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Disputa de Rentas y Conflictividad Minera

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia el 08/05/2019

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

La disputa de rentas

La disputa de rentas es una práctica milenaria en todas las sociedades, pero a partir del momento que se desarrolló la agricultura, la artesanía y el comercio, la disputa de rentas se expandió.[i] Los muros de los castillos y las murallas de las ciudades fueron construidos para evitar que los saqueadores pudieran apropiarse de sus riquezas.[ii] La historia universal está llena de ejemplos de invasiones, guerras y saqueos de las ciudades y ciudadanos más ricos.[iii]

En la medida en que las sociedades fueron desarrollándose la disputa de rentas fue asumiendo nuevas formas. Recién con el desarrollo del libre mercado y de protección de la propiedad privada es que la disputa de rentas comenzó a disminuir su rol en los procesos de acumulación de riqueza. En los países con mayor desarrollo institucional la disputa de rentas se da, principalmente, vía la creación de leyes, de monopolios y de la corrupción.

En los países emergentes, como el Perú, las rentas a disputar están relacionadas principalmente a: (1) las actividades extractivas (minería y petróleo), (2) la agro-exportación y (3) el presupuesto de la república. Las dos primeras son actividades económicas que pueden alcanzar niveles de productividad muy superiores al promedio del país, generando una piscina de riqueza que es ambicionada por muchos actores económicos y políticos. El presupuesto de la república pone miles de millones al alcance de los políticos y autoridades públicas: ministros, jueces, gobernadores, congresistas, alcaldes, etc.[iv]

La disputa de rentas asume formas diversas, dependiendo del desarrollo institucional de la sociedad. En muchos países africanos asume la forma de guerras civiles y dictaduras eternas: Zimbabue, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, etc. En otros países, con un nivel medio de desarrollo institucional, como el Perú, la disputa de rentas asume formas de conflictividad social y de luchas políticas.

En América Latina, el caso más dramático de disputa de rentas es el de Venezuela, en donde la apropiación de las rentas del petróleo ha ocasionado la destrucción económica del país. En Venezuela la disputa de rentas se ha dado por medio de la creación de un estado militarizado instrumentalizado con un discurso socialista.

Otro caso, no menos dañino, es el de Argentina, con la apropiación de las rentas de la agro-exportación: carne, soya, etc. En los últimos 100 años, Argentina ha caído bajo da influencia del peronismo y ha vivido una secuencia de crisis que la retiró de la lista de los países desarrollados, igualándolo con sus vecinos en materia de atraso económico y político. En el caso de la Argentina se ha desarrollado un modelo de estado parásito con un discurso de justicia social.[v]

En el Perú, las dos principales formas de disputa de rentas son (a) la corrupción (pública y privada) y (b) la conflictividad minera. La corrupción busca apropiarse del presupuesto público a nivel nacional, regional y local, y la conflictividad minera busca apropiarse de la alta productividad de la minería moderna. [vi]

Lo que viabiliza ese fenómeno en Perú es que el país tiene importantes riquezas minerales y un ambiente de negocios relativamente positivo, capaz de atraer grandes inversiones de empresas con tecnologías avanzadas, pero al mismo tiempo tiene un Estado que carece de la voluntad política y de la capacidad operacional necesaria para garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Como comenté antes en una entrevista a El Comercio, en la medida que uno se aleja de San Isidro el Estado de Derecho se deteriora y la impunidad se incrementa. La realidad institucional de algunas provincias del Perú puede parecerse más a países de África o de Centro América, que a Lima.

Las rentas que se disputan con la conflictividad minera pueden ser económicas, (enriquecimiento fácil), o políticas, (aumento de popularidad y acceso a cargos públicos). En el Perú de hoy, esas dos formas de rentas se alimentan entre si. En las zonas mineras muchos de los líderes de los conflictos (curas desconocidos, profesores mediocres, alcaldes incompetentes, abogados desocupados, etc.) se han enriquecido notablemente y han resultado elegidos alcaldes, gobernadores y hasta congresistas. Es raro que los líderes de los conflictos mineros no terminen envueltos en casos de corrupción. Conga y Tía María son ejemplos recientes y más conocidos.

El caso Las Bambas

Mientras más grande es una empresa, mayores son las expectativas de las rentas a disputar. Las Bambas es una empresa muy grande, una de las tres mayores productoras de cobre del país con una producción de más de mil toneladas de concentrado por día, que ha producido cerca de dos millones de toneladas de cobre en los últimos 5 años, y que ha generado una riqueza aproximada de 12 mil millones de dólares en ese mismo período.

El conflicto en Las Bambas, aún en proceso, es un ejemplo que ilustra la disputa de rentas como una de las principales causas de la conflictividad social. A diferencia de otros conflictos en donde la narrativa de los líderes era de protección ambiental (“agua sí, mina no”, “en defensa de nuestras lagunas”, “protección de la biodiversidad”, etc.), en el caso de Las Bambas, los mismos líderes fueron claros en señalar que el objetivo de su lucha era obtener mayores beneficios económicos de la empresa minera y del Estado Peruano. Lo que aspiran es seguir viviendo de la extracción de riqueza de una empresa altamente productiva y un Estado débil para hacer cumplir con la ley.

Algunas ONGs pos-extractivistas, como CooperAcción, han instalado oficinas en la zona, y han producido documentos diversos intentando desarrollar una narrativa ambiental en contra de Las Bambas, pero la influencia de los buscadores de rentas (Chávez, Rojas et al) resultó dominante. Esas ONGs, contrarias a la minería moderna, buscan justificar los conflictos de Las Bambas diciendo que son “conflictos de convivencia”, cuando existe abundante evidencia para entender que, en realidad, se tratan de “conflictos de extracción de rentas”.

En el intento del 2016, cuando bloquearon la carretera con varias zanjas, el mecanismo de extracción de rentas imaginado fue el cobro de un peaje millonario por el paso de los camiones de minerales, S/.5,000 por cada uno de los 200 a 300 camiones que circulan diariamente, cerca de S/.45 millones al año, algo más de 800 millones en los 18 años de vida útil de la mina. Este primer intento fracasó.

En esta segunda fase del conflicto, los comuneros exigen una indemnización extraordinaria por la carretera que cruza por el terreno entregado a ellos por Las Bambas como parte del cambio del terreno que ocupaban en el “footprint” de la operación. Según sus líderes, la carretera de cerca de 32 metros de ancho ocupa 39 hectáreas, y exigen 31 millones de soles como indemnización, aproximadamente 800 mil soles por hectárea, o 80 soles por metro cuadrado (precio de terreno urbano).[vii]

El gobierno tiene clara responsabilidad por esta segunda fase del conflicto. En la primera fase del conflicto el gobierno hizo una serie de promesas de proyectos de desarrollo, por casi dos mil millones de soles que nunca se ejecutaron. Ello, sin duda, ha generado un clima de frustración en la población. Hoy, el mismo gobierno reconoce que la indemnización por la carretera era un derecho de los comuneros, entonces surge la pregunta: ¿Por qué no los indemnizaron antes de ese nuevo conflicto, por qué esperaron que ocurriera el conflicto para pagar sus deudas con los comuneros?[viii]

Los abogados que los están asesorando, los hermanos Chávez, van recibir una comisión sustantiva del monto obtenido. Si esa comisión fuera de 30%, sería cerca de 10 millones de soles, si la comisión fuera de 20%, sería de un poco más de 6 millones. En ambos casos, los honorarios de los abogados serían extraordinarios para los estándares de cualquier país del mundo. Es más, estarán ganando honorarios para realizar una actividad de extorsión de una empresa minera que invirtió en el Perú y que cumple con todas las obligaciones legales que el país exige, cuando siendo los abogados quienes están promoviendo acciones de violencia y el Estado está renunciando a defender el estado de derecho.

Podemos hacer un cálculo aproximado para evaluar la rentabilidad del conflicto, redondeando un poco los números: una toma de carretera de 60 días, que genera 30 millones de reembolso, significa una renta de 500 mil soles por día de conflicto. Si la solución dada por el gobierno atiende, aún en parte, las exigencias económicas de los líderes conflictivos, la rentabilidad de los conflictos mineros se habrá disparado, enviando la señal a la macro región del sur y a todo el país que es posible extraer cantidades millonarias de riqueza del Estado y de las empresas mineras, si se organizan conflictos sociales. Los abogados de todo el país van encontrar que la asesoría a grupos conflictivos es una actividad de muy, pero muy, alta rentabilidad.

Las victorias de los depredadores, en el caso de Las Bambas y otros conflictos, además de generar costos extra al Estado y para las empresas mineras, va afectar a toda la población del país pues desincentiva la inversión productiva, haciendo que la organización de conflictos resulte mucho más atractiva que la organización de empresas productivas. No hay que olvidar que el emprendedurismo se dirige hacia donde los rendimientos son más altos, si el conflicto es lo más rentable del Perú, ahí va enfocarse la creatividad empresarial del país.

La consecuencia es que la iniciativa empresarial local (mediana y pequeña) se orientará hacia la conflictividad social en vez de enfocarse en la creación de riqueza y en la expansión de las oportunidades para la población local. Se desarrollará entonces un emprendedurismo depredador y socialmente excluyente. Lo que podría volverse un clúster productivo moderno alrededor de la minería, una actividad económica de alta productividad, se transforma en una zona hostil a la minería y a la actividad productiva en general. Esa distorsión de la economía regional tiende a beneficiar a unos pocos líderes conflictivos perjudicando a la gran mayoría de la población. El estancamiento de la ciudad de Cajamarca, resultado del conflicto anti-minero, es ilustrativo de esa tragedia.

Bendición o maldición

A fines del siglo pasado diversos economistas se han interesado por el impacto de los recursos naturales en el desarrollo y han encontrado que, en muchos países emergentes y ricos en recursos naturales, el impacto de dichos recursos no ha sido positivo (Sachs & Warner, 1997). [ix]  Los resultados fueron tan contra-intuitivos que los estudiosos acuñaron el término “maldición de los recursos naturales”.

Estudios posteriores (Mehlum et al., 2006), incorporando la variable institucional, encontraron que los recursos naturales pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo si el país tiene o no tiene instituciones capaces de evitar que predomine la disputa de rentas(emprendedurismo depredador). Es decir, un Estado capaz de evitar que las riquezas generadas por la exploración de los recursos naturales se transformen en blanco de extorsionadores, haciendo que el impulso emprendedor de la sociedad se mantenga en la producción y no se oriente hacia la apropiación de la riqueza ya creada.[x]

Botsuana, Malasia, y Chile son ejemplos de países que hicieron de sus recursos naturales una bendición, mientras otros países como Venezuela, Nigeria y Angola han mantenido o incrementado su pobreza a pesar de sus ingentes recursos naturales. Ello significa para el Perú que sus extraordinarias reservas de metales pueden constituirse en un motor del desarrollo capitalizando el país y financiando su diversificación económica, o pueden ser un factor que genere un ambiente de conflictividad que promueva una economía de disputa de rentas y frene su desarrollo. Cajamarca ya se inclinó hacia esta última opción, Apurímac está en esta disyuntiva.

Advertencia

La manera como el conflicto de Las Bambas está evolucionando hace pensar que Cotabambas y algunas otras provincias del corredor minero del sur se están transformando en sociedades de disputadores de rentas, es decir, sociedades de escala sub-nacional con economías atrasadas que, en vez de tomar la minería como un motor del desarrollo económico, optan por el conflicto social como la ruta con que esperan salir de la pobreza.

Si las situaciones de los conflictos mineros en Apurímac siguen evolucionando como están hasta el momento, las reservas de cobre, molibdeno, litio, plata y oro del sur del Perú, que podrían ser un importante motor del desarrollo de toda esa macro-región, van servir para transformar el sur del Perú en un territorio en qur la conflictividad social domina la vida social e inviabiliza los emprendimientos productivos.

La responsabilidad principal la tienen los gobernantes nacionales, son ellos los llamados a revertir esa tendencia destructiva, pero las empresas también necesitan apostar menos en los incentivos económicos y las negociaciones transaccionales y entender que los sentimientos y creencias de la población son determinantes para el clima social. Además, en un ambiente de precariedad institucional y escasa voluntad política de los gobernantes, las empresas mineras necesitan repensar sus estrategias políticas y sociales para ser capaces de evitar que la conflictividad social se vuelva la ruta de capitalización preferida de la población de las regiones mineras.

Michael Porter ha explicado que, en el siglo XXI, la ventaja competitiva de las empresas mineras ya no va estar en la tecnología ni en el modelo de negocio, sino en su capacidad de construir una relación positiva con la población del entorno y la sociedad nacional. En el Perú de hoy, esta habilidad es más que una ventaja competitiva, es una condición para su existencia en el largo plazo. [xi]

Lo que pase en Apurímac y en el corredor minero del sur en los próximos meses va influenciar de forma significativa si los recursos metálicos del Perú son una bendición o una maldición. Quienes deseen el desarrollo del país deberían ver una advertencia en la manera como está evolucionando el conflicto de Las Bambas.

El Conflicto en las Bambas y Riesgos Sobre el Sector Minero

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia el 02/05/2019

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq

El conflicto en el entorno al proyecto minero las Bambas no ha sido resuelto y dista mucho de serlo. En estos momentos aún se mantienen las negociaciones entre la minera, el Gobierno Central y diversos representantes de la población local. Pese a ello es posible estimar algunos de los efectos de este conflicto en su etapa de mayor participación de acciones directas tales como el bloqueo de carreteras.

Hemos divido los posibles efectos de este conflicto en dos bloques: en primer lugar, están aquellos efectos con una alta probabilidad de ocurrencia, las cuales son de ocurrencia casi segura. Y por otro lado de encuentran aquellos con una moderada probabilidad de ocurrencia. Muchos de estos riesgos son preexistentes al conflicto en Las Bambas y han sido línea de incidencia del activismo anti-minero desde hace varios meses o incluso años; sin embargo, el reciente conflicto ha incrementado su probabilidad de ocurrencia.

Riesgos de probabilidad moderada:

• Eliminación de la depreciación acelerada: Esto reduciría el valor presente de las inversiones mineras. Hay un conjunto de intereses que resultan atraídos por acabar con esta modalidad de depreciación. La existencia de grandes inversiones mineras aun depreciando activos genera la expectativa de importantes ganancias económicas para los gobiernos locales y regionales. El activismo anti-minero está muy atraído por una medida que llevaría a una menor inversión minera. Adicionalmente, la opinión pública que puede ser fácilmente convencida respecto a apoyar lo que se puede caracterizar como el fin de un privilegio tributario para los ricos. El no aporte de Canon por parte de MMG Las Bambas, resultado de este régimen tributario, ha servido de plataforma para diversos actores políticos y sociales para solicitar esta eliminación.
• Fin de los convenios entre empresas y PNP: Este es una línea de incidencia sistemática del activismo anti-minero. Litigios estratégicos que involucran a IDL y la ONG internacional Earthrights han sido interpuestos frente al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos con el fin de restringir la presencia policial en resguardo de la seguridad de los campamentos mineros.
• Expansión en la aplicación de la denominación de pueblos indígenas y expansión de los requerimientos de Consulta Previa:Desde hace un tiempo el indigenismo radical y los pos-extractivistas impulsan la auto identificación como requisito único para considerar a una población como indígena, de manera conjunta se impulsa que la Consulta Previa pase a tener carácter vinculante. El efecto conjunto, si ambas campañas fueran exitosas, consistiría en generar una multiplicidad de actores locales con los que un proyecto minero tendría que negociar porque estarían provistos de poder de veto sobre la viabilidad del proyecto. Se requeriría de la aprobación simultánea de todas las comunidades en el entorno de un proyecto. Este riesgo es especialmente relevante en zonas de lengua mayoritariamente aymara o quechua puesto los activistas anti-mineros podrían apoyarse en los resultados del último Censo para apoyar sus posiciones. En el caso de Las Bambas, los anti-mineros y sus afines mencionan permanentemente que la población en el entorno del proyecto minero las Bambas es indígena y que la conflictividad social en la zona ha sido impulsada por no aplicar estándares de Consulta Previa a la población local.
• Amnistía a Acciones de Fuerza Anti-mineras: Como parte de los acuerdos firmados el 24 de abril en Fuerabamba, entre las comunidades locales y funcionarios públicos se encuentra la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía a los acusados de diversos crímenes asociados a la conflictividad social anti-minera en el Corredor Minero del Sur. De aprobarse esta medida se consolidaría la impunidad plena ante acciones violentas por parte de manifestantes hostiles a la minería.

Riesgos de probabilidad de alta:

• Severas restricciones en el uso de las ITSs: El instrumento de los Informes Técnicos Sustentatorios se ha visto severamente deslegitimado con el conflicto en Las Bambas, su uso es un componente importante en el discurso vertido por Cooperaccion respecto a los orígenes mismos del conflicto. En futuros casos de conflictividad social que involucren a los ITSs los funcionarios que autorizaron el uso de esta herramienta serian severamente criticados. Por ello, los funcionarios públicos enfrentan un poderoso incentivo para no autorizar el uso de ITSs.
• Empoderamiento de Cooperacción: La ONG anti-minera Cooperaccion ha ganado múltiples espacios en medios de comunicación y líderes de opinión gracias a este conflicto. Sus voceros han tenido diversas apariciones en la calidad de expertos en la temática de Las Bambas. A esto se le agrega que la interpretación de Cooperacción del conflicto se ha extendido entre líderes de opinión y periodistas. Con voceros e ideas mejor posicionados Cooperación ha sido claramente un beneficiario de este conflicto.
• Elevación del costo de tierras para proyectos mineros y su cadena logística: El conflicto ha generado precedentes de compensación por uso de tierras sumamente elevados. En el caso de Yavi Yavi se menciona pagos del orden de los 80 mil dólares por hectárea por el uso de terrenos de la comunidad para la mejora de la carretera por la que se traslada el material extraído de Las Bambas. En especial en el Corredor Minero del Sur, esto está generando expectativas de pagos semejantes no solo por los terrenos bajo los cuales se encuentran los yacimientos sino también para todas las tierras que en alguna medida son necesarias para las operaciones o logística de un proyecto minero.
• Bajísimos costos de las acciones directas: En el caso de Las Bambas el gobierno central ha mandado una poderosa señal al activismo anti-minero: Que no está dispuesto, casi bajo ninguna circunstancia, a incurrir en el riesgo político de despejar las vías bloqueadas a través de la PNP aun si pocas decenas de manifestantes participan en el bloqueo. Esto reduce los desincentivos para la toma de carreteras como medida de fuerza en un conflicto minero.

Los conflictos como Las Bambas no se dan en compartimientos estancos sin afectar a las otras a las otras empresas del sector minero. Esta clase de conflictos desencadenan dinámicas políticas y sociales que terminan propiciando la ocurrencia de riesgos que pueden terminar afectando al sector minero peruano como un todo.

Activismo Anti-minero contra “Las Bambas”

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por el Centro Wiñaq

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo.

Producción Intelectual Anti-minera

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia.

Escrito por Camilo Ferreira, del Centro Wiñaq.

Las organizaciones anti-mineras tienen entre sus líneas de acción la generación y publicación de contenidos. A través de sus publicaciones estas organizaciones buscan posicionarse, frente a la sociedad, como “voces autorizadas”, como expertos para opinar sobre conflictividad social. Los contenidos también sirven como fundamento discursivo para la narrativa anti-minera. La ONG anti-minera CooperAccion es prolífica en la generación de esta clase de materiales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino”.

Introducción

El libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino [1], de César Flores et al y publicado por CooperAccion y OXFAM, ilustra la perspectiva que esas dos organizaciones tienen de los conflictos y las negociaciones vinculadas a los proyectos mineros. El libro presenta una interpretación de tres casos de conflicto en el sur peruano: Espinar, Cotabambas y Chamaca, para luego hacer generalizaciones antojadizas.

Como investigación, el libro es precario, describe una versión incompleta y parcializada de los hechos. Las únicas perspectivas que se observan en el libro son de las organizaciones y líderes ligados a la conflictividad. A lo largo del texto no se observa ningún esfuerzo de los autores por conocer y presentar, en forma medianamente imparcial, la perspectiva de los actores favorables a la minería o de las empresas mineras. Los principios de la objetividad, como conocer las perspectivas, intereses y versiones particulares de los diversos actores, están completamente ausentes en todo el libro.