Prédica de antimineros en CIDH (Buenos Aires)

Este artículo fue originalmente publicado en Lampadia 

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El 25 de Mayo en Buenos Aires se dio la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema tratado fue “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en el Perú”.  En él se presentaron exposiciones de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH), Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) e Instituto de Defensa Legal.

Exposiciones de las ONG’s

1. Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Para ella el Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Entre los hechos denunciados se encuentran la aludida  existencia de Estados de Emergencia preventivos, el decreto 1095 que facilita el despliegue de Fuerzas Armadas fuera del Estado de Emergencia e impunidad de las fuerzas del orden frente a potenciales violaciones de derechos humanos (habiéndose dado tan solo una sentencia |por excesos policiales en conflictos sociales).

2. Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal.

Para ella, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras. Afirmó que en dichos convenios se establece la forma de proceder frente a los conflictos sociales. En estos convenios se establecen pagos a los policías y la misma institución. Se proclamó la existencia de 112 convenios entre empresas mineras y la PNP. Para Quispe estos acuerdos fomentan un accionar violador de los derechos humanos por parte de la policía en el contexto de los conflictos ligados al sector extractivo.

3. Milton Sánchez de la PIC

El último en declarar por parte de las ONGs fue Milton Sánchez que representa a una organización protagónica de las movilizaciones contra el proyecto de Conga. Sánchez afirmo:

“Ellos plantean construir reservorios como alternativa, pero esta tecnología no ha funcionado. Hemos recibido a cambio difamación en los medios de comunicación como Perú21. Han planteado construir centrales hidroeléctricas por la energía. Nosotros estamos en una situación muy vulnerable y hemos sido víctimas de la entrada del ejército y la policía. Los casos han sido archivados, pero a nosotros los procesos judiciales avanzan. Tenemos 23 años de extracción minera, y no hay desarrollo. Después de 23 años seguimos siendo el departamento más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia.”

En síntesis, la CIDH recibió por parte de los expositores peruanos elementos de la narrativa antiminera plenamente identificables, muchos de ellos con poca conexión con la realidad. Las afirmaciones de Milton Sánchez han sido bastante llamativas al respecto. ¿En base a qué pruebas Milton Sánchez afirma que lo reservorios son una tecnología que no ha funcionado? En Cajamarca, los reservorios Chailhuagón y San José son claras muestras de como la minería tiene el potencial de incrementar la disponibilidad de agua para la población. Por otro lado los efectos reductores de la pobreza de la minería han sido identificados en múltiples estudios estadísticos.[1]

Sánchez invisibiliza los temas de corrupción como obstáculo al desarrollo y asigna la responsabilidad exclusivamente al sector extractivo. Los gobiernos locales y regionales perciben un canon minero como parte de las rentas e ingresos para el Estado. Según CPI (2017) la población asigna a los Gobiernos Regionales un 7.4 entre 10 en temas de corrupción, siendo 10 lo más corrupto. Cabe resaltar que la corrupción implica un serio obstáculo para el desarrollo (en ámbito económico y social) y que no solo compete de las “actividades extractivas”. Además, debilita estructuras institucionales (incluyendo la policía), la gobernanza y los Derechos Humanos que a su vez debilitan las instituciones públicas. No se trata entonces de desligar responsabilidades en temas de corrupción, sino ver lo que realmente está fallando.

Se ha retratado al sector extractivo como propiciador de la violación de derechos humanos de la población local y degradadora del medio ambiente. Según estas versiones, se coopta a los organismos de seguridad del Estado mediante los Convenios de Cooperación poniendo a la policía a las órdenes de las mineras y dirigiéndolas hacia la represión violenta de la población.

Esta narrativa de la “Policía Mercenaria al Servicio de la Empresas Mineras”[2] tiene un conjunto de condiciones de las que depende su veracidad. Se asume que, al brindar las mineras soporte logístico y económico a la policía que protege sus instalaciones, los efectivos policiales se supeditarán a las órdenes de la Empresa. Parece obvio asumir que quien paga a alguien lo controla. Sin embargo lo que genera el control no es pagarle a alguien, es la capacidad de disponer del pago a libre voluntad. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y actúa en el marco de la ley. Empresa minera no puede amenazar a la policía con no renovar el contrato si no obedece sus órdenes puesto que no estaría dispuesta a amenazar sus propias condiciones de seguridad; ni puede decidir quién será el beneficiario de los pagos.

Se asume que este “control” de la policía por parte de la Empresa propiciaría la realización de abusos de derechos humanos. Según IDL, CNDH y la PIC las Empresas mineras usarían este control para fomentar que conductas abusivas hacia la población por parte de la población. Para que esta versión fuera cierta, las empresas mineras deberían considerar que la represión violenta de los manifestantes les es beneficiosa. La verdad es que si algo preocupa a las grandes trasnacionales mineras es verse involucradas en conflictos mineros con violaciones de derechos humanos y fatalidades. Las fatalidades en muchos casos anteceden a la paralización de proyectos, escalan los conflictos a mayores niveles de movilización, producen demandas judiciales o a la emisión de regulaciones más estrictas.  Es decir según los antimineros las empresas extractivas ejercerían el control -que no tienen- sobre la policía hacia un mayor abuso de la población –que les perjudica financieramente. Esta acusación tiene poco fundamento, pero forma parte del credo de gran parte de los antimineros y de múltiples líderes de opinión.

Exposición del Estado Peruano

El primero en exponer por el Estado Peruano fue Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Él se dedicó a describir la institucionalidad ligada al mantenimiento del orden público y al cumplimiento formal de un conjunto de procedimientos legales. Afirmó que al Estado le preocupa la conflictividad social, que mantiene espacios de diálogo, y que toma medidas –que no fueron descritas–  para prevenir los abusos de derechos humanos. Afirmó que no existen 112 sino 10 convenios vigentes entre la policía y las empresas mineras.

También expuso la Fiscal Superior Luz del Carmen Ibáñez ella describió el Estado actual de varios de los casos judicializados que fueron mencionados en las exposiciones de las ONGs y afirmó que el Estado persigue los ilícitos vengan de donde vengan.

Las intervenciones del Estado Peruano tuvieron como componente principal el negar las acusaciones realizadas por las ONGs con baja solidez argumentativa, en ningún momento se denunció que la seguridad brindada a las empresas mineras obedece a los reiterados saqueos y acciones vandálicas que han sufrido las operaciones mineras, afectando gravemente la producción nacional. Los casos de Tambo Grande, Hudbay y Conga nos muestran claramente que gran parte de las manifestaciones antimineras distan de ser manifestaciones pacíficas por lo que cierto grado de control policiaco es necesaria para evitar que la violencia se desborde.

Implicancias

¿Cuál es el interés de las ONG´s frente a la Comisión? En primer lugar la participación de estas organizaciones en estas audiencias deviene en un “entregable” frente a sus donantes, estas presentaciones facilitan la obtención de fondos por parte de estas organizaciones, fondos que en parte serán dedicados a debilitar la legitimidad del sector extractivo.

Por otro lado las declaraciones, medidas cautelares, peticiones y fallos de la CIDH terminan ejerciendo presión sobre el Estado, por un lado golpeando su reputación y en el caso más extremo mediante litigios estratégicos. Recordemos que la visita la ministra Marisol Pérez Tello a Máxima Acuña se justificó en medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Las acciones de la CIDH terminan sirviendo de recurso discursivo a los antimineros, para darle mayor credibilidad a sus argumentos.  Luego pueden argüir que las acciones de las Empresas y del Estado Peruano están desafiando la institucionalidad internacional de derechos humanos.

Las acciones de incidencia de antimineros e indigenistas radicales frente a la CIDH no son gestos vacios, sirven para ir construyendo activos estratégicos de largo plazo en la disputa por la legitimidad del sector extractivo en el Perú.