de una minería que cumpla con estándares globales, proteja el ambiente, dinamice el desarrollo nacional y beneficie a las poblaciones locales.

El gobierno ha aprobado la licencia de construcción de Tía María. La noticia ha sido bien recibida por unos y con preocupación por otros, debido a la ausencia de una institucionalidad que favoreciera acuerdos. En aras a viabilizar un diálogo constructivo, hemos creído necesario pronunciarnos sobre las tareas que los tres grandes actores involucrados en el proyecto deben asumir para evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables.

 1. La empresa:

a. Que asuma el compromiso de cumplir en forma rigurosa las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental, y crear mecanismos de monitoreo participativo que aseguren su cumplimiento estricto.

b. Que se comprometa a impulsar programas de desarrollo de la agricultura, la salud y la educación, y que maximice la contratación de mano de obra local en todo lo que sea viable.

 2. La empresa y el gobierno nacional:

a. Que en forma conjunta se comprometan en crear un Fondo de Desarrollo del Valle de Tambo con un mecanismo de gestión técnicamente competente, para adelantar los beneficios que la minería puede traer para la calidad de vida de la población.

 3. El gobierno:

Que brinde a la población y a las autoridades de la provincia de Islay dos garantías:

a. Que el EIA fue evaluado y es confiable y que, operando dentro sus marcos, el proyecto Tía María no va afectar ni contaminar el agua ni el ambiente del Valle de Tambo.

b. Que va implementar mecanismos de supervisión de las actividades de la empresa para prevenir cualquier incumplimiento y evitar hechos que pudieran perjudicar a la población o al ambiente.

 4. Las autoridades y líderes locales: 

Que, lejos de acoger discursos polarizantes, tomen la minería moderna como una oportunidad de desarrollo y se enfoquen en dos objetivos:

a. Construir las capacidades necesarias para aplicar bien los recursos generados por la minería (canon, regalías, etc.) para que se transformen en obras y servicios para su población.

b. Vigilar al gobierno y Southern Perú para que cumplan los compromisos asumidos, especialmente respecto al cuidado del agua, el ambiente y la ejecución de los proyectos de desarrollo.

Si la empresa, el gobierno nacional y las autoridades y líderes locales asumen esos compromisos en forma pública y explícita, el diálogo servirá́ para que las tensiones se disipen, abriendo una nueva fase de desarrollo para la provincia de Islay, Arequipa y el Perú.

Los abajo firmantes estaremos atentos al avance de las partes en el cumplimiento de estas obligaciones.

¿Tía María va o no va?

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Los beneficios económicos y sociales del proyecto minero Tía María son indiscutibles. El proyecto de Southern Peru, tiene un horizonte de 20 años, con los actuales yacimientos. Se estima que va generar más de 4,000 empleos (directos e indirectos) por los 20 años, otros 3,000 empleos directos más durante la construcción, va entregar un total de 5.5 mil millones de soles en canon y regalías, 100 millones de soles en canon anual solo para la provincia de Islay (con poco más de 50 mil habitantes), 215 millones de soles anuales de impuesto a la renta para el Estado peruano, además de la dinamización y modernización de la economía de la provincia, del valle de Tambo y del entorno de Mollendo. Y como todo proyecto minero moderno, su EIA ya tiene previsto el control ambiental para no afectar el valle cercano del Río Tambo y la recuperación del área perturbada una vez culminada la actividad minera, minimizando así su impacto ambiental en la zona desértica donde operaría. Este proyecto puede ser el inicio de una serie de inversiones adicionales que el Grupo México (Socios controladores de Southern Peru) tiene planificada llevar a cabo en Perú, totalizando cerca de 8.0 mil millones de dólares.

Además, la puesta en marcha de Tía María puede significar una señal positiva para toda una cartera de ampliaciones y de nuevos proyectos mineros por un total de 59 mil millones de dólares, que están esperando que el actual gobierno sea capaz de garantizar el estado de derecho en todo el país para poner en marcha sus inversiones, dinamizando así la economía nacional. No hay que olvidar que cerca de 17% de esta cartera de proyectos se encuentra paralizada a causa de conflictos sociales.

A pesar de esos grandes beneficios, el riesgo de bloqueo del proyecto es alto, y de acá a pocos meses podemos estar asistiendo un nuevo fracaso de los gobiernos peruanos para posibilitar el aprovechamiento del extraordinario potencial mineral, especialmente metálico, del Perú. Este artículo explica brevemente los riesgos y posibilidades de desenlace del tercer intento de implementación del proyecto, actualmente en curso (2011, 2015 y 2019), y qué hacer para evitarlos. Estas notas se basan en un análisis del proceso estratégico detrás del conflicto de Tía María escrito por Camilo Ferreira y Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, y que se encuentra actualmente en prensa.[i]

Los conflictos mineros son fenómenos complejos, de larga duración, con múltiples factores causales y una diversidad de actores involucrados. ¿Cómo analizar entonces la situación y perspectivas de Tía María? El enfoque utilizado por el Centro Wiñaq se basa en la teoría de juegos y combina tres perspectivas.

• La primera se refiere a las estrategias de los movimientos sociales para derrotar poderes establecidos, desarrollado por Gene Sharp, del Albert Einstein Institute.[ii]
• La segunda es una generalización del marco analítico de Paul Davis, de Rand Corporation, para analizar los factores que determinan el soporte público a los movimientos políticos:[iii]
• La tercera perspectiva se basa en los estudios de Scartascini et al. (2008) del Banco Interamericano sobre cómo las instituciones políticas realmente funcionan en los trópicos.[iv]

Estudiando los colapsos de proyectos mineros en Perú y en varios otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, etc., hemos encontrado que la viabilidad de los proyectos mineros depende de cuatro pilares de soporte y que, si cualquiera de esos pilares colapsa, el proyecto se vuelve inviable, aún que los demás estén sólidos (las cadenas se rompen por el eslabón más débil).

El Poder Ejecutivo y el Proyecto Tía María

La postura favorable o desfavorable de los pilares de soporte hacia un proyecto minero depende de los sistemas de incentivos que ellos enfrentan, es decir, si les conviene o no les conviene apoyar la puesta en marcha de dicho proyecto.

En el caso de Tía María, la postura del poder ejecutivo es la variable crítica para el futuro del proyecto, pues no se observa situación con alguna posibilidad relevante que pudiera inducir al congreso, al poder judicial o a la empresa a afectar la viabilidad del proyecto. Si el Poder Ejecutivo es el pilar clave, se hace importante entonces identificar qué factores pueden incidir sobre el sistema de incentivos del actual gobierno peruano. Es decir, ¿qué condiciones o sucesos pueden influenciar las preferencias del gobierno en relación a Tía María?

Los 14 meses de este gobierno indican que no tiene una ideología hostil a la minería (post-extractivismo, pos-modernismo, neo-marxismo, etc.), pero también indican que sus intereses son exclusivamente políticos y ha dado señales que no está dispuesto a ponerlos en riesgo por un proyecto minero, por más importante que dicho proyecto pueda ser para el desarrollo económico del país.

Un gobierno así quisiera cosechar los frutos políticos y económicos de un nuevo proyecto minero, pero tiene un umbral muy bajo para los riesgos que está dispuesto a correr para ejecutarlo. Conviene tener en mente que este gobierno no tiene el soporte de un partido político, no tiene respaldo parlamentario y el apoyo de los medios varía mucho según el tipo de conflicto que enfrenta. Es decir, este es un gobierno cuyos intereses políticos dependen críticamente de su popularidad y de la amplitud de su coalición, y que está enfrentando dificultades para que éstas no se reduzcan. Un gobierno así tiene poca profundidad estratégica para enfrentar los conflictos sociales y políticos que pueden surgir durante la implementación del proyecto.

La empresa ha hecho gran parte de lo que le correspondía hacer para revertir los factores locales que determinaron los colapsos anteriores. Ha llevado a cabo todo un programa de educación de la población, visitando casa por casa y disipando los temores ambientales que los grupos hostiles habían diseminado en la población. Los resultados de su labor han sido positivos: la opinión pública de la provincia de Islay está mayoritariamente favorable al proyecto (59%, según Vox Populi). Ello es importante porque la población en el entorno al proyecto tiene un rol crítico en su viabilidad. No hay proyecto minero viable sin apoyo de la población del entorno.

Sin embargo, la opinión de la población del entorno no es suficiente para garantizar su implementación y una encuesta reciente de Idessia indica que, en la provincia de Arequipa, fuera del ámbito del proyecto, el 62% de la población está mayoritariamente en contra.[v] Además, el Comité de Regantes del Valle de Tambo, la principal organización de los agricultores, se mantiene en contra del proyecto y los grupos hostiles a la minería están activos y buscan la radicalización de la población.[vi]

La fuente principal de los riesgos para el proyecto proviene de los factores políticos: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía y Deán Valdivia se han pronunciado en contra del proyecto. Además, los congresistas de izquierda están activamente oponiéndose al proyecto y para muchos periodistas y los medios de comunicación ellos son voces calificadas para explicar los conflictos. Ello significa que, en los próximos meses, los opositores a Tía María van contar con plataformas mediáticas gratis para atacar al proyecto y van poder hacer campañas contra el proyecto y a favor de la conflictividad.

La experiencia anterior de Tía María indica que, cuando los conflictos de desarrollan, la situación de la opinión pública tiende a deteriorarse.En 2015, al inicio del segundo conflicto, la opinión pública a nivel nacional (Según GFK) era 55% a favor de la ejecución del proyecto.[vii]Pero, cuando el conflicto avanzó, la opinión pública nacional se inclinó mayoritariamente en contra de la implementación inmediata del proyecto: 45% prefería una suspensión definitiva y 23% opinaba por la cancelación definitiva, totalizando un 68% en contra del proyecto.[viii] En la situación actual los márgenes son más angostos que en el 2015.

También hay que considerar los costos políticos que el conflicto puede tener para el gobierno. En el 2015, antes de la escalada del conflicto la popularidad de Humala era de 24% y su desaprobación era de 72%, al final, su popularidad había caído a 16% (una queda de 8%) y su desaprobación había aumentado de 77% (una subida de 5%). Ello significa que, cuando hay un conflicto minero, la popularidad de los presidentes tiende a caer. Para un gobierno que prioriza su popularidad, esa tendencia es preocupante.

¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Tía María?

Quienes deseen que Tía María se implemente (Southern, SNMPE, CONFIEP, periodistas, políticos y analistas) deben tener claro que lo que tienen por delante es un conflicto político, que el desenlace va depender de las decisiones del poder ejecutivo, y que esas decisiones van a depender a su vez del sistema de incentivos que el ejecutivo enfrente. En otras palabras: ¿Con cual desenlace el gobierno gana o pierde más? ¿Es con la implementación del proyecto o es con su abandono? La principal forma de incidir sobre la viabilidad de Tía María hoy es afectando el sistema de incentivos que enfrenta el gobierno.

Esa batalla tiene que darse a nivel nacional, regional y local, con voceros serios y creíbles con una narrativa adaptada a los diversos segmentos de la población. Dicha narrativa a Tía María debe basarse en el actual sistema de creencias de la población, evitando las explicaciones que sobrevaloran los elementos técnicos o que subvaloren la inteligencia de la gente, respondiendo a sus intuiciones y temores. No hay que olvidar que Lima es la caja de resonancia del país y que lo que se difunde en Lima llega a todas las regiones y se vuelve un instrumento para las luchas locales.

El apoyo social a Tía María va depender de que el gobierno, de que la empresa y de que las instituciones del sector logren responder bien a algunas preguntas que la población tiene en su cabeza:

• ¿Es Southern una empresa confiable? ¿por qué puedo confiar en Southern?
• ¿En qué ha cambiado Southern para que sea confiable? Si la empresa antes no era confiable, ¿qué señales indican que ahora ella es distinta?
• ¿El proyecto actual representa o no un riesgo real para la agricultura del valle de Tambo? ¿cómo puedo saber que el agua y el aire del valle no van ser afectados por la actividad minera cercana?
• Si Tía María no es una amenaza, ¿por qué entonces la población y las autoridades locales se oponen al proyecto? Si la gente se moviliza debe tener una razón para hacerlo, ¿cuál es la verdadera razón de las movilizaciones?
• ¿Cómo tiene el gobierno previsto garantizar la protección ambiental del valle de Tambo? ¿Qué mecanismos confiables ofrece el gobierno para proteger el ambiente del valle?
• Si Southern no cumpliera sus promesas y comenzara a contaminar, ¿tiene el gobierno la voluntad política y la capacidad institucional para obligarle a hacer lo correcto? ¿Cómo el gobierno garantiza que la empresa no le va manipular en caso de contaminación?
• ¿Qué razones tengo para confiar en las promesas de este gobierno? Si el gobierno va ser el garante de la población, ¿Qué señales muestran que el garante es confiable?

En la medida en que la población encuentre respuestas claras y convincentes a esas preguntas, sus preocupaciones se reducirán y los grupos hostiles a la minería perderán influencia. Por ello, la batalla de fondo no puede reducirse a elementos transaccionales (obras, proyectos de desarrollo, donaciones, etc.). Tiene que apuntar a ganar la confianza, pues el grado de confianza de la población local, regional y nacional será la principal carta para definir si Tía María va o no va. 

Minería y Diversificación Productiva

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Con la calidad y cantidad de las reservas metálicas que tiene el Perú, la minería puede cumplir un papel fundamental en la superación de la pobreza y en la ampliación de las puertas del desarrollo en este nuevo siglo. Sin embargo, es común escuchar que la minería genera un modelo de crecimiento dependiente de una sola actividad que restringe las potencialidades de los demás sectores económicos del país.

Este es un argumento que suena sólido, pues una economía diversificada es, por lo general, más robusta que una economía con un portafolio reducido de productos. Sin embargo, la rigidez en el pensamiento económico, que busca forzar que el país tenga una economía diversificada en el corto plazo puede resultar siendo una traba para el mejor aprovechamiento de las reservas minerales del país y para que el Perú pueda desarrollarse en una economía globalizada.

La Enfermedad Holandesa

La versión más sofisticada de la crítica al rol de la minería en el desarrollo del país es un modelo conocido como la “Enfermedad Holandesa”.El origen de este concepto se remonta al hallazgo de gas en la costa holandesa, en 1960. Ello introdujo una nueva fuente de riqueza en la economía del país, generando una euforia temporal. Pero, gradualmente un efecto secundario de la exportación masiva de gas, fue el incremento del valor de la moneda nacional de entonces, el Gulden, que afectó la competitividad de los demás sectores económicos, frenando su crecimiento. El impacto más serio se dio en las actividades industriales orientadas a la exportación, provocando una desindustrialización de la economía holandesa.

Un fenómeno similar se observó en algunos países productores de petróleo en los años 70s, cuando el alza de los precios del petróleo significó un gran influjo de dólares en sus economías afectando los otros sectores, incluida la agricultura, y generando la tendencia a expandir el gasto público a niveles insostenibles.[1]

La idea de la Enfermedad Holandesa, creada por algunos periodistas de la revista The Economist, imaginada a partir de la experiencia de Holanda y de algunos países exportadores de petróleo, ha sido muy utilizada para cuestionar el rol de la minería en el desarrollo de los países emergentes, afirmando que el desarrollo de la minería necesariamente afectaba las posibilidades de las demás actividades. Es común que cuando alguien se refiera a la contribución de la minería al desarrollo del país (dinamización de las economías regionales, contribución fiscal, mejoramiento de la infraestructura vial, generación de divisas, etc.) surjan voces contrarias recordando este concepto.

Crítica a la Enfermedad Holandesa

Nuevos estudios, realizados en este siglo, han cuestionado la generalización del modelo de la Enfermedad Holandesa, mostrando como la minería sí puede tener un impacto positivo e importante en la dinamización y modernización del conjunto de los sectores económicos. Los Estado Unidos, en el siglo XIX, antes de volverse una potencia industrial, fue el mayor productor de materias primas del mundo, gracias a la abundancia de sus riquezas minerales. Su foco en la producción de materias primas no bloqueó su desarrollo industrial. La minería fue, en gran medida, su fuente de capitalización inicial y sirvió de laboratorio sobre producción industrial. La gran escala de las operaciones mineras le permitió aprender a manejar procesos productivos complejos y las tecnologías mineras de gestión fueron transferidas gradualmente al desarrollo industrial contribuyendo a que los Estados Unidos se transformaran en la primera potencia industrial del mundo.[2]

Esos nuevos estudios concluyeron que el freno al desarrollo de muchos países emergentes, ricos en reservas minerales, no se debe al desarrollo de la minería sino a sus limitaciones institucionales, técnicas o geográficas para desarrollar las otras actividades económicas. Es decir, esos países no exportan bienes industriales porque en esos campos son muy deficientes. Los países que lograron desarrollarse en base a la minería lo hicieron porque tenían depósitos minerales y porque atrajeron empresas extranjeras que disponían de tecnologías y de un volumen de capital que les posibilitaba el aprovechamiento económico de esos depósitos.[3]

Las otras actividades económicas de muchos países ricos en reservas minerales, como la agricultura y la industria, carecen de la productividad suficiente para competir en un mercado globalizado. Aquellos países en que esas actividades eran modernas y competitivas, lograron exportar sus recursos naturales y también alimentos y bienes industriales. El caso del Perú, que veremos más adelante, es ilustrativo de ello.

Hoy día tenemos una diversidad de países que lograron combinar minería, agricultura e industria en forma exitosa: Australia, Canadá, Noruega, Chile, Nueva Zelanda, y otros más. Como la minería requiere soluciones complejas, ello genera conocimientos que pueden ser utilizados por los demás sectores. Estudios recientes sobre Australia y Noruega muestran que el desarrollo del sector extractivo, además de capitalizar el país, irradia sus avances tecnológicos y sus experiencias prácticas de gestión hacia otros sectores, en especial hacia los sectores servicios y construcción. La falla del modelo de la Enfermedad Holandesa es no haber considerado la capitalización y la irradiación de conocimientos hacia los sectores transables y no transables de la economía. La difusión de conocimientos ha sido observada en estudios recientes.[4]

Los casos de Noruega, Australia y Nueva Zelanda son ejemplos de países desarrollados, con renta per cápita (PPP) entre 43 mil y 67 mil dólares que hasta hoy se sustentan principalmente en la exploración y exportación sus recursos naturales y tienen una participación de la exportación de petróleo y minerales mayor que el Perú.[5]

Para esos países el aprovechamiento de sus recursos naturales no es ninguna “dependencia”, sino una oportunidad para alcanzar un alto grado de desarrollo económico y social, dejando claro que la exploración y exportación de recursos naturales no es una traba para llegar a ser un país rico, sino una ruta que acorta la distancia entre la pobreza y el bienestar.

El caso de Botsuana, un pequeño país del sur de África, sin acceso al mar, cercado por países políticamente inestables, y afectado por la epidemia de VIH al final del siglo pasado e inicios de este siglo, es materia de estudio de quienes buscan rutas para el desarrollo de los países emergentes.[6]

En 1966, cuando se independizó, Botsuana era un país extremadamente pobre, con solo 22 personas con formación universitaria, pero en los 35 años siguientes mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 7.7%. En ese entonces, Botsuana tenía un PBI per cápita de sólo US$70, mientras el Perú tenía lo tenía en US$445. Es decir, en 1966 el PBI per cápita peruano era 6.4 veces más alto que el de Botsuana. Hoy, a inicios del 2019, Botsuana ha alcanzado un PBI per cápita de $8,260, un 16% más alto que el peruano.[7]

Botsuana se desarrolló gracias a la explotación y exportación de sus recursos naturales, especialmente del diamante. Los minerales son la principal fuente de divisas del país, representando 90% de las exportaciones y el 20% del PBI (2016). La historia de Botsuana evidencia que se puede superar la pobreza con un adecuado aprovechamiento y exportación de sus recursos naturales. La historia post-colonial de Botsuana ha sido muy diferente de sus vecinos: Congo, Namibia, Zimbabue e incluso Sudáfrica, y todo ello fue gracias al buen manejo de la riqueza creada por su minería.[8]

Minería y Agricultura en Perú

Los grupos contrarios a la minería buscan presentarla como inherentemente antagónica a la agricultura y repiten el modelo de la Enfermedad Holandesa como si fuera una nueva versión de la ley de la gravedad. Sin embargo, no aportan datos que sustentan sus opiniones. Veamos alguna data sobre el tema en el Perú.

Entre 1970 y 1994, cuando la actividad minera moderna era un tercio de lo que es hoy, la agricultura de la sierra se mantuvo semi-estancada, creciendo sólo 0.4% al año a lo largo de todo ese período. Es decir, el estancamiento del agro peruano antecede al desarrollo minero, y tiene otras causas, muchas de ellas históricas: muy baja productividad, minifundio, alto costo de transporte, incertidumbre climática, etc.[9] Richard Webb muestra que, en el período siguiente (1994 – 2011), cuando la minería moderna se desarrolló, la agricultura de la sierra rompió con su larga trayectoria de semi-parálisis, y pasó a crecer 4.1% anual, cerca de 10 veces más rápido que en el período anterior.[10]

Las causas del dinamismo reciente de la agricultura de la sierra son diversas, principalmente el mayor nivel de agregación espacial y la mejor conectividad. Sin embargo, el dinamismo de la agricultura de la sierra, en forma simultanea al desarrollo de la minería, contradice la narrativa de que la minería sea una traba al desarrollo agrícola de la sierra, como afirman los grupos hostiles a la minería. Los datos reales a lo largo de períodos largos muestran que no existe tal contradicción entre minería y agricultura andina, sino que las dos actividades pueden desarrollarse, y que los cambios que trae la minería (mejores carreteras, electricidad, servicios, centros urbanos, etc.) están creando condiciones favorables al desarrollo de la agricultura tradicional. Lo que sí ocurre en algunas zonas periféricas a las operaciones mineras es que las actividades no agrícolas (transporte, alimentación, alojamiento, construcción, etc.) ofrecen ruta de capitalización más rápida que la agricultura tradicional, atrayendo mano de obra hacia ellas, acelerando la migración de las poblaciones rurales hacia los centros poblados de dichos entornos mineros.

Entre 2005 y 2015, la minería peruana creció a 9% anual. En ese mismo período la agro-exportación creció a una tasa extraordinaria de 16% anual. Este fenómeno ocurrió a lo largo de diez años consecutivos. Es decir, en el Perú se ha dado el caso que dos actividades exportadoras (minería y agro-exportación) han tenido un período de auge simultaneo, sin que una generara trabas a la otra. No existe por tanto evidencia alguna de que la minería haya dificultado el desarrollo de las actividades agro-exportadoras, ni que el desarrollo minero peruano esté produciendo algo parecido a la Enfermedad Holandesa.

En el período 1991-2000, el PBI agropecuario creció 64% en términos reales, una tasa mayor a la del crecimiento del PBI global de la economía, que fue de 45% en el mismo período. Ello sugiere que en el Perú lo que ocurre es una sinergia positiva entre el crecimiento de la economía, motorizado por la minería moderna, y el sector agropecuario, justo lo opuesto al que afirman los grupos hostiles a la minería.[11]

La lógica detrás de la falsa dicotomía

Si los hechos evidencian que la minería no dificulta el desarrollo agrícola ni traba el crecimiento de las actividades agro-exportadoras, y si sugieren una sinergia positiva entre ambos sectores, surge la pregunta: ¿Por qué ese argumento está presente en las conversaciones sobre la minería? Las razones son dos: ideológicas y políticas.

La razón ideológica es la postura de muchos grupos contrarios al sistema de libre mercado. Sucede que la minería en Perú, y en muchos países emergentes, es un poderoso motor económico, y esos grupos necesitan generar argumentos contrarios a ese motor. Ello es importante en los países emergentes pues es frecuente que la minería sea la principal (y muchas veces la única) actividad económica capaz de competir en los mercados globales. Sin minería, muchos países emergentes caerían en una situación de estamento económico y de crisis política. Dado que resulta difícil negar su contribución al desarrollo, buscan entonces descalificar el tipo de desarrollo que la minería genera, como un desarrollo que distorsiona el potencial de los otros sectores.

Las razones políticas tienen que ver con los sectores sociales que predominan en las zonas mineras: los productores ligados a la agricultura tradicional. Para movilizar a esos sectores en contra de la minería se requiere una narrativa que los lleve a ver a la minería como una amenaza a su actividad principal, la agricultura. La contraposición entre la agricultura y la minería resulta entonces fundamental para justificar la promoción de los conflictos y para justificar los conflictos ante la opinión pública. El razonamiento propuesto es simple: (1) la agricultura una actividad muy importante para la población rural, (2) la agricultura debe ser protegida y, (3) si la minería perjudica a la agricultura, entonces no se debe aceptar la minería. Ese argumento también sirve para influenciar a los líderes de opinión para que expliquen los conflictos mineros como una acción de defensa de la agricultura: agro sí, mina no. No es raro escuchar a profesionales que está a favor del desarrollo repitiendo los argumentos de quienes tienen objetivos muy distintos a los de ellos.

Para los grupos adheridos al tribalismo ideológico, como los pos-extractivistas y anti-sistema en general, si los hechos cuestionan su narrativa, hay que negar a los hechos para mantener la narrativa. Por ello las ONG de los grupos pos-extractivistas: CooperAcción, GRUFIDES, Red-Muqui, etc. difunden la idea del antagonismo entre la minería y la agricultura. Este supuesto antagonismo se resume en la consigna “Agro Si, Mina No” que es vociferada en múltiples conflictos anti-mineros.

Sucede que la posibilidad de desarrollo de los países emergentes depende de su capacidad para realizar actividades económicas competitivas en el mercado global. Es importante entonces ser realistas en la identificación de esas actividades, pues de ello depende el bienestar de las futuras generaciones. En el caso del Perú, la minería metálica es una de esas actividades y su desarrollo puede acortar el camino hacia una sociedad con menos limitaciones económicas y más posibilidades de aprovechar las oportunidades que están surgiendo en este siglo. La minería, además de generar ingresos inmediatos, puede ser la principal fuente de los recursos para la construcción de capacidades para la economía peruana.

El Conflicto en las Bambas y Riesgos Sobre el Sector Minero

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia el 02/05/2019

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq

El conflicto en el entorno al proyecto minero las Bambas no ha sido resuelto y dista mucho de serlo. En estos momentos aún se mantienen las negociaciones entre la minera, el Gobierno Central y diversos representantes de la población local. Pese a ello es posible estimar algunos de los efectos de este conflicto en su etapa de mayor participación de acciones directas tales como el bloqueo de carreteras.

Hemos divido los posibles efectos de este conflicto en dos bloques: en primer lugar, están aquellos efectos con una alta probabilidad de ocurrencia, las cuales son de ocurrencia casi segura. Y por otro lado de encuentran aquellos con una moderada probabilidad de ocurrencia. Muchos de estos riesgos son preexistentes al conflicto en Las Bambas y han sido línea de incidencia del activismo anti-minero desde hace varios meses o incluso años; sin embargo, el reciente conflicto ha incrementado su probabilidad de ocurrencia.

Riesgos de probabilidad moderada:

• Eliminación de la depreciación acelerada: Esto reduciría el valor presente de las inversiones mineras. Hay un conjunto de intereses que resultan atraídos por acabar con esta modalidad de depreciación. La existencia de grandes inversiones mineras aun depreciando activos genera la expectativa de importantes ganancias económicas para los gobiernos locales y regionales. El activismo anti-minero está muy atraído por una medida que llevaría a una menor inversión minera. Adicionalmente, la opinión pública que puede ser fácilmente convencida respecto a apoyar lo que se puede caracterizar como el fin de un privilegio tributario para los ricos. El no aporte de Canon por parte de MMG Las Bambas, resultado de este régimen tributario, ha servido de plataforma para diversos actores políticos y sociales para solicitar esta eliminación.
• Fin de los convenios entre empresas y PNP: Este es una línea de incidencia sistemática del activismo anti-minero. Litigios estratégicos que involucran a IDL y la ONG internacional Earthrights han sido interpuestos frente al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos con el fin de restringir la presencia policial en resguardo de la seguridad de los campamentos mineros.
• Expansión en la aplicación de la denominación de pueblos indígenas y expansión de los requerimientos de Consulta Previa:Desde hace un tiempo el indigenismo radical y los pos-extractivistas impulsan la auto identificación como requisito único para considerar a una población como indígena, de manera conjunta se impulsa que la Consulta Previa pase a tener carácter vinculante. El efecto conjunto, si ambas campañas fueran exitosas, consistiría en generar una multiplicidad de actores locales con los que un proyecto minero tendría que negociar porque estarían provistos de poder de veto sobre la viabilidad del proyecto. Se requeriría de la aprobación simultánea de todas las comunidades en el entorno de un proyecto. Este riesgo es especialmente relevante en zonas de lengua mayoritariamente aymara o quechua puesto los activistas anti-mineros podrían apoyarse en los resultados del último Censo para apoyar sus posiciones. En el caso de Las Bambas, los anti-mineros y sus afines mencionan permanentemente que la población en el entorno del proyecto minero las Bambas es indígena y que la conflictividad social en la zona ha sido impulsada por no aplicar estándares de Consulta Previa a la población local.
• Amnistía a Acciones de Fuerza Anti-mineras: Como parte de los acuerdos firmados el 24 de abril en Fuerabamba, entre las comunidades locales y funcionarios públicos se encuentra la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía a los acusados de diversos crímenes asociados a la conflictividad social anti-minera en el Corredor Minero del Sur. De aprobarse esta medida se consolidaría la impunidad plena ante acciones violentas por parte de manifestantes hostiles a la minería.

Riesgos de probabilidad de alta:

• Severas restricciones en el uso de las ITSs: El instrumento de los Informes Técnicos Sustentatorios se ha visto severamente deslegitimado con el conflicto en Las Bambas, su uso es un componente importante en el discurso vertido por Cooperaccion respecto a los orígenes mismos del conflicto. En futuros casos de conflictividad social que involucren a los ITSs los funcionarios que autorizaron el uso de esta herramienta serian severamente criticados. Por ello, los funcionarios públicos enfrentan un poderoso incentivo para no autorizar el uso de ITSs.
• Empoderamiento de Cooperacción: La ONG anti-minera Cooperaccion ha ganado múltiples espacios en medios de comunicación y líderes de opinión gracias a este conflicto. Sus voceros han tenido diversas apariciones en la calidad de expertos en la temática de Las Bambas. A esto se le agrega que la interpretación de Cooperacción del conflicto se ha extendido entre líderes de opinión y periodistas. Con voceros e ideas mejor posicionados Cooperación ha sido claramente un beneficiario de este conflicto.
• Elevación del costo de tierras para proyectos mineros y su cadena logística: El conflicto ha generado precedentes de compensación por uso de tierras sumamente elevados. En el caso de Yavi Yavi se menciona pagos del orden de los 80 mil dólares por hectárea por el uso de terrenos de la comunidad para la mejora de la carretera por la que se traslada el material extraído de Las Bambas. En especial en el Corredor Minero del Sur, esto está generando expectativas de pagos semejantes no solo por los terrenos bajo los cuales se encuentran los yacimientos sino también para todas las tierras que en alguna medida son necesarias para las operaciones o logística de un proyecto minero.
• Bajísimos costos de las acciones directas: En el caso de Las Bambas el gobierno central ha mandado una poderosa señal al activismo anti-minero: Que no está dispuesto, casi bajo ninguna circunstancia, a incurrir en el riesgo político de despejar las vías bloqueadas a través de la PNP aun si pocas decenas de manifestantes participan en el bloqueo. Esto reduce los desincentivos para la toma de carreteras como medida de fuerza en un conflicto minero.

Los conflictos como Las Bambas no se dan en compartimientos estancos sin afectar a las otras a las otras empresas del sector minero. Esta clase de conflictos desencadenan dinámicas políticas y sociales que terminan propiciando la ocurrencia de riesgos que pueden terminar afectando al sector minero peruano como un todo.

La Legitimidad Social de la Minera

Este artículo fue publicado 25/11/2015 en Lampadia

Escrito por Sebastiao Mendonca Ferreira, del Centro Wiñaq

“No hay nada más práctico que una buena teoría”

Kurt Lewin, MIT

Los conflictos mineros parecen rayos en cielo abierto. Aparentemente todo está tranquilo en una región, y de repente un conflicto, que parecía ser un problema menor, adquiere una escala masiva y se hace noticia nacional o internacional.

¿Por qué los conflictos mineros pueden escalar tan fácilmente? ¿Cómo puede ser que empresas muy grandes y tecnológicamente sofisticadas puedan ver sus proyectos de miles de millones de dólares paralizados en forma tan sorprendente? ¿Cómo puede ser que esas empresas sean blancos de campañas de rumores y de acciones violentas generando grandes pérdidas a ellas y al país? ¿Qué es lo que posibilita que los conflictos mineros escalen localmente y ganen el apoyo de segmentos importantes de la opinión pública nacional en cuestión de días o semanas?

La respuesta breve es que ello depende de la legitimidad social de las empresas mineras y de la actividad minera en la sociedad peruana. La facilidad con que los conflictos escalan e impactan sobre la opinión pública nacional está directamente ligada al deterioro de la legitimidad de la minería. Es el descuido sistemático de la construcción y protección de dicha legitimidad lo que ha generado todo un conjunto de debilidades críticas que hoy son bien aprovechas por quienes ven en la promoción del conflicto la ruta de su ascenso político y económico.

Cuando una empresa o un sector como la minería dejan que su legitimidad ante la sociedad local sea dañada, la empresa y todo el sector se vuelven vulnerables a múltiples tipos de ataques y hace económica y políticamente rentable el aventurerismo político, estimulando así la expansión de esa actividad en el país.

¿Qué es legitimidad social?

Una de las definiciones más ampliamente aceptadas es de Suchman (1995):

“La legitimidad es una percepción o creencia generalizada [de la sociedad local] de que las acciones de una entidad son deseadas, apropiadas y adecuadas, dentro de un sistema construido de normas, valores, creencias y definiciones.” [1]

Lo desafiante de la legitimidad social es que es una batalla que se gana o se pierde en la mente y en los corazones de la población local, en el marco de sus creencias, estereotipos, inclinaciones sociales e instituciones. Sin un conocimiento profundo de esos elementos locales, las empresas mineras no tienen muchas chances de construir y proteger su legitimidad. Sin entender la cuestión de la legitimidad, los millones de dólares aplicados en proyectos de desarrollo y en campañas de imagen tienen resultados inciertos, para decir lo menos.

A diferencia de las empresas mineras, los grupos anti-mineros conocen muy bien el sistema de creencias de la población local y han desarrollado narrativas que apuntan a destruir la legitimidad de la minería y a justificar sus acciones en contra del sector. En realidad, el desarrollo de narrativas hostiles a la minería es una especialidad de esos grupos, sea en su versión marxista o post-extractivista.

Los pilares de la legitimidad de la minería

Remediación de pasivos mineros por impuestos

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq.

La minería moderna crea activos ambientales y en este artículo se propone que ayude a resolver los antiguos pasivos ambientales.

En setiembre pasado la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín dio un anuncio que puede ser muy positivo para la legitimidad de largo plazo del sector extractivo. La ministra dijo: “Vamos a presentar este proyecto de ley al Congreso de la República, es decir, así como se utilizan los impuestos para proyectos de infraestructura se podrán utilizar para remediar terrenos impactados por la minería”.

De ser bien encaminada, la remediación ambiental por impuestos puede afectar de manera relevante la eficacia de la narrativa pro-minera frente a la anti-minera, mejorar las condiciones ambientales degradadas por pasadas malas prácticas mineras y mejorar la viabilidad de las inversiones mineras.

Según el último inventario realizado por el MINEM[i], el Perú tiene 8,854 pasivos mineros. De estos un 76.61% es decir 6,783 se encuentran pendientes de gestión. Los pasivos ambientales mineros funcionan como una oportunidad fantástica para los anti-mineros. Organizan visitas de líderes comunales de aquellas zonas donde se van a asentar proyectos mineros a áreas donde existan pasivos mineros, en estas visitas los activistas anti-mineros fungen de guías y explican cómo ese daño ambiental sería un efecto inevitable de la actividad minera. Por ejemplo, a los comuneros de las inmediaciones del Proyecto Conga se les llevo a la cercana provincia de Hualgayoc, que tiene 885 pasivos mineros originados por operaciones mineras que empezaron en el virreinato. En el extranjero también se da esta práctica, en el Salvador la contaminación del rio San Sebastián producto de antiguas prácticas mineras fue eficazmente utilizada en la difusión de una narrativa que terminó con la prohibición de la minería metálica en todo el país. Imágenes como la superior, referente al rio San Sebastián en el Salvador, son un recurso discursivo más poderoso que cientos de páginas de un EIA realizado bajo los más elevados estándares técnicos.

La minería moderna tiene el nivel tecnológico necesario para controlar y mitigar eficazmente sus efectos medioambientales. Sin embargo, para la mayoría de la población la comprensión de los efectos de la minería se da en función a las consecuencias de las operaciones mineras previas a la legislación ambiental. Es muy difícil para la población entender la magnitud de los cambios tecnológicos en el sector minero cuando la experiencia previa ha dejado ese legado negativo. Los pasivos mineros se convierten entonces en insumos de propaganda de los anti-mineros. En la actualidad se realizan documentales respecto a pasivos ambientales de una corporación con tecnología de décadas atrás y el mismo es presentado a comunidades a miles de kilómetros de distancia con el fin de maximizar el rechazo a la minera.

La idea que la minería genera un legado ambiental irremediable es uno de los principales recursos discursivos de los anti-mineros. La realización de obras por remediación ambiental envía poderosos mensajes a la población. El primero consiste en la viabilidad técnica para la minería moderna de mitigar sus efectos ambientales, el segundo manifiesta el interés y preocupación del sector minero por el medio ambiente y el tercero muestra que el Estado Peruano se preocupa por los efectos de largo plazo de las actividades mineras. Es decir, con ello se incide sobre tres campos de la lucha por la legitimidad de la minería, (a) los efectos ambientales atribuidos, (b) la caracterización ética de las empresas y (c) la credibilidad de la institucionalidad pública dedicada a controlar la actividad minera.

La minería moderna enfrenta un problema de credibilidad respecto a la calidad de sus planes de cierre de mina. Al ser relativamente reciente la aplicación de regulaciones y tecnologías ambientales modernas la inmensa mayoría de minas no ha realizado actividades de cierre significativas, se pide entonces que la población tenga fe respecto a lo que puedan hacer las empresas mineras veinte o treinta años en el futuro. Este acto de fe es difícil cuando se tiene, en el presente, pasivos mineros en las cercanías claramente visibles y que forman parte de la memoria histórica local sobre los efectos ambientales de la minería.

Un programa a gran escala de remediación de pasivos ambientales por impuestos tendría otra gran ventaja puesto que necesitaría hacer uso de profesionales del ambiente que pasarían a estar asociados laboralmente con el sector minero. Estos profesionales podrían ser útiles en la lucha de ideas respecto a la minería y sus efectos ambientales. Podrían ser voceros calificados frente a los medios de comunicación, generar materiales académicos y participar en actividades de incidencia frente a los hacedores de políticas públicas.

Esta iniciativa permitiría presentar a la inversión minera como una actividad con efecto ambiental neto positivo, en el que la afectación propia de la operación sería compensada con creces por los efectos positivos sobre zonas previamente degradadas. Esto sería un poderoso recurso discursivo frente a líderes de opinión y el público en general.

Los materiales más vistos del 2017

Durante el año 2017, compartimos con ustedes algunos materiales que hemos desarrollado, así como algunos hallazgos con información producida por otros autores que encontramos interesante.  Esperamos que ayude a fomentar el debate basado en argumentos.  A continuación, presentamos el acceso a los 3 posts más leídos del año que acaba de terminar:

1. Los principales proyectos extractivos detenidos por conflictos sociales en América Latina –> http://bit.ly/2CS87ej 
2. Presentación del libro de Sebastiao Mendonça, presidente del Centro Wiñaq.  “Para Reducir la Conflictividad Minera” está disponible aquí en versión digital en PDF –> http://bit.ly/2fi81Sx
3. Nuestro artículo analizando el rol que juega la producción intelectual de los anti-mineros en América Latina en la conflictividad social –> http://bit.ly/2lsZ2Aq

Fake News y Anti Minería

Sebastiao Mendonça Ferreira

A propósito de las últimas elecciones americanas el concepto de Fake News se ha puesto de moda. Sin embargo, el uso de Fake News, o rumores en español, es un recurso usado por los manipuladores desde hacen muchos siglos, sólo que hoy las redes sociales y los celulares han hecho más fácil su propagación.

En 1475, en la ciudad de Trento, el cura Bernadino Feltre en un sermón acusó a la comunidad judía del asesinato de un niño desaparecido. Ello desencadenó una ola de violencia y saqueo de judíos. La ola se propagó por la región durante semanas a pesar de los esfuerzos de los gobernantes. A lo largo de todo el medievo los rumores fueron responsables del asesinato de miles de personas acusadas por plagas, terremotos, brujerías, herejías, etc.

El rumor es una noticia que circula en la sociedad afirmando que algo ha sucedido, en una situación en la que es difícil obtener evidencias para comprobar o negar la afirmación.  Los rumores son invenciones mentirosas o hechos deformados.

En la edad moderna, los rumores se han vuelto importantes instrumentos de especuladores políticos, especialmente de los grupos anti-sistema, como un mecanismo para generar actos de protesta o descalificar a personas e instituciones. Actualmente, los rumores son extensamente utilizado por las fuerzas políticas que buscan movilizar a la población en base a sus temores y resentimientos, con el propósito de lograr objetivos que no serían posibles si la toma de decisiones de la población se diera sobre informaciones verdaderas. Pasaremos a describir un caso de la aplicación de Fake News en el contexto de las industrias extractivas en Perú.

Mercurio en los caños de Cajamarca

Después del derrame de mercurio en Choropampa (2 de junio del 2000), la población de Cajamarca quedó muy temerosa de que el problema de intoxicación ocurrido en la carretera se repitiera en la ciudad. El accidente asoció la actividad productiva de la empresa Yanacocha con el mercurio, dando la impresión (falsa) de que Minera Yanacocha utilizaría el mercurio en sus procesos productivos como lo hace la minería aurífera artesanal.[i]El razonamiento tácito que se generó a partir de esa impresión fue: Si Yanacocha utiliza agua y mercurio, entonces el agua de la ciudad puede estar contaminada con mercurio.

En los meses que siguieron al accidente de Choropampa se propagó, en la ciudad de Cajamarca y en sus alrededores, una ola de rumores acerca de aguas contaminadas por mercurio metálico: muerte de truchas en la Posada del Puruay, agua con mercurio en la cuadra 8 del Jirón José Sabogal, una profesora de la urbanización Horacio Zeballos que dijo haber encontrado mercurio en el lavadero de su cocina, un profesor universitario en la Urbanización Amauta que afirmó que el agua de su casa salía con mercurio, etc.[ii][iii]Un ex-trabajador de Yanacocha llegó a afirmar que tosía mercurio, aún sin tener idea de cómo el mercurio, en su forma metálica y líquida, podría haber llegado en su garganta.[iv]

Análisis químicos y toxicológicos posteriores negaron todos esos rumores, pero la falta de evidencias fácticas ha sido presentada por las organizaciones hostiles a la minería como prueba de la parcialización de las instituciones públicas hacia la empresa. La táctica de los promotores de rumores es clara: si una institución técnica descalifica un rumor, hay que descalificar la institución y mantener el rumor activo.

Con el tiempo, el temor fue bajando y la ola de rumores sobre hallazgos de mercurio en el agua ha ido disminuyendo.[v] Sin embargo, la idea de la contaminación ha quedado grabada en la mente de la población, y una encuesta del 2016 encontró que no menos del 60% de la población de la ciudad de Cajamarca creía que su agua estaba contaminada por la minería.  El hecho que la empresa de agua de la ciudad realice un monitoreo permanente de la calidad del agua que distribuye, y asegure que no existe tal contaminación, no revierte el impacto de los rumores de los años anteriores.

Los rumores y su propagación

El rumor no es un hecho aleatorio, es una acción realizada con una intención. Es un evento mediático creado por alguién y para algo. Los rumores surgen de una persona o una organización interesada en afectar la imagen de una empresa, gobierno o personalidad. Puede originarse en una mala interpretación de un hecho o ser la invención de una historia.

Sin embargo, para propagarse el rumor necesita estar en sintonía con los temores y sentimientos de la población. El rumor, para poder propagarse, tiene además que basarse en las creencias de la población, tiene que activar estereotipos preexistentes en la mente de las personas, y tiene que conectar essas creencias y estereotipos por medio de la imaginación.

Los rumores no necesitan pruebas, necesitan indicios que los hagan creíbles. Nadie ha confirmado que el ex-trabajador de Yanacocha tosía mercurio metálico (si se hubiera confirmado el hecho, sería algo tan excepcional que volvería noticia en las publicaciones científicas de todo el mundo), pero si alguén lo dice en primera persona ello se vuelve creíble. La clave para el éxito de un rumor no es basarse en hechos sino en tener elementos de credibilidad. Si un periódico u ONG anti-minera lo publica, se le hace aún más creíble.

Para memorizarse, el rumor necesita ser parte de una narrativa. Para que funcione, el rumor necesita contar una historia que suene conocida y creíble. Para que sea creíble que el mercurio esté saliendo por los caños de agua de la ciudad, tiene que existir, en la mente de la poblacion, una empresa minera que usa mercurio, que no se interesa por la calidad del agua de los cajamarquinos y que, por ganarse unos dólares más, esté dispuesta a violar sus protocolos ambientales. Se necesita además que la empresa de agua, SEDACAJ S.A., sea profundamante incompetente y corrupta, incapaz de detectar el mercurio metálico en el agua, y dispuesta a falsificar la información brindada a la ciudadanía y a los órganos públicos. No se necesita mucha imaginación para inventar esas historias, si uno ingresa a los sites de las ONG anti-mineras va encontrar esta narrativa desarrollada en detalle.

Para propagarse, el rumor necesita replicadores, es decir, necesita medios, organizaciones, periodistas y “expertos” que difundan el rumor como si fuera verdad. Esos replicadores funcionan además como fedatarios de que la mentira es verdad, de que las versiones creadas en base a la fantasía son más reales que los hechos mismos. Si esas organizaciones y personas se presentan como ambientalistas, la propagación del rumor se vuelve una acción de significado ético y hasta valiente.  Si además reciben donaciones de los grupos de la cooperación contrarios al desarrollo del Perú, la propagación de rumores se vuelve una actividad económica rentable. Muchos de los reportes técnicos y reportajes elaboradas por ONG anti-mineras buscan dar credibilidad a rumores (intoxicación con metales pesados, intoxicación por polvo de camiones, etc.). Estos replicadores brindan la oferta de rumores.

Sin embargo, el eslabón más importante de la cadena de propagación de rumores es el público, es decir, la demanda. Para que el público propague un rumor este tiene que apoyarse en actitudes y emociones preexsitentes en dicho público. Los sentimientos y resentimientos acumulados son el combustible de los rumores.  Si esos sentimientos y resentimientos son suficientemente fuertes, la presentación de evidencias en contra del rumor no es suficiente para revertir ni frenar su propagación.

Los rumores en la anti-minería tienen dos funciones principales: inducir a la población a involucrarse en conflictos, y servir de prueba de que su narrativa contraria a la minería tiene elementos de verdad. Una tercera función no descartable es inducir a la población a votar por candidatos anti-mineros para que los “protejan” de las empresas mineras y la minería. Los rumores anti-mineros pueden elegir alcaldes, gobernadores y hasta congresistas.

La neutralización de los rumores

Porque los rumores se propagan en consonancia con los sentimientos, estereotipos y creencias de la población, puede ser muy difícil su neutralización. Probar que el rumor es falso no es suficiente, se requiere una reinterpretación del problema y una nueva historia.

Huang (2014),[vi] basado en la experiencia china, sugiere que las respuestas deben ser ágiles, tener evidencias vivas, ofrecer una explicación alterna y convincente y, en lo posible, basarse en una fuente independiente y creíble. Las respuestas, además, no deben responder solo al rumor sino también a los sentimientos, temores y prejuicios que están subyacentes al él.

Analizando el uso de rumores en la política americana, Berinsky (2012) del MIT, confirma muchas de las ideas de Huang, pero alerta que en algunos casos, los intentos de corregir los rumores terminan por reforzarlos. Lacoff (2015)[vii]razona en la misma línea y considera que la neutralización de una narrativa requiere una reinterpretación del problema (reframing), una forma distinta de entender el problema, y el desplazamiento de la agenda hacia otros temas.

En el Perú, los anti-mineros ya tienen un extenso paquete de rumores que utilizan en forma sistemática para desencadenar conflictos: suurgimiento de aguas blancas en los manantiales, contaminación de aguas por metales pesados, contaminación por nitratos, muerte de truchas, muerte o enfermedad de animales, intoxicación por polvo de camiones, etc. Todos ellos se basan en algún hecho que ha ocurrido alguna vez en alguna actividad minera en el país, y por ello son creíbles. Los rumores contra la minería constituyen una especie de arsenal mediático que despliegan cuando las circunstancias lo permitan.La capacidad de las personas para cuestionar un rumor depende mucho de la complejidad que tiene la explicación alternativa. Para que una explicación funcione ella no debe superar el nivel de complejidad que cada segmento del público esté familiarizado y debe basarse en los conocimientos e informaciones con que las personas dispongan con anterioridad. No puede basarse en muchos conocimientos nuevos, sino básicamente reinterpretar lo que la gente ya sabe.En la lucha contra los rumores, las explicaciones simples y directas ganan sobre los razonamientos largos y complejos.

La propagación de rumores es un componente fundamental de la tecnología de conflicto de los grupos anti-mineros. En todas las zonas mineras del país, cada vez que alguien desea desgastar una empresa minera, dañar su legitimidad, o promover un conflicto echa mano de algunos de los rumores de su batería.

Es común que, al ver los noticieros sobre los conflictos mineros en Perú escuchemos esos rumores ser propalados en los medios como explicaciones de los conflictos. Hasta en libros de conocidas instituciones de investigación social encontramos una dificultad de sus autores para filtrar los rumores y trabajar solamente con hechos verificables.

No debemos subestimar el poder destructivo de los rumores por más ridículos que puedan parecer a las personas adecuadamente informadas. Tampoco debemos aceptar que la población rural sea manipulada por grupos ideologizados ni por emprendedores destructivos. Quienes realmente deseen que la minería sea uno de los motores del desarrollo regional y que la institucionalidad democrática prevalezca necesitan conocer los rumores que están siendo propalados en sus zonas rurales y desarrollar mecanismos ágiles y efectivos de respuesta.

[i] Los problemas de intoxicación con vapor de mercurio en la minería aurífera artesanal son graves, y conocidos en la cultura popular. Ese conocimiento, en forma analógica, reforzó la asociación entre la minería aurífera moderna y el mercurio.

[ii]Por tener una densidad muy alta, 13.6, casi el doble de la densidad del hiero (7.9), el mercurio no podría flotar en los métodos conocidos de procesamiento de agua potable y quedaría retenido en las pozas, debajo incluso de la arena de los desarenadores, ni puede ser conducido en tuberías de distribución. Sin embargo, los rumores sobre el mercurio en los caños domésticos fueron difundidos sin poner atención a esos “detalles” físicos.

[iii]http://grufidesinfo.blogspot.pe/2007/04/episodios-de-contaminacion-con-mercurio.html, 21 de julio de 2017

[iv]https://celendinlibre.wordpress.com/2014/01/10/trabajador-de-yanacocha-denuncia-haberse-contaminado-con-mercurio/, 21 de julio de 2017.

[v]A diferencia de los métodos artesanales de la minería informal, el procesamiento de óxidos de oro de la minería moderna, como en Cajamarca, no utiliza el mercurio, sino el cianuro.El mercurio no es un insumo, sino un subproducto. Pero los difusores de los rumores tampoco se interesaron por esos hechos.

[vi]Huang, H. (2014). A war of (mis)information: The political effects of rumors and rumor rebuttals in an authoritarian country. British Journal of Political Sciences: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2131538

[vii]Lakoff, G. (2014). Don’t think of an elaphant. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.