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Acuerdo por el Desarrollo – A propósito del proyecto Tía María

Publicado originalmente en El Comercio

Los abajo firmantes creemos en la posibilidad de una minería que cumpla con estándares globales, proteja el ambiente, dinamice el desarrollo nacional y beneficie a las poblaciones locales.

El gobierno ha aprobado la licencia de construcción de Tía María. La noticia ha sido bien recibida por unos y con preocupación por otros, debido a la ausencia de una institucionalidad que favoreciera acuerdos. En aras a viabilizar un diálogo constructivo, hemos creído necesario pronunciarnos sobre las tareas que los tres grandes actores involucrados en el proyecto deben asumir para evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables.

 1. La empresa:

a. Que asuma el compromiso de cumplir en forma rigurosa las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental, y crear mecanismos de monitoreo participativo que aseguren su cumplimiento estricto.

b. Que se comprometa a impulsar programas de desarrollo de la agricultura, la salud y la educación, y que maximice la contratación de mano de obra local en todo lo que sea viable.

 2. La empresa y el gobierno nacional:

a. Que en forma conjunta se comprometan en crear un Fondo de Desarrollo del Valle de Tambo con un mecanismo de gestión técnicamente competente, para adelantar los beneficios que la minería puede traer para la calidad de vida de la población.

 3. El gobierno:

Que brinde a la población y a las autoridades de la provincia de Islay dos garantías:

a. Que el EIA fue evaluado y es confiable y que, operando dentro sus marcos, el proyecto Tía María no va afectar ni contaminar el agua ni el ambiente del Valle de Tambo.

b. Que va implementar mecanismos de supervisión de las actividades de la empresa para prevenir cualquier incumplimiento y evitar hechos que pudieran perjudicar a la población o al ambiente.

 4. Las autoridades y líderes locales: 

Que, lejos de acoger discursos polarizantes, tomen la minería moderna como una oportunidad de desarrollo y se enfoquen en dos objetivos:

a. Construir las capacidades necesarias para aplicar bien los recursos generados por la minería (canon, regalías, etc.) para que se transformen en obras y servicios para su población.

b. Vigilar al gobierno y Southern Perú para que cumplan los compromisos asumidos, especialmente respecto al cuidado del agua, el ambiente y la ejecución de los proyectos de desarrollo.

Si la empresa, el gobierno nacional y las autoridades y líderes locales asumen esos compromisos en forma pública y explícita, el diálogo servirá́ para que las tensiones se disipen, abriendo una nueva fase de desarrollo para la provincia de Islay, Arequipa y el Perú.

Los abajo firmantes estaremos atentos al avance de las partes en el cumplimiento de estas obligaciones.

¿Tía María va o no va?

Este artículo fue publicado originalmente en Lampadia.

Escrito por Sebastiao Mendonca, del Centro Wiñaq

Los beneficios económicos y sociales del proyecto minero Tía María son indiscutibles. El proyecto de Southern Peru, tiene un horizonte de 20 años, con los actuales yacimientos. Se estima que va generar más de 4,000 empleos (directos e indirectos) por los 20 años, otros 3,000 empleos directos más durante la construcción, va entregar un total de 5.5 mil millones de soles en canon y regalías, 100 millones de soles en canon anual solo para la provincia de Islay (con poco más de 50 mil habitantes), 215 millones de soles anuales de impuesto a la renta para el Estado peruano, además de la dinamización y modernización de la economía de la provincia, del valle de Tambo y del entorno de Mollendo. Y como todo proyecto minero moderno, su EIA ya tiene previsto el control ambiental para no afectar el valle cercano del Río Tambo y la recuperación del área perturbada una vez culminada la actividad minera, minimizando así su impacto ambiental en la zona desértica donde operaría. Este proyecto puede ser el inicio de una serie de inversiones adicionales que el Grupo México (Socios controladores de Southern Peru) tiene planificada llevar a cabo en Perú, totalizando cerca de 8.0 mil millones de dólares.

Además, la puesta en marcha de Tía María puede significar una señal positiva para toda una cartera de ampliaciones y de nuevos proyectos mineros por un total de 59 mil millones de dólares, que están esperando que el actual gobierno sea capaz de garantizar el estado de derecho en todo el país para poner en marcha sus inversiones, dinamizando así la economía nacional. No hay que olvidar que cerca de 17% de esta cartera de proyectos se encuentra paralizada a causa de conflictos sociales.

A pesar de esos grandes beneficios, el riesgo de bloqueo del proyecto es alto, y de acá a pocos meses podemos estar asistiendo un nuevo fracaso de los gobiernos peruanos para posibilitar el aprovechamiento del extraordinario potencial mineral, especialmente metálico, del Perú. Este artículo explica brevemente los riesgos y posibilidades de desenlace del tercer intento de implementación del proyecto, actualmente en curso (2011, 2015 y 2019), y qué hacer para evitarlos. Estas notas se basan en un análisis del proceso estratégico detrás del conflicto de Tía María escrito por Camilo Ferreira y Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, y que se encuentra actualmente en prensa.[i]

Los conflictos mineros son fenómenos complejos, de larga duración, con múltiples factores causales y una diversidad de actores involucrados. ¿Cómo analizar entonces la situación y perspectivas de Tía María? El enfoque utilizado por el Centro Wiñaq se basa en la teoría de juegos y combina tres perspectivas.

• La primera se refiere a las estrategias de los movimientos sociales para derrotar poderes establecidos, desarrollado por Gene Sharp, del Albert Einstein Institute.[ii]
• La segunda es una generalización del marco analítico de Paul Davis, de Rand Corporation, para analizar los factores que determinan el soporte público a los movimientos políticos:[iii]
• La tercera perspectiva se basa en los estudios de Scartascini et al. (2008) del Banco Interamericano sobre cómo las instituciones políticas realmente funcionan en los trópicos.[iv]

Estudiando los colapsos de proyectos mineros en Perú y en varios otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, etc., hemos encontrado que la viabilidad de los proyectos mineros depende de cuatro pilares de soporte y que, si cualquiera de esos pilares colapsa, el proyecto se vuelve inviable, aún que los demás estén sólidos (las cadenas se rompen por el eslabón más débil).

El Poder Ejecutivo y el Proyecto Tía María

La postura favorable o desfavorable de los pilares de soporte hacia un proyecto minero depende de los sistemas de incentivos que ellos enfrentan, es decir, si les conviene o no les conviene apoyar la puesta en marcha de dicho proyecto.

En el caso de Tía María, la postura del poder ejecutivo es la variable crítica para el futuro del proyecto, pues no se observa situación con alguna posibilidad relevante que pudiera inducir al congreso, al poder judicial o a la empresa a afectar la viabilidad del proyecto. Si el Poder Ejecutivo es el pilar clave, se hace importante entonces identificar qué factores pueden incidir sobre el sistema de incentivos del actual gobierno peruano. Es decir, ¿qué condiciones o sucesos pueden influenciar las preferencias del gobierno en relación a Tía María?

Los 14 meses de este gobierno indican que no tiene una ideología hostil a la minería (post-extractivismo, pos-modernismo, neo-marxismo, etc.), pero también indican que sus intereses son exclusivamente políticos y ha dado señales que no está dispuesto a ponerlos en riesgo por un proyecto minero, por más importante que dicho proyecto pueda ser para el desarrollo económico del país.

Un gobierno así quisiera cosechar los frutos políticos y económicos de un nuevo proyecto minero, pero tiene un umbral muy bajo para los riesgos que está dispuesto a correr para ejecutarlo. Conviene tener en mente que este gobierno no tiene el soporte de un partido político, no tiene respaldo parlamentario y el apoyo de los medios varía mucho según el tipo de conflicto que enfrenta. Es decir, este es un gobierno cuyos intereses políticos dependen críticamente de su popularidad y de la amplitud de su coalición, y que está enfrentando dificultades para que éstas no se reduzcan. Un gobierno así tiene poca profundidad estratégica para enfrentar los conflictos sociales y políticos que pueden surgir durante la implementación del proyecto.

La empresa ha hecho gran parte de lo que le correspondía hacer para revertir los factores locales que determinaron los colapsos anteriores. Ha llevado a cabo todo un programa de educación de la población, visitando casa por casa y disipando los temores ambientales que los grupos hostiles habían diseminado en la población. Los resultados de su labor han sido positivos: la opinión pública de la provincia de Islay está mayoritariamente favorable al proyecto (59%, según Vox Populi). Ello es importante porque la población en el entorno al proyecto tiene un rol crítico en su viabilidad. No hay proyecto minero viable sin apoyo de la población del entorno.

Sin embargo, la opinión de la población del entorno no es suficiente para garantizar su implementación y una encuesta reciente de Idessia indica que, en la provincia de Arequipa, fuera del ámbito del proyecto, el 62% de la población está mayoritariamente en contra.[v] Además, el Comité de Regantes del Valle de Tambo, la principal organización de los agricultores, se mantiene en contra del proyecto y los grupos hostiles a la minería están activos y buscan la radicalización de la población.[vi]

La fuente principal de los riesgos para el proyecto proviene de los factores políticos: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía y Deán Valdivia se han pronunciado en contra del proyecto. Además, los congresistas de izquierda están activamente oponiéndose al proyecto y para muchos periodistas y los medios de comunicación ellos son voces calificadas para explicar los conflictos. Ello significa que, en los próximos meses, los opositores a Tía María van contar con plataformas mediáticas gratis para atacar al proyecto y van poder hacer campañas contra el proyecto y a favor de la conflictividad.

La experiencia anterior de Tía María indica que, cuando los conflictos de desarrollan, la situación de la opinión pública tiende a deteriorarse.En 2015, al inicio del segundo conflicto, la opinión pública a nivel nacional (Según GFK) era 55% a favor de la ejecución del proyecto.[vii]Pero, cuando el conflicto avanzó, la opinión pública nacional se inclinó mayoritariamente en contra de la implementación inmediata del proyecto: 45% prefería una suspensión definitiva y 23% opinaba por la cancelación definitiva, totalizando un 68% en contra del proyecto.[viii] En la situación actual los márgenes son más angostos que en el 2015.

También hay que considerar los costos políticos que el conflicto puede tener para el gobierno. En el 2015, antes de la escalada del conflicto la popularidad de Humala era de 24% y su desaprobación era de 72%, al final, su popularidad había caído a 16% (una queda de 8%) y su desaprobación había aumentado de 77% (una subida de 5%). Ello significa que, cuando hay un conflicto minero, la popularidad de los presidentes tiende a caer. Para un gobierno que prioriza su popularidad, esa tendencia es preocupante.

¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Tía María?

Quienes deseen que Tía María se implemente (Southern, SNMPE, CONFIEP, periodistas, políticos y analistas) deben tener claro que lo que tienen por delante es un conflicto político, que el desenlace va depender de las decisiones del poder ejecutivo, y que esas decisiones van a depender a su vez del sistema de incentivos que el ejecutivo enfrente. En otras palabras: ¿Con cual desenlace el gobierno gana o pierde más? ¿Es con la implementación del proyecto o es con su abandono? La principal forma de incidir sobre la viabilidad de Tía María hoy es afectando el sistema de incentivos que enfrenta el gobierno.

Esa batalla tiene que darse a nivel nacional, regional y local, con voceros serios y creíbles con una narrativa adaptada a los diversos segmentos de la población. Dicha narrativa a Tía María debe basarse en el actual sistema de creencias de la población, evitando las explicaciones que sobrevaloran los elementos técnicos o que subvaloren la inteligencia de la gente, respondiendo a sus intuiciones y temores. No hay que olvidar que Lima es la caja de resonancia del país y que lo que se difunde en Lima llega a todas las regiones y se vuelve un instrumento para las luchas locales.

El apoyo social a Tía María va depender de que el gobierno, de que la empresa y de que las instituciones del sector logren responder bien a algunas preguntas que la población tiene en su cabeza:

• ¿Es Southern una empresa confiable? ¿por qué puedo confiar en Southern?
• ¿En qué ha cambiado Southern para que sea confiable? Si la empresa antes no era confiable, ¿qué señales indican que ahora ella es distinta?
• ¿El proyecto actual representa o no un riesgo real para la agricultura del valle de Tambo? ¿cómo puedo saber que el agua y el aire del valle no van ser afectados por la actividad minera cercana?
• Si Tía María no es una amenaza, ¿por qué entonces la población y las autoridades locales se oponen al proyecto? Si la gente se moviliza debe tener una razón para hacerlo, ¿cuál es la verdadera razón de las movilizaciones?
• ¿Cómo tiene el gobierno previsto garantizar la protección ambiental del valle de Tambo? ¿Qué mecanismos confiables ofrece el gobierno para proteger el ambiente del valle?
• Si Southern no cumpliera sus promesas y comenzara a contaminar, ¿tiene el gobierno la voluntad política y la capacidad institucional para obligarle a hacer lo correcto? ¿Cómo el gobierno garantiza que la empresa no le va manipular en caso de contaminación?
• ¿Qué razones tengo para confiar en las promesas de este gobierno? Si el gobierno va ser el garante de la población, ¿Qué señales muestran que el garante es confiable?

En la medida en que la población encuentre respuestas claras y convincentes a esas preguntas, sus preocupaciones se reducirán y los grupos hostiles a la minería perderán influencia. Por ello, la batalla de fondo no puede reducirse a elementos transaccionales (obras, proyectos de desarrollo, donaciones, etc.). Tiene que apuntar a ganar la confianza, pues el grado de confianza de la población local, regional y nacional será la principal carta para definir si Tía María va o no va. 

¿Tía María va?

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia

Escrito por Camilo Ferreira

Tía María es un proyecto minero cuprífero de Southern Peru que se encuentra en la provincia de Islay en Arequipa y que implica una inversión de 1,400 millones de dólares.  El proyecto ha enfrentado una resistencia social y política que lo ha llevado a su paralización. Recientemente se han dado declaraciones sobre el proyecto por parte de diversos actores, entre ellos Roque Benavides, presidente de la Confiep, Yamila Osorio, gobernadora de la Región Arequipa y del presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha.

La empresa ha manifestado que se han dado avances en respecto a la llamada licencia social, y que se encuentran a la espera de los permisos que deben emitir las autoridades correspondientes. Por otro lado, los actores sociales hostiles a la minería han reafirmado su oposición al proyecto y su voluntad de realizar movilizaciones en contra del mismo. Y la gobernadora de Arequipa, continua sin entender el impacto positivo que puede aportar el proyecto a la región que conduce. Esto abre la posibilidad de que se reactive la resistencia a Tía María.

Entendiendo que para impulsar el proyecto, se deben superar las causas que provocaron el conflicto y su paralización, es indispensable desarrollar y fortalecer ciertas condiciones que eviten la continuación del anterior conflicto. Veamos un conjunto de condiciones que sería conveniente se dieran para darle viabilidad social y política al importante proyecto Tía María.

Para enfatizar su importancia, queremos presentarlas, más que como deseos, como realizaciones. Veamos:

• Establecimiento de la ley en la zona: El gobierno central ha identificado a los potenciales actores violentistas en el área del eventual conflicto y tiene la capacidad y los medios para tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar el imperio de la ley y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado está en la capacidad de sancionar a quienes participen y planifiquen actos violentos.

• Voceros favorables relevantes en medios: La tradicional capacidad de los antimineros para aprovechar el espacio mediático y reducir el apoyo nacional al proyecto, ha sido neutralizada. Los sectores favorables a la minería tienen voceros competentes y con llegada mediática y son capaces de defender a Tía María frente a la opinión pública. Esto se da a nivel provincial, regional y nacional.
• Generación de contenidos para información: Se han generado los contenidos y eventos necesarios para que cuando se dé el conflicto, la prensa disponga de una explicación alternativa a aquella propalada por los antimineros. Conscientes de que los ataques de los antimineros son preparados con anticipación, las fuerzas pro minería se han adelantado y han construido una narrativa positiva sustentada en la realidad local. Finalmente, las fuerzas pro minería generan estudios, documentales, cursos y seminarios que les permiten simultáneamente, desarrollar y validar una narrativa efectiva que les consolida como voceros calificados frente a líderes de opinión, la prensa y el público en general.
• Control de la malversación de fondos públicos: El gobierno central está en condiciones de impedir la canalización de fondos públicos hacia el activismo antiminero. Ya no ocurre que algunos alcaldes canalicen fondos públicos en apoyo logístico de las movilizaciones, dándole salarios públicos a activistas a tiempo completo o sosteniendo financieramente el aparato de propaganda antiminera local. El alcalde del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, elegido por el movimiento antiminero Tierra y Libertad, no tiene como financiar los conflictos.
• Control del entorno político hostil: Los antimineros no controlan componentes críticos de la institucionalidad rural local tal como lo son las Juntas de Usuarios. Estas instituciones ya no pueden brindar legitimidad a los dirigentes antimineros ni facilitar que tomen represalias contra quienes se les opongan (cortes de agua, violencia física, amenazas, etc.).
• Cambios y Evaluación de la opinión pública local: Se ha dado un cambio significativo en la opinión de la población local con respecto a los siguientes aspectos críticos: Temores respecto a los efectos del proyecto sobre la agricultura y la salud de la población, percepción del trato respetuoso por parte de la Empresa hacia la población local, y la credibilidad de Southern en cuanto al cumplimiento de sus compromisos.  Estos cambios han sido evaluados mediante encuestas y focus group.
• Expreso apoyo político: Existe una relevante coalición social local y regional de actores  dispuestos a pronunciarse ante las eventuales agresiones de las fuerzas anti minería y a realizar acciones destinadas a incrementar la legitimidad social del proyecto.
• Condiciones locales:Se tienen mecanismos de monitoreo detallado y periódico de las condiciones sociales en las áreas involucradas en el conflicto. Las fuerzas pro minería  disponen de un mapa de actores locales, y conocen el sistema de creencias locales, condiciones de seguridad, el accionar de los antimineros y las posturas de stakeholders críticos.

No basta la expresión de buena voluntad de la Empresa y/o la expresión de apoyo del Gobierno Central. La viabilidad de un proyecto minero es un fenómeno de enorme complejidad y va  incluso más allá del cumplimiento de las condiciones descritas. De no cumplirse ese conjunto de condiciones, el proyecto de Tía María sería muy vulnerable, y se correría  el riesgo de que el desarrollo del país, y la minería en particular, uno de sus motores de crecimiento más importantes,  vuelva sufrir otro importante revés.