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Algunas Lecciones del Conflicto de Tía María

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería.Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones.Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población.
9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.

Los conflictos vistos como oportunidades

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia 

Últimamente, he visto varias publicaciones y exposiciones que afirman que, si queremos tener una mente abierta y no ser represivos, debemos celebrar los conflictos mineros y tomarlos como una oportunidad de cambio social positivo. Afirman que, si no aceptamos a los conflictos mineros como algo positivo, somos insensibles ante las brechas sociales, supuestas causas de los conflictos, y estamos faltando el respeto al derecho de las personas a protestar libremente. La realidad es que esta idea, del conflicto como oportunidad para el cambio social, es elitista hacia la población rural y poco realista hacia las consecuencias de los conflictos.

El conflicto es una actividad compleja, difícil, costosa y peligrosa para quien la realiza. Sufren los involucrados y, muchas veces, sufren aún más sus esposas, hijos, y demás familiares. Para quienes capitalizan con los conflictos, obteniendo riqueza, prestigio social, o beneficios políticos, estos son costos colaterales necesarios para su progreso personal o político. Para la mayoría de los involucrados en los conflictos, estos son costos reales que afectan a todos, pero que benefician sólo a unos pocos. No debe sorprendernos que estos últimos justifiquen sus intereses presentando los conflictos como positivos para el bien común.

Los entusiastas de los conflictos podrían argüir que, si los conflictos tienen costos y riesgos, ¿por qué la población se involucra en ellos? En realidad, la población solo se involucra en un conflicto cuando asume que no tienen otra opción, cuando cree que la sociedad no le ofrece ningún otro camino, sea para defender sus condiciones de vida o para obtener un beneficio económico de las empresas mineras o del gobierno.

La habilidad de los promotores de conflictos sociales consiste justamente en convencer a la población local que involucrarse en un conflicto social es la mejor o la única forma de defender su dignidad y sus condiciones de vida, y abrirse una ruta de progreso. Es decir, la habilidad de los promotores de los conflictos está en manipular las creencias de la población, llamado por ellos de imaginario colectivo, inventando o exagerando los riesgos ambientales, como en Tía María y Cajamarca, o promoviendo y legitimando acciones violentas de extracción rentas como en Las Bambas. Lo que se observa en los cientos de conflictos mineros que ocurren en Perú, sean pequeños o grandes, es una combinación de temores ambientales, expectativas de extracción de rentas e intereses políticos como las reales motivaciones, detrás de los discursos cargados de acusaciones y resentimientos.

Quienes promueven o se entusiasman con los conflictos pueden estar ligados a sus beneficios, pero no a sus costos. Los promotores de los conflictos se han vuelto alcaldes, gobernadores y congresistas, o han hecho buenos negocios, y quienes se movilizaron en los conflictos han perdido muchos días de trabajo y han pasado por riesgos y momentos muy difíciles.

Aunque no lo digan en forma explícita, muchos creen que, más allá de sus costos, si la población logra sacar alguna ventaja de las empresas mineras por medio de los conflictos, entonces los conflictos se justifican. La población es pobre, las empresas son ricas, entonces si logran que las empresas les entreguen parte de su riqueza, aunque sea bajo la amenaza de acciones violentas, la sociedad peruana se haría menos desigual. En esa lógica, si con la extorción se logra la redistribución, entonces los conflictos tienen un efecto positivo sobre la desigualdad. Los que piensan así dicen que los conflictos no son negativos sino oportunidades de cambio social positivo (reducción de la desigualdad), y por ello deben ser motivo de celebración. Desde esta visión, los conflictos son una oportunidad y una manera adecuada para avanzar hacia un mayor grado de distribución de rentas y empoderamiento para las comunidades en el entorno de las actividades mineras. Este interés político opaca su visión para entender lo que sucede en la realidad.

Usar los conflictos sociales como oportunidades de transformación social tiene varios problemas:

1-Se basan en la manipulación.  En la mayoría de los casos, para inducir a la población a asumir los costos y riesgos de movilizarse en un conflicto, se requiere asustarla exagerando algún daño real o propagando rumores sobre algún daño catastrófico en sus medios de vida, especialmente respecto el agua, y/o la presentación de alguna reivindicación económica muy significativa (pedir millones al gobierno o a la empresa minera). Las personas, que no son activistas anti-mineros, no interrumpen sus labores diarias para involucrarse en un conflicto si no tienen un motivo dramático. Los promotores de los conflictos, entonces, necesitan construir esa justificación dramática. Para ello, trabajan en forma complementaria con algunas organizaciones anti-mineras que se encargan de elaborar estudios “técnicos” que den apariencia de seriedad y credibilidad a los rumores, y así fortalecen la propagación de los temores. Para reforzar las apariencias, es común que las organizaciones anti-mineras difundan testimonios de algunos individuos “agraviados”, seleccionados, para incrementar el impacto emocional.

2-Se alimentan de la impunidad. Los conflictos mineros, tal como se realizan actualmente, incluyen la violación de derechos ajenos (empresas y otros grupos de la población) y el uso de violencia no armada (bloqueo de pistas, destrucción de maquinaria, incendios, etc.). Para hacerlo, los promotores de los conflictos buscan alejar la presencia de los organismos encargados de defender el Estado de Derecho (policía, fiscalía, jueces, etc.), y crear “zonas liberadas” de la presencia del Estado. Así ellos generan las condiciones para imponer sus propias reglas sociales y para hacer uso de la violencia impunemente. Los pacíficos son más del 95% de los manifestantes, y los violentos no pasan de una pequeña, muy pequeña, minoría. El problema es que esa pequeña minoría puede hacer daños inmensos en poco tiempo y la movilización crea el contexto para la acción de la minoría violenta. En los últimos años, ningún actor que llevó a cabo acciones de violencia en los conflictos sociales fue condenado, alimentando la idea de la impunidad para la violencia.

3-Desperdician el canon. Mientras la población está involucrada en conflictos con las empresas mineras, el canon minero, es decir, el aporte del 15% de las ganancias de las empresas mineras, entregada a las regiones y municipios para su desarrollo, es mal utilizado o literalmente saqueado por autoridades locales, disminuyendo así su efectividad en la creación de las condiciones para que el desarrollo regional sea más inclusivo. Mientras la minería entregaba a Cajamarca S/.4.440 millones para su desarrollo, los recursos eran robados o mal utilizados y la región marchaba hacia el último puesto, en cuanto a tasa de pobreza nacional. ¿Qué han hecho las autoridades Cajamarquinas con el canon? En la práctica, la conflictividad minera ha facilitado la acción de las autoridades corruptas. Distraídos con los conflictos, y en medio de un discurso de polarización social, nadie supervisó el uso de los miles de millones del canon. Para los líderes corruptos de Cajamarca, los conflictos sociales representaron una gran oportunidad de cambio.

4-Alimentan la cultura de la extorsión. En países, como el Perú, en que el Estado tiene serias limitaciones para garantizar el imperio de la ley, la extorsión es un fenómeno común (las ciudades de la costa norte del Perú dan una idea de los niveles a que puede llegar la extorción). La creación de un ambiente de conflictividad en el entorno de la minería favorece que algunos grupos se dediquen a la extorsión, es decir, a la creación de conflictos con el propósito de obligar a las empresas a entregarles beneficios especiales como requisito para seguir operando. ¿Por qué los entusiastas de los conflictos evitan o minimizan hablar de la cultura de la extorsión en la conflictividad minera? Sería bueno contar con un estudio serio sobre qué proporción de los conflictos mineros se deben al temor ambiental y a las iniciativas de extorsión. Los resultados pueden ser sorprendentes. El caso reciente de Las Bambas es MUY evidente, pero los entusiastas de los conflictos evitan tocar el tema. Para los extorsionadores, los conflictos representan su mejor oportunidad.

5-Son barreras al desarrollo regional. Solo los anti-mineros celebran la paralización de los proyectos mineros y el freno al desarrollo regional. Sin embargo, es mucho más amplio el universo de quienes no entienden como la conflictividad frena el desarrollo regional. Expliquemos un poco. La mejor manera para dinamizar el desarrollo regional es la conformación de una alianza estratégica entre las empresas mineras, las autoridades y empresarios locales, los productores rurales y las universidades. Con una alianza así podrían evitar la corrupción y orientar los miles de millones de soles del canon, generado por la minería, para realizar las obras prioritarias para el desarrollo regional. La conflictividad frena o mata la inversión minera, afecta su rol como dinamizador de la economía regional, reduce o anula el canon minero, limita el beneficio social de la minería a sectores minoritarios y bloquea la posibilidad de establecer una alianza estratégica entre los actores que pueden motorizar el desarrollo regional.

6-Distorsionan el debate. El conflicto legitima agravios que están exagerados o que no se encuentran técnicamente sustentados. Amplios segmentos de la población creen que tendrán afectaciones dramáticas como resultado de las actividades mineras, ese temor puede ser reducido con acuerdos entre las empresas, el estado y la población. Un acuerdo beneficioso para los actores involucrados implica que las empresas mineras compensen adecuadamente las afectaciones que pudieran sufrir sectores de la población, y que el Estado opere como monitor y garante. Para ello se requiere que el sistema de monitoreo sea confiable y capaz de hacer una estimación realista de dichas afectaciones. Si se cree que la minería acabará con la agricultura, envenenará el agua, o afectará toda una cuenca, es imposible que el compromiso de las empresas mineras pueda verse como suficiente, y así se destruyen las posibilidades de llegar a acuerdos duraderos entre empresas y comunidades.

7-Generan zonas de radicalización política. Los conflictos generan condiciones ideales para que las corrientes políticas anti-sistema desplieguen su narrativa. Cuando ocurre un conflicto sus promotores y aliados surgen como voceros calificados y logran acceso gratis a los medios de comunicación para así desplegar una campaña en contra de la minería, promover sus ideologías anti-democráticas, obtener reconocimiento personal, y acceder a puestos públicos. Los resultados de las elecciones nacionales muestran que, en aquellas zonas en que ha habido conflictos mineros, los grupos radicales han obtenido alta votación y tienen una influencia mayor que donde no hubo conflictos. No hay dudas de que los conflictos son oportunidades para quienes quieren cambiar el Perú hacia un régimen autoritario.  Pregunto a los entusiastas de los conflictos, ¿es ese el cambio social que ellos tienen en mente cuando dicen que los conflictos son oportunidades?

Esta lista ilustra el tipo de cambio social que los conflictos provocan, y para hacer pensar a quienes, por interés o por ingenuidad, han asumido que los conflictos son oportunidades de cambio social positivo. No hay dudas de que los conflictos generan cambios sociales, pero la experiencia no indica que esos cambios sean positivos.

Hay, además, algunas preguntas de ética social que necesitan respuestas.

• ¿Por qué creen algunos que la población rural debe progresar vía la conflictividad, y que no le corresponde hacerlo en forma pacífica, como sucede con la mayoría de la población urbana? ¿Creen que los ciudadanos rurales son de segunda categoría?
• ¿Es moralmente adecuado poner en juego las limitadas fuentes de desarrollo de la población rural para que un grupo pequeño se beneficie económica o políticamente, con la justificación de empoderar a la minoría interesada en la conflictividad?
• ¿Por qué contribuir al crecimiento de la extracción de rentas vía conflictos, es decir a la ampliación de la cultura de la extorsión, que beneficia solo a grupos minoritarios y perjudica a rodos los demás, en vez de promover un desarrollo regional inclusivo, institucionalmente ordenado y bajo el imperio de la ley?
• ¿Por qué defender la impunidad de quienes cometen actos de violencia, en vez de condenar a la violencia para así separar la paja del trigo y permitir que los ciudadanos pacíficos puedan manifestarse libremente?

Y para que no digan que estamos hablando en abstracto, quisiera que los entusiastas de los conflictos respondan: ¿Cuál región del Perú ha logrado cambios sociales positivos y ha abiertos caminos de desarrollo compartido en base a los conflictos sociales?

Los conflictos sociales son problemas, y sus consecuencias son negativas, especialmente para la población de las regiones mineras. En vez de celebrarlos, como si fueran oportunidades, lo que hay que hacer fortalecer el marco institucional para que las soluciones sean favorables a la sociedad en su conjunto y no solo a los aventureros y a grupos minoritarios de la población local. Es fortaleciendo el marco institucional y canalizando productivamente los recursos creados por la minería que generaremos verdaderas oportunidades para hacer cambios sociales positivos socialmente amplios y durables.